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El agua pública, los colegios, los hospitales y centros de salud, el alumbrado de las calles, las sedes judiciales… Hubo un tiempo en la Comunidad de Madrid en que casi todo era susceptible de convertirse en negocio, un modelo de gestión orientado a enriquecer al partido al que los ciudadanos habían concedido un poder casi absoluto. Es la historia de una generación de políticos abrasados por la corrupción, pero también la de unas siglas, las del PP, que han sobrevivido a esos desmanes aunque su liderazgo sea ahora el más frágil de los últimos 25 años.
Distintos tribunales llevan más de una década desentrañando las tramas cruzadas de corrupción que emergieron durante las mayorías absolutísimas del PP regional. Todos los presidentes que tuvo la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2018 —Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes— están siendo investigados. Los tres comparten imputación en el llamado caso Púnica con Francisco Granados, el otro gran colaborador de Aguirre, que fue consejero de Presidencia y secretario general del PP de Madrid.
Ese sumario, cuya instrucción finaliza el próximo 27 de agosto, indaga precisamente en las maniobras para financiar de manera irregular campañas electorales del partido. Las decenas de tomos que lo componen ofrecen numerosos indicios de que la imponente maquinaria electoral de Aguirre se nutrió malversando ayudas públicas y con dinero de adjudicaciones amañadas.
Una de las principales vías de investigación es la cláusula del 1% para publicidad que los gobiernos de Aguirre incluyeron en los contratos de construcción de 46 hospitales y centros de salud y que hizo un roto a las arcas públicas de 3,07 millones de euros. La sospecha de los investigadores es que esas campañas se realizaban por un coste mucho menor o ni se llegaban a hacer y el dinero acababa total o parcialmente desviado a la caja PP madrileño y al bolsillo de sus dirigentes. Además, los trabajos se encargaron en todos los casos a empresas de Daniel Horacio Mercado, que supuestamente devolvía el favor inyectando importantes sumas de dinero para las campañas del PP.
Ese sumario también da pistas de cómo la corrupción se inmiscuyó en las empresas y organismos públicos gracias a sus controles más laxos a pesar de los presupuestos millonarios. La investigación arroja indicios de desvío de fondos para “gastos particulares del PP” en la empresa pública de aguas (Canal de Isabel II), la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), la empresa pública Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente (Gedesma) o la también 100% pública Arpegio, que está en el epicentro del caso desde su inicio en 2014.
El negocio del agua
Precisamente por un reparto de mordidas de 5,4 millones de dólares (aproximadamente cuatro millones de euros) en el Canal de Isabel II será juzgado próximamente Ignacio González. Considerado delfín de Esperanza Aguirre, de la que fue 'número dos' en la Comunidad de Madrid y a la que sucedió en el cargo en 2012, será el primer presidente madrileño en sentarse en el banquillo por un caso de corrupción.
La Fiscalía solicita para él una condena de ocho años de cárcel y 19 de inhabilitación por inflar el precio de la compra de una sociedad brasileña con el dinero público del Canal de Isabel II y quedarse con 1,8 millones de euros. El perjuicio económico al Canal de esa operación podría haber alcanzado los 9,7 millones de euros, según los investigadores.
Fue este caso el que le hizo dormir durante casi siete meses de 2017, entre abril y noviembre, en una celda de la prisión de Soto del Real. De González ha trascendido su gusto por los coches caros o las subastas de artículos de lujo como relojes Rolex y Breitling.
Conversaciones interceptadas en el sumario de Lezo recogen esos alardes incluso a partir de 2015, cuando ya estaba fuera de la política y mantenía un alto nivel de vida a pesar de que sus únicos ingresos oficiales eran los 4.500 euros que le pagaba el diario La Razón por sus colaboraciones. En 2018, un año después de su salida de la cárcel, pidió reincorporarse a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.
Antes que Púnica y Lezo, el caso que proyectó la sombra de la corrupción sobre el PP regional fue Gürtel, la trama que se extendió por la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2005. La sentencia de la llamada primera época, la única juzgada, acredita que los gobiernos de Aguirre y las empresas del cabecilla Francisco Correa forjaron una una lucrativa alianza que reportó beneficios en ambas direcciones. La expresidenta promocionó su imagen con una agenda rebosante de actos cuya organización asumieron las sociedades de Correa. Por su parte, el empresario se lucró con las adjudicaciones amañadas de esos actos, con las que ganó más de 2,6 millones de euros.
En el centro de esa asociación de intereses se situó Alberto López Viejo, el primero de los cargos de confianza de Aguirre que le salió “rana”. La sentencia considera acreditado que el que fuera consejero de Presidencia tenía un control total sobre la logística de los actos institucionales de la expresidenta, que usó para lucrarse personalmente con las comisiones que le pagaban las empresas de la trama. Solo con lo que sacaba de esos actos se llevó a sus cuentas en Suiza casi 300.000 euros de dinero opaco. Fue condenado a 31 años y nueve meses de cárcel.
Una obra faraónica
Tampoco se libra de la sospecha de la corrupción otro de los grandes proyectos de la época de Aguirre: el Campus de la Justicia que nunca llegó a ponerse en marcha y que el actual Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere recuperar para instalar la sede del Instituto de Medicina Legal. De este faraónico proyecto es símbolo del despilfarro hasta el acto de colocación de la primera piedra, en 2007: costó 1,4 millones de euros. De parte de la organización se encargó la empresa de José Luis Ulibarri, un constructor implicado en el caso Gürtel que luego fue adjudicatario de contratos que no llegaron a cerrarse.
Más de una década después de que se colocase esa primera piedra el legado es un único edifico sin uso y un agujero de 100 millones de euros, según el informe redactado por la oposición en la Asamblea de Madrid que llegó, primero a la Fiscalía de Madrid, y después a Anticorrupción. Ese informe es previo a otro de la Cámara de Cuentas regional que dio lugar a la investigación que sigue desde el verano de 2018 el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.
Ese sumario se centra en la actuación de la Consejería de Justicia en la época de Alfredo Prada, que ocupó entre 2005 y 2008 el cargo de presidente y consejero delegado de la empresa creada para desarrollar el proyecto. Prada, a quien Pablo Casado integró en su equipo cuando se puso al frente de la dirección del PP, se ha basado en un informe provisional en el que el Tribunal de Cuentas niega la existencia de “daño a los caudales públicos” en ese proyecto para pedir el archivo de la causa abierta contra él. El documento afirma que “con carácter general” los pagos efectuados corresponden a prestaciones contratadas que sí se ejecutaron a pesar del “defectuoso” registro documental y contable.
Prada anunció en abril que sopesaba denunciar a la expresidenta Cristina Cifuentes, que fue quien ordenó dar trasladado a la Fiscalía del citado informe de la Cámara de Cuentas que propició después la apertura de la causa en la Audiencia Nacional. Durante los casi tres años que estuvo al frente del Ejecutivo regional, Cifuentes intentó labrarse una imagen de “tolerancia cero” contra la corrupción a pesar de que ella misma se vio forzada a dimitir por otro caso, en esta ocasión de corrupción universitaria: el escándalo de los máster que la Universidad Rey Juan Carlos regalaba a alumnos VIP sin hacer nada o casi nada.
Este sistema de regalo de títulos, revelado por eldiario.es, quedó impune por la decisión de la jueza Carmen Rodríguez-Medel de archivarlo tras la negativa del Tribunal Supremo a investigar al líder del PP, Pablo Casado, que obtuvo un título en esa universidad sin conocer a sus profesores, sin ir a clase en un posgrado presencial y sin hacer exámenes. La expresidenta sí será juzgada por falsedad documental por las maniobras con las que intentó tapar el escándalo. Al final, lo que expone a Cifuentes a una condena de tres años y tres meses de cárcel es la reacción a una trampa, no el fraude del máster en sí.
Pero este no es el único frente judicial que tiene abierto. En el caso Púnica está imputada por una adjudicación irregular a Arturo Fernández, entonces líder de la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM). La sospecha es que el empresario se hizo con el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid como contrapartida a sus aportaciones al partido a través de Fundescam, la fundación que el PP utilizó como “instrumento de desvío de fondos públicos”, según el sumario de esta causa. Fernández realizó en 2007 donaciones de 160.000 euros bajo cuerda al partido a través de Fundescam.
En sus declaraciones en la Audiencia Nacional, los tres expresidentes negaron cualquier vinculación con la caja B del partido a pesar de que todos ostentaron altas responsabilidades en una formación que no logra sacudirse las sospechas de corrupción a pesar de intentarlo tras cada renovación. Serán los tribunales los encargados de convertir o no en verdad judicial todas las sospechas que rodean a una época marcada por los escándalos y el saqueo de lo público.