El Defensor del Pueblo ve “aporofobia” en las declaraciones del Gobierno de Ayuso sobre el apagón en la Cañada Real

El Defensor del Pueblo envió el pasado viernes sendas cartas a la Comunidad de Madrid y a la Delegación del Gobierno para exigir que se tomen soluciones “urgentes” que devuelvan la luz a la Cañada Real. En las misivas, enviadas tras visitar el asentamiento, la institución dirigida por Francisco Marugán condena la “ligereza y la falta de mesura” con la que “se ha abordado” el problema “en comparecencias de responsables públicos” del Gobierno regional dirigido por Isabel Díaz Ayuso, según ha informado en un comunicado.

Considera el Defensor que la Comunidad de Madrid ha empleado “argumentos falaces, peligrosos, que victimizan a la mayoría de las personas afectadas e incurren en aporofobia”. “Se ha pretendido hacer pasar el problema exclusivamente como el resultado de un fenómeno generalizado de producción masiva de marihuana, actividad ilegal cuya responsabilidad se ha extendido de manera acrítica al conjunto de las personas que habitan en estos enclaves”, sostiene la institución, que llama a la “responsabilidad institucional para tratar este asunto con un enfoque más veraz y respetuoso con la dignidad de todos”.

“Para tener los Porsches ahí aparcados, bien; para pagar las facturas que es lo que está provocando esos cortes, no”, dijo la presidenta regional en la Asamblea de Madrid hace dos semanas tras vincular los cortes con la sobrecarga por el cultivo de marihuana que llevan a cabo las mafias. “Si para ustedes Otegi es un hombre de paz, estos delincuentes serán ingenieros agrónomos que estarán haciendo algún tipo de estudio ahí en la Cañada Real”, ironizó Ayuso dirigiéndose a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra.

El Gobierno regional -y también el Ayuntamiento de Madrid- ha apuntado a las plantaciones ilegales como causa de los cortes de luz por la sobrecarga de la red. Para la institución, sin embargo, no son “consistentes, a la luz de la visita realizada, las explicaciones que ha dado la Comunidad de Madrid para justificar la falta de suministro en el sector 5”. El Defensor del Pueblo también anota que el Gobierno de Ayuso “no ha aclarado qué razones impiden o dificultan que los afectados puedan suscribir contratos de suministro eléctrico”.

Entre las propuestas elevadas a las administraciones está la instalación de electrógenos para el abastecimiento a la población. La institución también recomienda que se diseñe una estrategia conjunta para poder regularizar el suministro eléctrico en estos sectores y “garantizar el derecho” a un acceso a este bien de forma legal “en tanto estas personas permanezcan en sus hogares”, en respuesta al escrito remitido por las ONG que trabajan en Cañada Real que alertaba de que la situación estaba vulnerando derechos fundamentales, especialmente de los 1.800 niños que viven en los sectores 5 y 6.

“Un problema de carácter humanitario”

“Es necesario realizar un diagnóstico común de los problemas que impiden que el suministro eléctrico se preste de forma normalizada en esta zona y un plan operativo de actuación coordinado para asegurar la accesibilidad del suministro eléctrico en la zona”, ha planteado. Estas medidas están contempladas en el Pacto Regional de la Cañada Real firmado en 2017 por la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno y tres ayuntamientos (Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada) pero no se han aplicado.

El pasado 4 de diciembre el Defensor del Pueblo se trasladó a los sectores 5 y 6 para comprobar los efectos de estos cortes de luz y comprobó, entre otras cuestiones, que las personas con enfermedades pulmonares crónicas habían empeorado, así como las electrodependientes o mayores. También ha puesto el foco en los 1.800 menores que residen en esta barriada chabolista, lo que “amplifica la gravedad de este problema de carácter humanitario”. “Hay menores en edad escolar que están viendo vulnerado su derecho fundamental a la educación, al no disponer de electricidad para realizar sus tareas tras la puesta del sol y no poder asearse convenientemente”, ha añadido el Defensor, quien ha citado también los ingresos hospitalarios de un recién nacido con hipotermia y de una menor intoxicada con monóxido de carbono.