La Delegación del Gobierno de Madrid impondrá una sanción administrativa de 600 euros, lo máximo que permite la ley, a cada uno de los dos organizadores de la marcha del sábado en Chueca, donde se gritaron consignas homófobas como “fuera sidosos de Madrid” o “fuera maricas de nuestros barrios”.
Así lo ha asegurado este martes en una rueda de prensa la delegada del Gobierno, Mercedes González, quien ha detallado el informe realizado por la Policía Nacional, que ya ha remitido a la Fiscalía Provincial de Madrid, que decidirá si se produjo un delito de odio.
La Delegación inició ayer el expediente de infracción administrativa a esas dos personas por incumplimiento de la LO 9/1983, del 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y LO 4/2015, del 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, al no ajustarse el objeto de la manifestación al escrito de comunicación, ya que a pesar del lema 'Di no a las Agendas 2030-2050', se encontraron, justifican, con una manifestación de carácter homófobo.
La Delegación del Gobierno también ha incoado expediente sancionador de 800 euros a seis de los participantes en la marcha por un delito contra la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que portaban seis bengalas, cinco palos de distintos tamaños y un puño americano.
Durante el desarrollo de la marcha, comunicada en tiempo y forma por la Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas y la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza, bajo el lema 'Di no a las Agendas 2030-2050', se exhibió una pancarta en la que se podía leer 'En Madrid ni bandas latinas ni menas'.
Mercedes González ha dicho además este martes en rueda de prensa que a la Policía Nacional en ningún momento se planteó disolver la “vomitiva” manifestación porque “transcurrió sin incidentes” y, de haberlo hecho, hubiera provocado cargas contra niños y mayores, un “batalla campal”.
González ha insistido en que no podían prohibir dicha marcha. “En ese país se puede manifestar gente que consideramos desde otros sectores que sus opiniones son muy reprobables. Hay comunidades autónomas donde terroristas piden manifestaciones y se le acepta”, ha dicho, en referencia a recientes concentraciones en el País Vasco a favor de un etarra.
La delegada ha afirmado que “le asquea” que en protestas se luzcan banderas y símbolos ultraderechistas y pide al Congreso de los Diputados que apruebe una ley que las prohíba. En ese punto, se ha acordado que los símbolos que sacaron nostálgicos del franquismo cuando salió el cuerpo del dictador del Valle de los Caídos o de las banderas que veía a aficionados radicales en el estadio Santiago Bernabéu cuando era pequeña.
“Hay nazis en nuestra ciudad y vamos a intentar que tengan el menor espacio posible. Si esto sirve para concienciar del extremismo muy peligroso está bien. La Policía ha hecho un informe objetivo del transcurso de los hechos y aporta vídeos, imágenes de las banderas y a partir de ahora será la Fiscalía quien decida si ha habido delito de odio”, ha manifestado.