El despido de Paloma Herranz es una buena noticia para Ana Botella. La hasta ahora directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) preparaba desde hace semanas el recurso contra la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas (en segunda instancia) que libró a la exalcaldesa de Madrid y a siete altos cargos de su gobierno de una multa de 25,7 millones de euros por la venta de pisos sociales a fondos buitre. Pero el Gobierno de Madrid que preside José Luis Martínez Almeida la ha destituido este viertes a veinte días de que expire el plazo para presentarlo ante el Tribunal Supremo. Con el despido de la letrada, El Gobierno municipal cierra la puerta a presentarlo, ya que era la única en la entidad municipal que conocía de primera mano todo el proceso, un pleito que lleva años de trámites con muchísimas complicaciones y que costaría meses de estudio para un letrado que aterrizase en el caso y quisiera ponerse al día.
El alcalde de Madrid ha justificado este sábado el despido argumentando que Herranz no era “la persona más adecuada” para el nuevo equipo de Gobierno municipal. “Cada vez que llega un nuevo equipo de gobierno tiene que formar equipos”, ha dicho Almeida que este domingo confirmaba que el Consistorio no presentará el recurso: no se “derrochará dinero público de los madrileños” con el recurso por “venganzas estériles”. El plazo para presentarlo terminaba el 27 de septiembre y la empresa municipal se ha quedado sin abogado cuando quedan 20 días. El Gobierno formado por PP y Ciudadanos incumplirá así un acuerdo plenario (con los votos de Más Madrid y PSOE y la abstención de Vox) que instaba a recurrir el último fallo del Tribunal de Cuentas para intentar recuperar parte del dinero público perdido en la operación.
Los acuerdos del Pleno de un ayuntamiento no son vinculantes ni de obligado cumplimiento para el Gobierno municipal pero salta la mayoría de la Corporación con una evidente carga política. “Son asuntos que afectan a las arcas municipales”, alegan desde el grupo socialista que estudia ya “alguna vía de poder exigir su cumplimiento”, asegura la concejala portavoz de Urbanismo en el PSOE, Mercedes González. También desde Más Madrid amenazan con recurrir incluso a la Justicia. “Llevaremos a cabo todas las iniciativas políticas y judiciales que estimamos oportunas para defender los intereses de los madrileños”, señala el concejal José Manuel Calvo.
“Se trata de una maniobra más del PP para evadir su responsabilidad por unas ventas ilegales”, consideran desde Más Madrid y PSOE. Con la salida de Herranz, ambas formaciones dudan de que el recurso, de presentarse, pueda prosperar: “Claramente quieren evitar que el Supremo se pronuncie”.
Un recurso de casación ante el Supremo requiere del cumplimiento de unos requisitos muy tasados además de demostrar el interés casacional. Muchos recursos son inadmitidos por este motivo sin llegar a ser analizados. “Bastaría con no concretar adecuadamente los requisitos exigidos para que se inadmitiera y no pasara nada”, aseguran fuentes jurídicas.
Y nadie más que Paloma Herranz conocía en el equipo de la EMVS todo el proceso judicial contra esta venta de viviendas sociales a fondos buitre. Herranz había sido la abogada responsable con el anterior Gobierno de Manuela Carmena de la presentación de la demanda en el Tribunal de Cuentas que culminó con la sentencia condenatoria a Botella y otros siete altos cargos de su gobierno. Fueron condenados a pagar de su bolsillo 25,7 millones por el quebranto a las arcas municipales al vender 1.860 viviendas de protección oficial al fondo Fidere por debajo del precio de mercado. El órgano fiscalizador los absolvió en segunda instancia (por dos votos a favor y uno en contra).
Herranz también fue la abogada que interpuso los recursos que permitieron reabrir el procedimiento penal en la Audiencia de Madrid y preparó el informe que llevó al Gobierno de Carmena a tramitar el procedimiento de nulidad contra la venta. Este último procedimiento no prosperó a causa del dictamen obligatorio y vinculante de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid gobernada por el PP que se opuso. La letrada es experta en derecho público y trabajó seis años como asesora en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
En la empresa municipal consideraban que el recurso de presentarse correctamente “tenía muchos visos de prosperar”. La absolución, por dos votos contra uno, la firmaron dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero a propuesta del el PSOE. Según fuentes de la entidad, los argumentos de la sentencia absolutoria “eran muy débiles”.
El actual consejero delegado de la EMVS, Diego González López, fue el encargado este viernes de comunicarle a Paloma Herranz su despido. El que fuera jefe de gabinete con Ignacio González no le argumentó las razones de la destitución que se ha producido sin el pago de una indemnización. La letrada, no obstante, sigue formando parte del consejo de administración como secretaria, ya que hasta que el órgano no se reúna ese cese no se puede producir.
La abogada ha sido despedida repentinamente este viernes después de que el concejal delegado de Vivienda, Álvaro González López (PP), se reuniera con ella hace apenas una semana. Según fuentes municipales, el concejal se interesó por el estado del recurso y el tiempo que necesitaba para terminarlo. La letrada le trasladó que serían necesarias dos semanas.
Pero lo cierto es que el Gobierno municipal que preside ahora Almeida nunca ha sido partidario de recurrir la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas, según manifestó el propio alcalde de Madrid. Almeida defendió incluso la venta durante la campaña electoral: consideraba que se había hecho “de manera regular”.
En el PP siempre han defendido la venta y a la exalcaldesa de Madrid y su equipo. Tanto es así que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, ha designado como viceconsejera de Vivienda a Concepción Dancausa, una de las condenadas en primera instancia por el Tribunal de Cuentas. Reabrir el caso, por tanto, sería volver a poner el foco sobre miembros del partido que continúan en activo.