La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP en las elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso, afrontaba una huelga indefinida de médicos Atención Primaria cuando convocó comicios adelantados el 10 de marzo. La protesta sanitaria tuvo que anularse al desaparecer los interlocutores de una eventual negociación. Fin de huelga por elecciones.
El paro llegó después de que Díaz Ayuso incumpliese el autodenominado Plan de mejora integral de Atención Primaria que publicitó durante el debate del estado de la región el 14 septiembre de 2020 en la Asamblea de Madrid. Entonces, estaba convocada una huelga de sanitarios. El anuncio sirvió para anularla, según explicó el sindicato Amyts. El plan incluía “mejoras organizativas y retributivas para mejorar un nivel asistencial clave en la lucha contra la COVID-19”. Ayuso llegó a hablar de una dotación de 80 millones de euros en tres años. Los compromisos no se materializaron y por eso el sindicato retomó la movilización.
Lo cierto es que la pandemia de COVID-19 ha añadido una sobrecarga a la asfixia que había acumulado la Primaria en la Comunidad de Madrid. El efecto de las políticas presupuestarias de los sucesivos gobiernos regionales del PP ya había redundado en escasez de profesionales en este servicio, incremento en el número de pacientes que atender por sanitario y disminución del tiempo disponible para la consulta. Muy poco antes de que estallara el nuevo coronavirus, los médicos habían iniciado una campaña para reclamar disponer de 12 minutos por cada paciente. Luego llegó la COVID-19.
Por la parte de los ciudadanos, el tiempo para conseguir una cita con el médico o la médica de familia ya se había ido prolongando antes de la situación excepcional creada por la pandemia. Un informe del sindicato CCOO calculaba en 2018 que la espera media estaba en 2,26 días, pero que podía llegar a los siete. En esos momentos, el 70% de las veces que alguien pedía ver a su médico de cabecera, tenía que aguardar más de 24 horas.
A la cola en inversión, sanitarios y centros
La inversión de la Comunidad de Madrid en Atención Primaria es la más baja de España por habitante. Está en unos 140 euros por cada madrileño. El gasto público en este servicio ronda los 960 millones de euros anuales, según la Estadística de Gasto Sanitario del Ministerio de Sanidad, pero debe sostener la atención de más de 6,7 millones de personas. La media en España se sitúa en 183 euros por persona. La comunidad autónoma a la cabeza en este apartado es Extremadura, con 246 euros –multiplica por 1,7 a Madrid–, pero todas las demás también invierten, proporcionalmente, más presupuesto para la Atención Primaria.
En una secuencia lógica, con recursos menguados, los servicios se han menguado. La Comunidad de Madrid asiste a sus ciudadanos con 54 médicos de atención primaria por cada 100.000 habitantes. La media española es de 63. En Castilla y León rondan los 98 médicos de primaria, en Extremadura los 78 y en Aragón los 73 por cada 100.000 personas. En cuanto a las enfermeras en este nivel asistencial, Madrid dispone de unas 49 por cada 100.000 habitantes. Es la última de la lista autonómica. Las enfermeras, por ejemplo, son las principales encargadas de aplicar las vacunas contra la COVID-19. La media en España es de 66 profesionales por cada 100.000. La Rioja y Canarias superan las 90. En Castilla y León son 89.
La Consejería de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso ha contrapuesto que ha reforzado las filas de Primaria con motivo de la pandemia. La directora de Recursos Humanos, Raquel Sampredo Blázquez, ha desglosado que se han firmado “5.125 contratos de enfermera; 1.131 de médicos y 3.364 de técnicos auxiliares de enfermería”. Son contratos con caducidad, de momento, el 30 de junio.
Al comenzar esa campaña de contratación, los propios sanitarios afectados explicaron que solo serviría “para tapar los huecos” que estaban ya abiertos en el sistema, al tiempo que remarcaban la precariedad a la que les abocaba: asignados a áreas, no a centros, podían entrar en una ruleta de horas distribuidas en diferentes destinos. Una de las sanitarias que entró en estos contratos de refuerzo, Cristina Sanz, acabó por dejar el trabajo ante las condiciones en las que tenía que atender a los ciudadanos como explicó en esta carta a elDiario.es. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (que va de número 2 en la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso), zanjó el tema de las condiciones con un “todo el que ha querido seguir ha seguido”.
Si la plantilla sanitaria es corta para las necesidades de la región, también hay menos centros a los que la población puede acudir. En Madrid funcionan, sobre el papel, unos 424 centros de salud y consultorios locales, según la estadística del Ministerio de Sanidad de 2019. Son 6,3 centros por cada 100.000 habitantes. La media del Servicio Nacional de Salud llega a los 27,8. Cuatro veces más. En Aragón hay 74, en Castilla-La Mancha llegan a 64 y en La Rioja a 61 centros.
Además, los servicios de urgencias de Atención Primaria en Madrid permanecen cerrados desde marzo de 2020. Es decir, si una persona tiene una urgencia sanitaria, está abocada a acudir a un hospital.
Una vez se levantó el confinamiento en Madrid, el 25 de mayo de 2020, el control y atención de la pandemia se hizo recaer, especialmente, en los sanitarios de Atención Primaria. En los centros de salud debían controlar los nuevos casos para iniciar un rastreo de las cadenas de contagios y, al mismo tiempo, empezar a recuperar la atención de pacientes con otras patologías diferentes al coronavirus. La propia comunidad ha admitido que no estaba preparada para intentar controlar la dispersión del SARS-CoV-2. Contrató a toda prisa y a dedo a una empresa del grupo Quirón por 194.000 euros. Reconoció que no tenía capacidad para afrontar las tareas al justificar en el expediente de contratación que era “inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos propios de la Administración”.
Sentencia contra las condiciones de la plantilla
El deterioro que la Comunidad de Madrid ha producido en la asistencia sanitaria de Atención Primaria ha quedado acreditada, además, por la justicia. Los magistrados de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid establecieron en una sentencia de febrero pasado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había faltado en “sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, de valoración de la carga de trabajo de dicho colectivo y de evaluación de los puestos de trabajo de los médicos de Atención Primaria y pediatras”.
El tribunal atendió parcialmente el recurso presentado por la organización AP Se Mueve al que se adhirieron los sindicatos CCOO, UGT, Amyts, CSIT-Unión Profesional y CSIF además de la Asociación de Facultativos Especializados de Madrid. El fallo obligaba a la Comunidad de Madrid, precisamente, “al establecimiento de una plantilla acorde” con la carga de trabajo y a la “cobertura de las vacantes existentes en la misma”.
Los profesionales que llevaron a la Consejería de Sanidad ante los tribunales subrayan que los jueces les han dado la razón en cuanto a considerar la “carga de trabajo y la ausencia de plantilla como un atentado a la salud de los trabajadores”. La sentencia no era firme y la Comunidad de Madrid ha presentado un “recurso de aclaración”, según cuenta AP-Madrid.
Mientras se incrementaba la saturación en Primaria por el trabajo añadido que exige la atención de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de la Comunidad de Madrid contrató la construcción del llamado hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal. El día de su inauguración, el 1 de diciembre de 2020, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, admitió que la infraestructura había costado el doble de lo presupuestado hasta llegar a los 100 millones de euros. No era verdad. Otro miembro del Ejecutivo de Díaz Ayuso, el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, afirmó el 4 de marzo de este año en la Asamblea de Madrid que el Zendal ha consumido 153 millones de euros. El triple de lo anunciado inicialmente.