El Tribunal de Cuentas ha condenado a la excalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su Gobierno a pagar 25 millones de euros por la venta de pisos sociales a fondos buitre. Varios de los condenados siguen actualmente en política, algunos en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid que preside Ángel Garrido.
Es el caso de Diego Sanjuanbenito Bonal, actual viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. También se encuentra entre los condenados José Enrique Núñez Guijarro, viceconsejero de la Consejería de Justicia, nombrado por Garrido en mayo al llegar a la presidencia tras la dimisión de Cristina Cifuentes por su máster.
Pero no son los únicos condenados que se están desempeñando cargos públicos. Pedro del Corral es actualmente uno de los concejales en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular. También María Dolores Navarro Ruíz ocupa el cargo de concejala de Transparencia, Hacienda, Contratación y Mujer en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por el Partido Popular.
Hay más nombres de los ocho condenados que no pasan inadvertidos. Concepción Dancausa es uno de ellos. La que fuera delegada de Gobierno de Madrid durante el último mandato de Mariano Rajoy también se encuentra entre los nueve condenados a pagar 25 millones de euros por enajenar vivienda pública a un precio por debajo del que establece la legislación, según se desprende de la sentencia del Tribunal de Cuentas a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Otra de las condenadas es María de la Paz González García, la que fuera diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular esta legislatura, dimitió tras aparecer mencionada en una conversación pinchada en el caso Lezo sobre supuestas comisiones de empresarios.
Finalmente, el mayor condenado, Fermín Oslé Uranga, antiguo consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, optó por las puertas giratorias. Oslé, se retiró de la política para trabajar en diferentes empresas, entre ellas de construcción.
El Tribunal de Cuentas considera que la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por 128,5 millones es “lesiva” para las arcas municipales. La sentencia concluye que los miembros del Ejecutivo municipal “incurrieron en una negligencia grave” porque “no impidieron el perjuicio en el patrimonio público”.
El Ayuntamiento de Madrid que gobierna actualmente Manuela Carmena demandó hace ahora un año a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte del Ejecutivo de Botella por la venta de las viviendas públicas a fondos buitre por 128,5 millones de euros. La sentencia determina que este valor “dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público”.