“Nos parece fuera de lugar suponer que una ministra del Gobierno de España puede acudir a un centro a adoctrinar, así como suponer que un centro público y sus órganos de gobierno y participación realicen actividades a tal fin”. Así expresan los directores de institutos públicos de Madrid (ADiMAD) su rechazo al veto por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a una actividad de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un centro educativo de la capital con motivo del Día de la Mujer. “¿Dónde queda la autonomía del centro para planificar un curso?”, se preguntan en un comunicado firmado por su Junta Directiva.
El Gobierno regional de PP y Ciudadanos prohibió el acto, organizado por profesoras y alumnas, y primero se escudó en la pandemia para hacerlo. Una vez que elDiario.es publicó el veto a la ministra, un portavoz de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cambió la versión y dijo que el motivo era evitar un supuesto “adoctrinamiento” por parte de Irene Montero.
La nota defiende la actuación de la directora del IES Gómez Moreno. “Ha cumplido escrupulosamente con la normativa vigente ya que la actividad estaba incorporada en la Programación General Anual y aprobada por el Consejo Escolar”, asegura. “Y todo ello a pesar de las presiones recibidas”, denuncia el texto.
Los directores de institutos de Madrid sostienen que “los centros públicos son lugares donde se enseña una educación democrática” y “son espacios educativos de tolerancia y democracia donde se practican y se difunden valores como la libertad y el respeto a los demás”. Por eso, continúan, “acuden personas de diferente forma de pensar a hablar de temas que interesan a nuestro alumnado”. Y recuerdan que la actividad vetada por motivos ideológicos fue organizada “por las propias alumnas de la comisión de igualdad del centro”, que “son lugares donde se practica la libertad de elección y de pensamiento y donde se respetan todas las creencias y opiniones”.
El comunicado, fechado este 9 de marzo, compara el veto a Irene Montero con la presencia del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, en el instituto Ramiro de Maeztu, también en la capital. “No estamos en un proceso electoral y nos parece fuera de lugar suponer que una ministra del Gobierno de España pueda acudir a un centro a adoctrinar, así como suponer que un centro público y sus órganos de gobierno y participación realicen actividades a tal fin”, lamentan los directores de institutos.
La nota cierra defendiendo la autonomía de los centros para planificar sus actividades. “¿”Solo se permite un tipo de actividad a partir de ahora? ¿Es necesario pedir autorización a la Consejería para cada actividad incorporada en la Programación General Anual, informada por el Consejo Escolar?“.
Las profesoras del centro denuncian una “falsa acusación de adoctrinamiento”
Este mismo 9 de marzo también se hizo público un comunicado de la Comisión de Igualdad del Gómez Moreno, formada por alumnas y profesoras del centro situado en el distrito de San Blas de Madrid. “Queremos denunciar que la desautorización del acto nos resulta injusta porque atenta contra la autonomía de los centros públicos y contra la libertad de expresión y de cátedra, así como contra los valores de pluralidad que establecen las leyes de educación estatales y autonómicas”, señala la nota. “Nos duele profundamente la falsa acusación de adoctrinamiento, cuando estamos cumpliendo con orgullo y profesionalidad con nuestra labor docente y con la legislación vigente”, zanja.
Las docentes que firman la carta aseguran que una de sus labores “es educar en la igualdad, y por tanto, en contra de toda discriminación (ya sea por cuestión de género, raza, diversidad funcional, clase social, orientación sexual, religión, etc)”. Dentro de esas funciones se encuadra la comisión, que cuenta con réplicas en otros seis institutos del distrito. “Orgullosas del trabajo realizado por las comisiones del distrito, junto a otras actividades, desde el Gómez Moreno nos planteamos invitar a la Ministra de Igualdad, máxima representante del estado en materia de igualdad”, señalan las profesoras.
La carta asegura que, una vez que el Ministerio de Igualdad aceptó la invitación, “se tuvo en cuenta en todo momento la situación de pandemia con la que convivimos a diario en las aulas desde septiembre”. Las profesoras desmienten al Gobierno de Ayuso: “Se valoró así, tal y como se comunicó a la Consejería de Educación (al contrario de lo que se ha dicho), el lugar (espacio al aire libre), el número de participantes (menos personas que las permitidas por la Comunidad en el interior de las aulas), la distancia de seguridad, el uso de mascarillas e hidrogel, así como la programación del acto”. Y continúa el documento: “Por desmentir algunas informaciones vertidas al respecto, en ningún caso el acto consistía en una ponencia por parte de la ministra”.
Las profesoras, que reconocen “públicamente la admiración” que sienten por sus “alumnas y alumnos, por su
compromiso y valentía, especialmente por los que se han visto afectados por esta situación“ denuncian ”la desautorización del acto nos resulta injusta porque atenta contra la autonomía de los centros públicos y contra la libertad de expresión y de cátedra, así como contra los valores de pluralidad que establecen las leyes de educación estatales y autonómicas. Nos duele profundamente la falsa acusación de adoctrinamiento, cuando estamos cumpliendo con orgullo y profesionalidad con nuestra labor docente y con la legislación vigente“.