Cuatro concejales del municipio de Alcalá de Henares, de la candidatura de unidad popular Somos Alcalá, están siendo investigados por la justicia tras ser denunciados por el PP ante la Fiscalía Anticorrupción. En su escrito, el grupo municipal popular esgrime que eran parte de un tribunal que concedió subvenciones municipales por valor de 40.000 euros a organizaciones “vinculadas” con los cuatro concejales: Jesús Abad (portavoz del grupo), Brianda Yáñez, Laura Martín y Alberto Egido.
El Ministerio Público alude en su denuncia a una presunta “manipulación de la convocatoria pública de subvenciones sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos en el área de acción social para el año 2016” y estima que podía haber indicios de delitos de prevaricación administrativa basándose en que los concejales no se abstuvieron de las votaciones pese a que la ley obliga a hacerlo si existe “un interés personal en el asunto de que se trate”. El escrito apunta, en este sentido, la concurrencia de “lazos e intereses” de los concejales con las asociaciones.
El juez llamó a declarar el lunes a los cuatro ediles, que defendieron en la fase de diligencias previas “la transparencia” del proceso, cuyas bases están publicadas en el BOCAM. El montante de las ayudas procede de donaciones de salario de los ediles, que renunciaron en 2015 a parte de su sueldo para financiar estos proyectos de entidades sociales sin ánimo de lucro. Este método exigió modificar los presupuestos para trasladar una parte de la partida de altos cargos a otra para estas subvenciones, según fuentes de Somos Alcalá.
Tras conocerse la denuncia de la Fiscalía, el Consejo de Coordinación de Podemos Comunidad de Madrid suspendió cautelarmente de militancia a los tres ediles de los cuatro ediles (Egido es independiente), además de a la primera teniente de alcalde, Olga García. “Hemos querido ser contundentes y rápidos porque en Podemos no tienen cabida estas actitudes”, asegura a eldiario.es la secretaria de Coordinación Parlamentaria y miembro del Consejo de Coordinación, María Espinosa.
Los concejales, sin embargo, continúan en sus funciones en el Ayuntamiento, donde gobiernan junto al PSOE y un concejal de IU. Los socialistas, de momento, esperan la decisión judicial y aseguran que se les apartará “si se demuestran que los hechos han sido así”, según las declaraciones del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco.
Paralelamente al procedimiento judicial, la Comisión de Garantías del partido mantiene en fase de instrucción un expediente abierto a los ediles después de que la situación que ahora está en manos de la justicia fuera denunciada por militantes de Podemos antes de verano, como confirman fuentes de la ejecutiva. Aunque se prevé que quede bloqueado hasta que haya pronunciamiento judicial, para cuyo curso Podemos Comunidad de Madrid aportará toda la documentación de la que dispone la Comisión de Garantías.
Las subvenciones, que se resolvieron y ejecutaron en el año 2016, fueron las primeras que concedió el Ayuntamiento de Alcalá de Henares –gobernado por el PSOE pero en el que los investigados dirigen las concejalías de Participación y Distritos (Laura Martín), Acción Social (Jesús Abad), Transparencia e Innovación (Brianda Yáñez) y Medio Ambiente (Alberto Egido)– sobre un presupuesto procedente de parte del salario de los ediles, que renunciaron a él “por ser demasiado alto”. Es decir, son ayudas públicas financiadas con excedentes del sueldo público de los concejales correspondientes a tres meses de 2015.
Cómo funcionan estas subvenciones
A la convocatoria, de libre concurrencia, se presentaron 33 proyectos de los que cinco resultaron ganadores. Las entidades sociales que recibieron el dinero son Ecologistas en Acción (10.000 euros), Simbiosis (9.250), Ciudades Kyosei (3.500), G.N Medioambiente (6.980), y Nonos (10.000), según figura en las actas del Ayuntamiento. El dinero, según la convocatoria, se destinó para hacer talleres de formación audiovisual para asociaciones, trabajos con jóvenes en riesgo de exclusión o transformar los desechos de los comedores escolares en compost.
La concejala Brianda Yáñez reconoce en conversación con eldiario.es que conocían a personas vinculadas a las tres primeras y justifican que “es natural” porque tanto “Podemos como Somos Alcalá se nutren y surgen a partir de personas activistas en la ciudad”. “Es un poco complicado de saber dónde está participando la gente. Además, se financia a proyectos, no a personas y además ese gasto ha sido justificado”, asegura la edil. Fuentes de Somos Alcalá añaden que no han “utilizado estas ayudas como atajo ni para favorecer a nadie”. “Podríamos haberlo llevado de nuestro bolsillo como sueldo a la organización que hubiésemos querido si no hubiéramos renunciado a él pero preferimos hacer un concurso con todas las garantías”, apuntan.
Los proyectos fueron elegidos por una comisión evaluadora compuesta por los cuatro concejales y cinco técnicos del Ayuntamiento (cuatro vinculados a la concejalías y uno de asesoría jurídica) sobre una serie de criterios establecidos, como el “grado de adecuación a planes, fines y objetivos de las políticas públicas del Ayuntamiento”, “grado de innovación” o “grado de fomento de la economía social, solidaria y del bien común”. La concejala Yáñez no votó en el acto donde puntuaron la decena de proyectos finalistas –cribados previamente de los 33 totales por técnicos municipales– porque llegó tarde, como queda recogido en el acta.
Yáñez defiende que se siguieron todos los procedimientos administrativos adecuados para conceder estas subvenciones y remite a los documentos oficiales colgados en la web del Ayuntamiento con los informes y las resoluciones. “En lugar de asignarlas a dedo de manera discrecional, que es como se ha hecho normalmente, preferimos hacer una convocatoria pública para animar a más proyectos y ofrecer igualdad de oportunidades”, añade.
Revisión del sistema
El Ayuntamiento no ha vuelto a convocar subvenciones de este tipo. De hacerlo de nuevo, apuntan, revisarían “el sistema de valoración” para que no vuelva a ocurrir algo similar y evitar “malinterpretaciones del PP”. La primera teniente de alcalde, Olga García, admite en una grabación publicada por El Mundo “que está mal hecho, lo he reconocido desde el principio, evidentemente era la primera vez que hacíamos unas subvenciones y lo hicimos mal”. García también ha sido suspendida de militancia, una decisión Somos Alcalá dice no entender porque ni está incluida en la denuncia ni en las diligencias previas.
Un método parecido utiliza Ahora Madrid con parte del sueldo que donan a la formación sus concejales y asesores, pero no lo hace a través del Ayuntamiento sino del partido y con plataformas de crowdfunding como Goteo.
“Enfrentamiento interno”
Los concejales suspendidos de militancia (los cuatro citados y también la primera teniente de alcalde) critican la decisión de la ejecutiva autonómica. Aseguran que la comunicación “es un documento de word, sin firmas de quién la tomado la decisión y sin acta de reunión” que incluye, además, la suspensión de Olga García “que ni estaba en la comisión evaluadora”, se quejan.
“Garantías tenía toda la información y no entiendo que el Consejo de Coordinación se haya adelantado a la decisión. Tengo dudas de si querían quitarnos del medio y se han buscado un pretexto”, dice el edil Jesús Abad, que relaciona lo ocurrido con el “enfrentamiento interno” que se vive en la formación en la región.
Fuentes consultadas por este medio añaden en este sentido que la lentitud en la resolución del expediente en la Comisión de Garantías puede estar relacionado con que cayó en manos de una persona más cercana al sector errejonista.