La apuesta por la economía social y cooperativa era una de las prioridades en el programa de Ahora Madrid. La concesión de contratos menores no sólo es legal sino que emana de una instrucción municipal del PP de 2012 y de la ley de contratos del sector público –del 8 de noviembre de 2017– . El montante adjudicado por esta vía supuso el 0,47% del presupuesto de 5.000 millones anuales. Pero, aun así, el Partido Popular está calificando de trama la concesión de contratos a cooperativas sin ánimo de lucro y de la economía social. ¿Por qué? Porque en alguna de ellas han tenido relación algunas de las personas participantes de Ahora Madrid de forma directa o indirecta. Y lo puede hacer gracias a que, por primera vez en el Ayuntamiento de Madrid, la política de transparencia permite conocer a dónde se destina el dinero de los madrileños, qué contratos firma el Ayuntamiento y con quién.
Y es más, en el argumentario del PP se mezclan dos conceptos: el de los contratos menores –que llaman “a dedo”, como si fuera la misma práctica aplicada con Gürtel que derivó en pago de comisiones y financiación ilegal–; y el de los fondos del proyecto MARES, que, detalle que no mencionan, proceden de la Unión Europea.
El proyecto MARES –para el fomento de la economía social y solidaria– logró financiación comunitaria –4,8 millones de euros– de entre casi cuatrocientos proyectos procedentes de ciudades de toda Europa, y fue precisamente la elección de los socios del Ayuntamiento en el proyecto MARES uno de los puntos fuertes del proyecto señalado en la valoración de los expertos independientes que participaron en el proceso de selección de la UE: “Todos los socios son competentes y tienen experiencia en los temas abordados por el proyecto. La colaboración está bien equilibrada y los socios se complementan entre sí. Esto también es evidente en el plan de trabajo y el presupuesto”.
¿Y cuáles fueron los socios que acompañaron al Ayuntamiento y recibieron la financiación comunitaria? La Agencia para el Empleo –351.696 euros–; Dinamia –766.056 euros–; Tangente –785.330 euros–; Estudio SIC –137.960–; Vivero de Iniciativas Ciudadanas –443.856–; Todo por la Praxis –447.825–; Fundación Acción contra el Hambre –328.697– y Ecooo –189.481–.
Pero, según afirma el portavoz municipal del PP, Martínez Almeida, hay una trama clientelar porque en el pasado han tenido relación con alguna cooperativa vinculada a Tangente el ex coordinador del grupo municipal de Ahora Madrid, Toño Hernández –Garúa–, y la concejal Celia Mayer –Andaira–. La red clientelar, según Almeida, se justifica por la financiación europea y por los contratos menores que ascienden a 45.000 euros en dos años para Garúa. 45.000 euros, concedidos legalmente, de un presupuesto de 5.000 millones de euros anuales. O los 28.000 euros concedidos, también en dos años, a Paisaje Transversal, alguno de cuyos miembros participó en el 15M hace siete años.
La activista social y ecofeminista Yayo Herrero, también señalada en informaciones recientes, afirmaba en un artículo en eldiario.es: “En las últimas semanas se está produciendo un importante ataque desde dos grandes medios de comunicación, El Mundo y El País, a las empresas de la Economía Social y Solidaria que trabajan con el Ayuntamiento de Madrid. Voy a seguir defendiendo que la economía social y solidaria es una opción necesaria para revertir un modelo que echa a las personas de sus casas; que le corta la luz a la gente; que hace expedientes de regulación de empleo, a veces incluso teniendo beneficios; que recorta en servicios públicos; que pretende encerrar a la mujeres en casa; que genera masas de personas desempleadas”.
Garúa, una de las cooperativas señaladas, explicaba en un hilo de Twitter el por qué de su relación con esta corporación municipal, pero también que ha recibido contratos de anteriores inquilinos de Cibeles, como ha recordado este jueves la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre.
“No nos estamos embolsando dinero público”, explicaba la cooperativa, “ya que todas las entidades somos sin ánimo de lucro. Esto significa que por vocación, pero también por obligación, no podemos repartir beneficios. Al no haber beneficio empresarial, todo se invierte en el bienestar socioambiental. Un segundo medio para aumentar nuestros ingresos sería subir las nóminas. En en caso de @garuacoop, el salario máximo ronda los 1.250 euros netos en 12 pagas por jornada completa. No parece que con esta mirada se esté produciendo corrupción”.
“Todos los servicios contratados a @garuacoop por el ayuntamiento de @AhoraMadrid”, prosigue la cooperativa, “en realidad todos los trabajos contratados por cualquier entidad, se han realizado. Es más, no solo se han realizado sino que las valoraciones han sido muy buenas. Los principales conceptos por los que @garuacoop ha facturado al ayuntamiento han sido por actividades relacionadas con la alimentación sostenible y con consumo sostenible. Nuestro currículum en esto es difícilmente mejorable. @ReasMadrid, @Tangente_coop y @garuacoop no dependemos del ayuntamiento para sobrevivir. Garúa existe desde hace más de 10 años y nuestra facturación con el Ayuntamiento de @AhoraMadrid es un porcentaje pequeño de los ingresos”.
En este último argumento abundaba el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, este jueves: “Todos los días adjudico contratos a empresas vinculadas con Púnica, son las que se llevan la parte nuclear de las adjudicaciones”. En efecto, diez empresas se llevan el 54% de las adjudicaciones del Ayuntamiento de Madrid desde enero de 2015: el 1% de las empresas que recibieron licitaciones del Consistorio se llevan 340 millones de euros, la mitad del importe adjudicado desde 2015 hasta la fecha. Y entre ellas se encuentran empresas investigadas por financiar irregularmente al Partido Popular, como OHL o la constructora la constructora Ortiz, que está haciendo las obras de la Gran Vía que costarán 5,7 millones. Pero esto no le escandaliza el PP en el Ayuntamiento de Madrid.
En 2011 hubo 5.898 contratos menores sobre un Presupuesto de 4.760.202.678 euros, lo que representa un 0,55%; los 4.486 contratos de 2016 supusieron el 0,51% del presupuesto (5.179.108.667), cifra que se rebaja en 2017 a 4.497 contratos menores, el 0,47% del presupuesto (5.254.208.353). Y los procedimientos abiertos han pasado de 448 en 2015 (388 en 2011) a 1.044 en 2017. Es decir, han aumentado un 122,82% entre 2015 y 2017.
Antes, con el PP, el único dato que daba el Ayuntamiento era el importe total que sumaban los contratos menores en cada Área. Con Ahora Madrid, ya en 2016 se empieza a facilitar información sobre cada contrato, su objeto, su adjudicatario, su importe y el órgano de contratación que tramita cada expediente. En 2017 se aprueba la Ordenanza de Transparencia más avanzada de España y los contratos menores empiezan a aparecer en el Portal de Transparencia y en el Registro de Contratos, y se fiscalizan en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, novedad respecto a etapas anteriores.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público rebaja la cuantía de los contratos menores (de 50.000 a 40.000 en el caso de las obras; y de 18.000 a 15.000 en los de servicios) e introduce una nueva regla, denominada doctrinalmente regla de incompatibilidad, que impide adjudicar sucesivos contratos menores a un contratista que ya haya resultado adjudicatario de anteriores contratos menores, cuando con ello se superen las cuantías máximas que limitan este tipo de contratos.
“Ni el PP de Gürtel, Lezo y Púnica; ni Ciudadanos, que sostiene al PP de Púnica, Gürtel y Lezo tienen ni una sola prueba de una sola irregularidad respecto a los contratos que están señalando. Por eso ni denuncian en los tribunales ni hay nada más que una serie de titulares malintencionados”, afirman fuentes municipales: “Hay una serie de contratos que han ganado una serie de empresas y cooperativas que desarrollan su actividad profesional en el mundo de la economía social. Este Ayuntamiento desde el primer momento manifestó su apoyo por la economía social de la ciudad, que da de comer a muchas familias y genera talento, empleo y riqueza. Son profesionales que merecen el mismo respeto que los demás”.
Y añaden: “Desde el punto de vista de la contratación, está todo dentro de la legalidad, dentro de la ley de contratos de la Administración Central. Absolutamente todos los contratos son legales. Todas las empresas han cumplido los requerimiento técnicos establecidos en las licitaciones de los contratos y se les han pedido unas cosas muy concretas en las que esas empresas están especializadas. Y el resultado de su trabajo ha sido excelente”.