Pan para hoy, hambre para mañana. Con este refrán popular se puede resumir lo que fue la venta del edificio del número 45 de la calle Alcalá, casi en la esquina con Gran Vía, por parte Alberto Ruiz Gallardón en 2004. El exalcalde de Madrid vendió el inmueble por 99,8 millones de euros a Sacyr. Hasta diciembre de 2016, ese edificio costó a los madrileños otros 80,6 millones, aunque ya no era patrimonio del Ayuntamiento de Madrid.
Si se vendió, ¿por qué el Ayuntamiento ha pagado luego esa cantidad? Porque la venta se cerró con otro acuerdo: la corporación local seguiría ocupando el edificio. El vendedor (Ayuntamiento) y el comprador firmaron un contrato de alquiler blindado hasta 2019 a razón de 18.400 euros diarios y aunque el Ayuntamiento de Madrid abandonase el inmueble se garantizaba el pago completo del alquiler al nuevo propietario. Cuando se acabara ese contrato, el Ayuntamiento de Madrid, 15 años después de su venta, habría pagado 100,7 millones de euros, más de lo que recibió por la venta de un inmueble que ocupaba y siguió ocupando tras venderlo.
La operación de Gallardón, que llegó a la Alcaldía de Madrid en 2003, fue una constante hasta que se marchó recién reelegido con mayoría absoluta a ser ministro de Justicia (con la misión personal de prohibir el aborto). Su gestión, que dejó a Madrid con más de 7.000 millones de euros de deuda, puede describirse con este caso: conseguir liquidez rápida para el momento a cambio de cuantiosos beneficios a medio plazo para los que contribuían a esa liquidez. Otro ejemplo es la M30, las constructoras levantaron su obra estrella a cambio de numerosos beneficios los años siguientes con el modelo de gestión escogido por Gallardón.
El caso de la venta de Alcalá, 45, comprado apenas tres años antes por el Ayuntamiento a BBVA, tenía otro fin: el Palacio de Cibeles. Fue el capricho de Gallardón para instalar su despacho y la sede del Ayuntamiento, antes en Plaza de la Villa. Este cambio de sede y su remodelación fue otra de las operaciones que contribuyeron a aumentar la deuda madrileña. La nueva sede costó a los madrileños más de 500 millones de euros. Cuatrocientos del coste del edificio, que se sufragaron con cesiones de inmuebles del Ayuntamiento al Estado, y otros 125 de las obras de remodelación, para las que Gallardón necesitaba liquidez.
“El Ayuntamiento remodeló el edificio en plena calle Alcalá. Después lo vendimos por un precio inferior al de mercado, para acto seguido pasar a alquilarlo por un precio superior. El precio medio de la zona, 16,6 euros por metros cuadrado, frente al que pagamos aquí, 28,37 euros, resulta un sobrecoste es de más de 1 millón y medio de euros anuales. Con esa cantidad podríamos contratar a un centenar de empleados de la limpieza para las calles de Madrid”, explicaba hace ahora un año el área de Economía y Hacienda sobre el inmueble.
Carmena recompra el edificio
El edificio ha vuelto a estar en el epicentro de las críticas, pero no por la venta de Gallardón sino porque el Ayuntamiento de Madrid ahora con Manuela Carmena como alcaldesa decidió recomprar este inmueble que ocupan las concejalías de Economía y Hacienda, y Participación ciudadana y Transparencia y una oficina de ayuda al contribuyente. La nueva compra se hizo por 104 millones de euros, ahora a la inmobiliaria del Ibex 35 Merlin que adquirió Sacyr hace unos años, para que el edificio volviera a ser de propiedad municipal. Con esta operación, el Ayuntamiento ha ahorrado el pago del arrendamiento del edificio para los tres años que quedaban de contrato: un total de 20 millones de euros.
La oposición en el Ayuntamiento de la capital (PP, PSOE y Ciudadanos) han sido muy críticos con esta operación de recompra porque el Consistorio incumplió la regla de gasto en 2016: gastó más de lo que permite una tasa de referencia que dicta el Ministerio de Economía. Pero a pesar de este gasto por 104 millones, el Ayuntamiento de Carmena cerró las cuentas ese año con 1.024 millones de euros superávit, que por esa ley de la regla de gasto no puede gastar. Por tanto, el montante de superávit si no hubiera comprado el inmueble, habría ascendido a unos 1.130 millones.
La partida que el Ayuntamiento de Madrid dedica ahora a arrendamientos en los presupuestos municipales ha pasado de 27.354.000 euros en 2016 a 20.679.042 este año. El Consistorio justificó su compra no solo en el ahorro del alquiler actual, sino que también tuvo en cuenta el traslado de los 620 trabajadores a otro edificio cuando acabase el contrato de alquiler. Esa mudanza que hubiera incluido todo el mobiliario que habría ascendido a 250.000 euros, según la Dirección General de Patrimonio, y la inversión para la reforma y adaptación de un espacio con similares características habría supuesto entre 7,8 millones de euros y 15,6 millones de euros.
Alcalá 45 y la regla de gasto
Pero la oposición achaca el incumplimiento de la regla de gasto y la reciente intervención de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Hacienda a esta compra. El Ayuntamiento de Madrid incumplió por 233 millones de euros la ley de Estabilidad en 2016 y tuvo que presentar un plan económico que ha sido dos veces rechazado por Hacienda. Una de las razones que se detallan para el incumpimiento fue la compra de este inmueble, aunque no fue la única.
Los gastos “inesperados” que el Ayuntamiento asumió durante 2016 que computan para la regla de gasto fueron más. El Ayuntamiento de Madrid pagó 101,3 millones de euros en sentencias judiciales en 2016 por demandas contra los anteriores gobiernos municipales dirigidos por el Partido Popular. Fueron gastos sobrevenidos que la corporación local tuvo que afrontar. A esto hay que sumarle otros 428,46 millones que el Gobierno municipal gasta de su presupuestos para servicios, como el Samur y escuelas infantiles, que son competencia de la Comunidad de Madrid y el Estado.