El responsable de la empresa ejecutora de la Operación Bicho ha comparecido este viernes en la Asamblea de su Madrid. En su intervención Aragonés ha asegurado que la fallida ‘medicalización’ se produjo con una dotación que considera “insuficiente”. Durante los doce días en los que estuvo en marcha este proyecto, el gestor de la compañía de ambulancias ha asegurado que entre las más de cien residencias visitadas “solo” consiguieron “derivar a un paciente”. “Nosotros hubiésemos trasladado a muchos más”, ha asegurado.
Aragonés entró en los centros de mayores a finales del mes de marzo de la mano de la firma Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, hija del arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid y asesor de la Consejería durante la COVID-19. Esta mujer no tenía experiencia previa en atención geriátrica. El compareciente ha explicado este viernes que esta mujer “nombró varias veces” a su progenitor durante las semanas en las que estuvieron en contacto. “Nos decía que su padre estará allí para ayudar”, ha incidido.
Transamed no ha recibido por el momento ninguna compensación económica por la asistencia realizada durante los doce días en los que se estuvo desarrollando la Operación Bicho, a pesar de que le reclama a Cardio Líder “una factura de gastos de 16.000 euros”. Durante aquellas jornadas, Aragonés desplegó tres vehículos de intervención, tres médicos, tres enfermeros y alrededor de cuatro técnicos. Ante preguntas del diputado de Vox Mariano Calabuig, el compareciente ha confirmado que la Operación Bicho se realizó con tres médicos venezolanos que estuvieron trabajando sin contrato, como publicó elDiario.es.
Carga contra los médicos que participaron en la 'medicalización'
“No se pudo completar la precontratación”, ha asegurado, culpando de esa situación a los trabajadores. “No aportaron los datos requeridos”. Una afirmación que desmintieron las fuentes consultadas en junio por las fuentes consultadas por esta redacción. Asimismo, fuentes legales recuerdan que dar de alta es “siempre” una obligación del empleador. “Una persona no se pone a trabajar con nadie si no está dado de alta en la Seguridad Social”, le ha planteado Calabuig.
A pesar de las condiciones en las que estuvieron desarrollando su labor estos profesionales en plena pandemia, este viernes Aragonés ha optado por cargar contra los médicos que estuvieron al frente del dispositivo, llegando a asegurar que les ha “demandado” por haber “filtrado” a esta redacción documentos “de carácter confidencial”.
Como ha publicado esta redacción, el caso de estos tres sanitarios no es una excepción, al menos una sanitaria más ha explicado a esta redacción que estuvo trabajando entre los meses de julio y diciembre del año pasado para este empresario sin estar dada de alta en la Seguridad Social. El gestor de la compañía de ambulancias ha reconocido los problemas económicos de su empresa, Transamed Servicios Médicos SL, que actualmente “está en concurso de acreedores”.
El compareciente ha explicado que desde la empresa Cardio Líder contactaron con él para “colaborar e intervenir en caso de pacientes graves” en residencias de ancianos, pero en ningún momento se le “transmitió” que la actuación a desarrollar en estos centros se limitase a un “estudio de campo”, como declaró Encarnación Burgueño en la última sesión de la Comisión de Investigación.
Sin contacto con la Comunidad de Madrid
“Nos dijeron entrar sin EPI, para dar aliento”, ha llegado a asegurar Aragonés, en relación al procedimiento que se desarrolló durante algunos días de la Operación Bicho. Su contacto con los responsables del proyecto a ejecutar, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fue nulo. “Yo, con la Comunidad de Madrid, no llegué a hablar nunca”, ha destacado, a pesar de que llegó a pedir tener contacto con “Carlos Mur [responsable sociosanitario de la Consejería de Sanidad en ese momento] porque muchas veces se producían retrasos”.
En su relato ha descrito varios de los escenarios que se encontraron los trabajadores de Transamed durante aquellos días. Falta de material, trabajadores sociosanitarios desbordados o escaso material para afrontar la labor que tenían encomendada. “Nos hemos encontrado con un paciente que el día anterior se rompió la cadera, pidieron la ambulancia del SUMMA y no llegó”, ha contado. Además, ha defendido que en otros casos recurrieron a las “instituciones públicas que podían hacer los traslados y no trasladaban” y que en un centro estuvieron “esperando casi dos semanas” a que llegase el equipo de Aragonés.