La factura que ha pagado el Canal de Isabel II por colocar a Camino Arroyo Prada, cargo confianza de Esperanza Aguirre e Ignacio González y expareja del embajador Gustavo de Arístegui, ha salido cara a la Comunidad de Madrid. Seis días después de cesar como personal de confianza en el Gobierno regional, la empresa pública de aguas que dependía de la misma Administración autonómica creó un puesto para ella, una jefatura de protocolo que no existía, y la incorporó a su plantilla con un sueldo de alto cargo de 84.000 euros anuales. Cuatro años después, y tras hacerse la prensa eco del enchufe, fue despedida. Entonces demandó a la empresa pública, que ha sido condenada a indemnizarla con 30.631,23 euros por “despido improcedente”.
La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, no fue recurrida y el Canal de Isabel II pagó lo estipulado por el juez a la exjefa de área de protocolo. Al frente de la empresa pública estaba entonces el actual presidente del Gobierno madrileño, Ángel Garrido. Este comportamiento es una excepción en la estrategia judicial de la empresa pública, que lleva años pleiteando contra los trabajadores que les denuncian ante los tribunales por fraude de ley en los contratos, con demandas similares a la que presentó Camino Arroyo.
Desde enero, la cascada de denuncias es tal que la empresa ha decidido contratar a un bufete de abogados externo por 600.000 euros para que les asesore. De momento la máxima del Canal de Isabel II es presentar recursos hasta llegar al Supremo si es necesario, lo que multiplicará los costes de los procesos, a cargo de dinero público. El Canal ya ha desembolsado más de un millón de euros por condenas derivadas de su política laboral.
El cese de Camino Arroyo como Directora General de Relaciones Internacionales en el Gobierno de la Comunidad, un puesto de confianza asignado a dedo, se publicó el 19 de septiembre de 2013. Menos de una semana después, el día 26, se formalizó su nuevo contrato. El cargo se creó exprofeso para ella y nadie lo ha ocupado desde que fue despedida en octubre de 2017, confirman fuentes del Canal a eldiario.es. “La plaza no está cubierta y la empresa estudiará su continuidad en el organigrama de la empresa”.
La resolución judicial, fechada en 16 de febrero de 2018, revela, además, que la empresa no tenía un área de protocolo cuando Arroyo fue contratada como jefa de ese área. La sentencia incluye que la directiva fue adscrita a dicha sección en abril de 2014, cinco meses después de entrar. Según fuentes cercanas a los sindicatos, el departamento no tenía plantilla, ni siquiera una persona que hiciera labores de secretaría.
La magistrada que firma la sentencia, encargada del juzgado de lo Social número 18 de Madrid, concluye que el contrato se considera indefinido y por eso su “extinción constituye un despido”. La demandante justificó que su puesto era estructural y desarrollaba una “actividad permanente”, características que son incompatibles con un contrato temporal por obra y servicio.
Según el contrato que firmó, entre las funciones de Arroyo estaba “la gestión de funciones de protocolo, asesoría y organización de acontecimientos institucionales”. La jueza afirma, primero, que “no está acreditada la finalización de los servicios objetos del contrato”, pese a que el Canal aludió a ello para despedirla. La sentencia subraya también que el contrato temporal no es válido y, al considerarse de facto indefinido, “no se acredita una causa real para la extinción”. Por lo tanto es improcedente. eldiario.es se ha puesto en contacto con la extrabajadora, que ha preferido no hacer declaraciones sobre el asunto.
Altos cargos imputados y despidos
El Canal de Isabel II está atrapado desde hace años en un caos de contratos que tendrá costes aún imprevisibles para las arcas públicas. De momento hay al menos una treintena de casos en los tribunales, aunque los sindicatos calculan que unas 70 personas pueden haber iniciado procedimientos para denunciar fraude de ley en sus contrataciones.
Este no es, sin embargo, el único ni mayor problema de la empresa pública. La gestión de los gobiernos de Aguirre y González dejaron un legado envenenando en forma de dos investigaciones judiciales (Púnica y Emissao), la última impulsada por el equipo de la expresidenta Cristina Cifuentes. El nepotismo devoró la empresa pública, que enchufaba a familiares y cercanos y premiaba a la prensa amiga.
Con la llegada de Cifuentes a la Puerta del Sol, salieron del organigrama varios altos cargos salpicados por la corrupción. El presidente ejecutivo de la filial colombiana Inassa y hombre de confianza de González, Edmundo Fernández Sobrino), imputado por graves delitos y considerado uno de los cabecillas de la trama corrupta; el exdirector del Canal, Adrián Martín, que fue sancionado por intentar destruir documentación, o la directora de negocios María Fernanda Richmond, que estuvo en prisión señalada como una las responsables por su puesto de la ruinosa compra de Emissao en Brasil. Estos dos últimos estuvieron meses suspendidos de empleo pero no de sueldo. Es decir, siguieron cobrando sin ir a trabajar, informó la Cadena Ser.
No todos los investigados, sin embargo, han terminado en la calle. Mantienen su relación contractual con la empresa el imputado Fernando de Cevallos –que fue suspendido de empleo y sueldo durante tres meses–, Gerardo Díaz y Jesús Hernández (investigados por la Operación Tosca, que incumbe la gestión de Hispanagua en Melilla), además de Manuel Beltrán (Caso Mercamadrid).