La pugna entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda, que exige recortes por más de 200 millones de euros al Gobierno municipal de Manuela Carmena, ha puesto una vez más el foco en la denominada regla de gasto. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012 con los votos de PP, CiU, UPyD y UPN, impide a las administraciones aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española. Esto impide a los ayuntamientos y diputaciones incrementar la inversión a pesar de que cierren sus cuentas con superávit: obligatoriamente el remanente de tesorería debe emplearse en amortizar deudas e impide a estos gobiernos apostar por unos presupuestos expansivos.
El cálculo de la tasa de referencia lo establece el Ministerio de Economía. Lo hace sobre la media móvil del crecimiento del PIB. Para 2015, se fijó en 1,3%; en el 1,5% para 2016, y en el 1,7% para este año: ningún municipio, por mucho ahorro que haya logrado, puede presentar unos presupuestos con aumento del gasto superior a esas cifras.
El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y Hacienda por este asunto ha acaparado todos los focos pero el malestar en las administraciones locales es general. La mayoría de municipios pide desde hace meses una nueva interpretación de la regla de gasto más justa para las corporaciones locales que ven reprimidas sus inversiones y, a la vez, sustentan con su ahorro las cuentas del Estado.
Los más de 7.000 millones de euros de superávit que han logrado los ayuntamientos en el pasado ejercicio han permitido que el Gobierno de Rajoy eluda un nuevo desvío presupuestario y contribuido a que España haya podido cumplir por primera vez con las exigencias de Bruselas. De todo el superávit municipal, más de 1.000 millones corresponden al Consistorio de Madrid al que ahora el ministro exige recortes por otros 200 millones de euros. La reclamación la hace el Gobierno central, pese a que en sus propias cuentas no ha logrado cuadrar su objetivo de déficit del 2,2% y se ha desviado en tres décimas, algo más de 3.000 millones de euros.
En 2015, el conjunto de administraciones públicas (administración central, Comunidades Autónomas y corporaciones locales) superaron la regla de gasto en 10.626 millones de euros. Ese ejercicio, el Gobierno de Mariano Rajoy incumplió en 4.970 millones su tope de inversión. El gasto computable aumentó un 6,4% cuando el límite era del 1,3%.
Lo que exigen las corporaciones locales ya se ha hecho antes: para el Estado y las Comunidades Autónomas. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de diciembre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas. Con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y PNV salió adelante la medida por la que el techo de gasto de 2017 asciende a 118.337 millones de euros y quedaban aprobados los nuevos objetivos de déficit, con mayor margen para las Comunidades Autónomas.
La FEMP y Red de municipios
Más de 600 alcaldes, concejales y parlamentarios autonómicos firmaron en octubre un manifiesto contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para impulsar un cambio en la política aplicada por el Gobierno en los ayuntamientos. La iniciativa, que fue presentada en el Congreso, la capitaneó el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por el PSOE. En ella pedía la derogación de la reforma local y la Ley de Estabilidad Presupuestaria así como “el cese inmediato de los recortes y la austeridad” en el ámbito autonómico.
Posteriormente, sobre esa base nació hace poco más de un mes la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes. La presentación la hicieron el edil de Madrid Carlos Sánchez Mato, Ana Taboada (vicealcaldesa de Oviedo) y David Navarro (concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, donde gobierna Podemos). Hasta el momento, más de 1.000 cargos han firmado el Manifiesto de Oviedo y más de 100 organizaciones municipalistas se han adherido a la Red. Hay plataformas ciudadanas y agrupaciones políticas de más de 25 ayuntamientos, entre ellas Ahora Madrid, Cadíz Sí Se Puede, Somos Oviedo o Zaragoza en Común.
Pero no solo desde estos espacios las entidades locales se están movilizando en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, también se ha manifestado en contra y reclamando una flexibilización del techo de gasto para las corporaciones locales.
“El sistema actual de cómputo del techo de gasto es perverso en contra de las corporaciones locales. Dado que tenemos superávit, que respetamos el techo de gasto, y que en términos de deuda ya estamos en los objetivos cumplidos del año 2021, parece razonable que se haga una interpretación del techo de gasto más proclive y propicia hacia los Ayuntamientos”, reclamó la FEMP a finales de febrero.
En el Consejo de Ministros del 10 de febrero el Gobierno se aprobó la creación del comité de expertos destinado a elaborar una propuesta sobre la reforma del modelo de financiación autonómica y local. Desde diferentes municipios se quejan de que no se está contando con ellos para esta propuesta pese a ser las administraciones que más saneadas tienen sus cuentas.
“Queremos una solución a la financiación local, si vemos que no hay progresos convocaré una asamblea de ayuntamientos este año que cuenta con 8.125 alcaldes”, advirtió hace mes y medio Abel Caballero, quien sabe que son muchos los regidores del PP que respaldan esa petición, aunque en público eviten enfrentarse a su partido.
Carmena, dispuesta a cumplir con Montoro
Carmena entretanto ha manifestado su disposición a cumplir con la ley: acepta aprobar una no disponibilidad de crédito por 238 millones de euros, tal y como exige Montoro. De no hacerlo, el Gobierno municipal se enfrenta a penalizaciones. La amenaza del Gobierno central podría culminar en la intervención del área de Economía que dirige Sánchez Mato e incluso a la disolución completa de la entidad local. Unas sanciones muy graves, que podrían derivar en serio conflicto institucional, pero a las que, según la letra de la ley, se expone cualquier corporación que incumpla la regla de gasto y no atienda a las exigencias de Hacienda.