El exdirector la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid Silvano Corujo ha ratificado este viernes ante el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica, Manuel García Castellón, que el expresidente madrileño Ignacio González le pidió en torno a un millón de euros al exconsejero delegado de la agencia José Martínez Nicolás para financiar determinadas campañas del PP madrileño, aunque ha precisado que él no tenía influencia alguna en las adjudicaciones.
Según informan fuentes jurídicas, Corujo, que ha declarado en calidad de testigo, ha explicado que Martínez Nicolás le comentó que se sentía presionado por el encargo hecho por el expresidente de la Comunidad de Madrid, si bien ha apuntado no le consta que se pagaran sobornos a cargos públicos por parte de empresas contratadas con la ICM.
Al respecto, el exdirectivo de la agencia ha asegurado que él formaba parte de las mesas de contratación pero que no ocurría lo mismo con Martínez Nicolás, ya que este no acudía a los comités de dirección ni a las mesas de compra. De hecho, ha dicho que el exconsejero delegado actuó siempre de la mejor manera, según las citadas fuentes.
El magistrado que comenzó instruyendo la trama 'Púnica', Eloy Velasco, consideró a Corujo “testigo privilegiado” de los hechos precisamente por su posición dentro de esta agencia. En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción en el año 2015, el testigo expuso que existían determinados contratos “inflados” de la entidad pública con las mercantiles PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra.
En esta ocasión, y preguntado por estos contratos, el testigo ha dicho que desconoce si existían irregularidades puesto que la gestión de estos acuerdos se llevaba a cabo desde la sede del Gobierno madrileño y que el responsable era el entonces secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, Blas Labrador Román, y quien sustituyó a Martínez Nicolás en el cargo desde el año 2014.
“Contratos cautivos”
A preguntas de la fiscal Carmen García acerca de los “contratos cautivos” con los que González habría ordenado recaudar un millón de euros para financiar irregularmente al PP madrileño y a los que hizo referencia en la denuncia que antepuso en la Fiscalía Anticorrupción, Corujo ha explicado que en este tipo de adjudicaciones siempre hay una empresa que, por su potencial técnico y su conocimiento en la materia, suele ser la que gana los concursos públicos.
Al respecto ha matizado que las órdenes de los contratos vienen de instancias superiores dentro del Gobierno regional y que ICM es simplemente el brazo ejecutor, aunque ha asegurado que no conoce ningún alto cargo de Indra, a quien se le habría encargado la adjudicación del recuento electoral de las elecciones autonómicas.
La versión que prestó este testigo en Anticorrupción fue clave para el inicio de la investigación 'Lezo' sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II. Precisamente tanto Martínez Nicolás como Ignacio González están investigados en esta causa, siendo este último el presunto cabecilla de la misma.