Las familias de un colegio abren la batalla judicial contra el Ayuntamiento de Madrid por las cocinas fantasma

Las licencias que permiten abrir cocinas industriales en el centro de la ciudad de Madrid se escudriñarán en los tribunales. Las familias de un colegio de Arganzuela, que llevan meses denunciando una instalación anexa al centro educativo, han presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por mantener el permiso urbanístico pese a que, aseguran, se han constatado deficiencias técnicas.

“La licencia concedida no cumple con los requisitos que debería tener este tipo de negocios industriales y los técnicos del Ayuntamiento han reconocido irregularidades importantes”, expone la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del CEIP Miguel de Unamuno. Las madres y padres recurren a la vía judicial ante la “inacción y el abandono del alcalde y el delegado de Urbanismo”. Para costear el proceso han abierto un crowdfunding. De momento la recaudación asciende a 1.890 euros. Solicitan 21.000.

La última comunicación que tuvieron con la corporación es del 19 de mayo. Entonces, la sección de Sostenibilidad y Control Ambiental notificó a las familias que una inspección el día 5 del mismo mes descubrió que las chimeneas incumplían con la altura necesaria. Aún no están abiertas. “Dada la potencia útil instalada en las cocinas el punto de extracción debería realizarse por encima de los edificios de la manzana”, explican.

Después, silencio. El AFA envió una carta al primer edil, José Luis Martínez-Almeida, que no obtuvo respuesta y se sucedieron, cuentan, llamadas a varias áreas de Gobierno para confirmar si las deficiencias revocaban la licencia. Una portavoz del área de Urbanismo asegura que el negocio, regentado por la empresa Cokuking, no tiene todavía licencia para echar a andar. El permiso de obras, añade, “es un proceso reglado y si se ajusta a normativa hay que concederlo”.

Entre las familias cunde el desconcierto puesto que las protestas vecinales, esta y en diferentes barrios, desencadenaron una serie de inspecciones por parte del Ayuntamiento que concluyeron que el 75% de las cocinas fantasma, instalaciones de corte industrial en el casco urbano, presentaban algún tipo de problema.

Su reclamación es que las licencias para estos negocios industriales se paralicen hasta que exista una regulación específica. Actualmente, las cocinas son alegales. El Ayuntamiento de Barcelona suspendió en marzo la concesión de nuevas licencias hasta que se aclare cómo se reglan.