La Fiscalía ha pedido a la Justicia que confirme la condena en costas del Partido Popular de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, por su acusación fallida y temeraria en el caso del Open de Tenis contra dos concejales del gobierno municipal de Manuela Carmena, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. El Ministerio Público ha impugnado el recurso del PP de Madrid que no discutía la absolución de los ediles, pero sí solicitaba no ser condenado en costas. Una condena que, según la acusación pública, está “plenamente justificada” por impulsar una acusación con una notoria “fragilidad de argumentos” contra sus rivales políticos.
El caso del Open de Tenis arrancó en 2017 con una querella interpuesta y anunciada por el propio José Luis Martínez-Almeida, pocos meses después de relevar a Esperanza Aguirre al frente del PP de la ciudad de Madrid. Una querella en la que se acusaba a los dos concejales de malversación y prevaricación por encargar informes para investigar si la anterior corporación municipal del PP había incurrido en irregularidades al firmar contratos con la empresa promotora del Open de Tenis con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde.
El caso, anunciado por Martínez-Almeida con un “hasta aquí hemos llegado en este intento de criminalización”, terminó en absolución para ambos concejales de Ahora Madrid y el resto de acusados y con una condena en costas para el PP por temeridad en sus acusaciones. Los jueces avalaron que los acusados actuaron “con la única finalidad de proteger los intereses públicos” y que el PP de Martínez-Almeida, sin embargo, les hizo enfrentarse a una acusación tan “generalista” que les causó “indefensión”.
El Partido Popular asumió la derrota procesal y no recurrió la absolución de Mayer y Sánchez Mato, pero sí pidió al Tribunal Superior de Madrid que les retirara la condena en costas por temeridad y mala fe. Algo que han rechazado los ex concejales de Ahora Madrid y que ahora también rechaza la Fiscalía.
En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal Antonio Gil pide avalar esta condena económica para el partido. “El grupo municipal del Partido Popular no puede alegar que desconocía la endeblez de su argumentación”, dice la Fiscalía tras recordar que pidieron el archivo varias veces y que ni siquiera acusaron en el juicio. “La condena en costas está plenamente justificada”, zanja el escrito.
El “empecinamiento” del PP
El escrito del fiscal cita doctrina establecida por el Tribunal Supremo cuando hace unos meses confirmó la condena en costas de un hombre que había impulsado una acusación igualmente temeraria y por varios delitos penados con cárcel contra otro que le había vendido una furgoneta con una avería. Una actuación temeraria, dijo entonces el Supremo, es un “boomerang” para la acusación.
En este caso, dice la Fiscalía, hubo una clara temeridad y mala fe por parte del Partido Popular. Una “ausencia de fundamento en la acusación” y un “empecinamiento” del PP en mantener vivo el caso incluso pidiendo unas agravantes “que no eran claras ni se hallaban debidamente justificadas”.
El PP llegó a solicitar cinco años de cárcel para cada uno por prevaricación y una versión agravada de la malversación, pensada para cuando el desfalco de dinero público supera los 50.000 euros. Los jueces reprocharon al partido que propusieran este subtipo agravado “cuando resulta evidente que el valor del contrato suscrito nunca fue superior a 50.000 euros”.
También destaca la Fiscalía la “fragilidad de los argumentos en que se sustentaba la acusación” cuando la Fiscalía nunca acusó. Por esto, destaca, el PP sabía que su acusación era temeraria: “La condena en costas está, por tanto, plenamente justificada y es conforme con el criterio del Tribunal Supremo”.
“La acusación era consciente”
José Luis Martínez-Almeida anunció la querella en 2017, al entender que Mayer y Mato habían utilizado de forma fraudulenta medios públicos de la empresa municipal Madrid Destino para buscar irregularidades en los contratos del Open de Tenis y abrir frentes judiciales al PP. La Audiencia Provincial de Madrid explicó, sin embargo, que desde el principio estaba claro que la acusación no se sostenía.
“La acusación era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados desde la perspectiva prevaricadora”, dijo la sentencia absolutoria tras remitirse a los informes de los servicios jurídicos externalizados que, además, alertaban de posibles irregularidades. “Sin duda fueron conocidos por la parte acusadora”, aseguraron los jueces.
No solo no hubo prevaricación y malversación, sino que la Justicia entendió que los dos concejales y el resto de acusados buscaban los intereses de las arcas públicas madrileñas. Actuaron “con la única finalidad de proteger los intereses públicos”, dijo la sentencia absolutoria sobre los concejales y sobre Ana Varela, consejera delegada de Madrid Destino.
Existían “fundadas y razonables dudas” sobre los contratos que el consistorio firmó en la época de Alberto Ruiz-Gallardón con la empresa MTP para poner en marcha el Open de Tenis, dijo la Audiencia Provincial, y no hacer nada tal y como defendía el PP en su querella hubiera supuesto “ponerse de espaldas y aceptar sumisamente la corrección de todo el proceso”.