La coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para reclutar rastreadores se da por fracasada. Solo tres sanitarios municipales están trabajando a día de hoy en estas labores, con la región en el epicentro de los contagios en España y un conflicto político abierto entre el Gobierno de Ayuso y el Ejecutivo de Pedro Sánchez por las medidas tomadas para atajar la propagación del virus, según los datos oficiales de la corporación que dirige José Luis Martínez-Almeida.
Después de dos llamamientos con escaso resultado y un convenio que pretendía incorporar a 100 profesionales del Ayuntamiento en mayo y terminó guardado en un cajón, la corporación municipal asegura que ya ha pasado página y está “centrada” ahora en “otros campos de colaboración”, como prestar personal a la Consejería de Sanidad para realizar el millón de test que la presidenta regional anunció para las zonas de salud afectadas por las restricciones más severas. En estos cuatro meses, el Consistorio ha logrado ceder a ocho trabajadores de la plantilla municipal: seis en agosto y tres en septiembre. De estos últimos, uno ya estaba el mes anterior. La plantilla total de Madrid Salud es de 1200 trabajadores, el 70% de perfil sanitario o sociosanitario.
La sensación entre los trabajadores de Madrid Salud -el organismo municipal encargado de salud pública y comunitaria- es que se les ha ido reclamando para “apagar fuegos sin criterio”. “En mayo se consideró que no hacía falta. Había un plan redactado en coordinación con la anterior directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, para incorporar a 100 rastreadores en las dependencias de 16 centros municipales de salud municipales, pero finalmente nos dijeron que no se los iba a usar tras su dimisión. Vimos que no había interés”, relata Pilar Heredia, secretaria de la Junta de Personal de Madrid Salud y delegada de UGT. La Consejería también puso problemas, según Heredia, a dar acceso a estos trabajadores al “programa informático por cuestión de protección de datos”.
Sin embargo, la plantilla se sorprendió cuando a finales de julio sus jefes les reclamaron de nuevo como voluntarios por orden de la Comunidad de Madrid. Eso implicaba renunciar a las vacaciones estivales, según Heredia, y el éxito de la propuesta fue muy limitado. “La gente estaba tocada y necesitaba descansar. Además, hubo voluntarios que no pudieron incorporarse porque sus servicios se quedaban desatendidos al estar parte de la plantilla de libranza”, prosigue.
El resultado de este primer llamamiento in extremis, cuando la Comunidad intentaba a trompicones reclutar rastreadores a base de privatizaciones y personal de otros ayuntamientos, fueron seis efectivos. En septiembre, el número se ha reducido a la mitad pese a que el Gobierno municipal rebajó el perfil exigido a los voluntarios: ya no debían tener necesariamente formación sanitaria (A1 o A2) y en su lugar se les daría un curso previo.
La portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz (PP), justificó la semana pasada que la Comunidad de Madrid ya había ido “estableciendo su red de rastreo”. Pero este mismo lunes, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado la incorporación de 500 efectivos en octubre, la mitad de los “casi” mil que ahora hay operativos.
La administración regional no proporciona una cifra exacta de cuántos son. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso los ha ido sumando a golpe de polémica y a rebufo del aumento de contagios meses después de prometer al Ministerio de Sanidad los suficientes para pasar de fase en la desescalada. En el último mes se han agregado también 150 efectivos proporcionados por el Ministerio de Defensa.
La última petición: hacer horas extras pagadas
Tras el fracaso en la cesión de rastreadores municipales, la Comunidad de Madrid ha vuelto a pedir al Ayuntamiento refuerzos para realizar las pruebas de antígenos a los vecinos de los barrios con más incidencia del virus. Una de las medidas anunciadas por el Gobierno regional para controlar la epidemia. El Ejecutivo de Ayuso no dispone, de nuevo, de personal suficiente. Y la corporación de Almeida repite operación. Esta vez ha ofrecido a la plantilla de Madrid Salud y Samur trabajar horas extra con retribución. “De manera voluntaria”, puntualizó Sanz. Cada hora de más se paga a 22 euros si eres médico, a 18 en el caso de enfermeros y se queda en 13 para los auxiliares. El Ayuntamiento no solo prestará personal; también espacios municipales para hacer los test, como polideportivos u otros lugares polivalentes. El operativo empieza este martes en un centro cultural de Puente de Vallecas.
Fuentes municipales no aportan datos de cuántos profesionales se han apuntado a este nuevo servicio, pese a que el Gobierno regional prometió empezar con estos test esta semana. Los sindicatos están negociando con la empresa municipal, Madrid Salud, las condiciones de ese exceso de jornada. El Ayuntamiento, de momento, ha eliminado el tope de horas extra que pueden hacerse legalmente para allanar el buen resultado, confirman desde la Junta de Personal de Madrid Salud, el equivalente al comité de empresa. “Hay unas 50 personas dispuestas, el compromiso de nuestra plantilla es muy elevado, pero estamos preocupados por las repercusiones en la salud del exceso de trabajo”, aseguran.
Sí hay algunos ámbitos en los que la colaboración entre la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento ha sido exitosa. Por ejemplo, en la vacunación de niños y jóvenes o en la próxima campaña de la gripe, asumida por Madrid Salud. “Para eso no hubo problemas de protección de datos”, apostilla Heredia. El Consistorio también ha desplegado, en un trabajo conjunto con Salud Pública, carpas informativas en la calle para informar a los madrileños sobre asuntos de prevención y programas en los barrios con más riesgo.