Francisco Barrueco (Santander, 1963) es uno de los funcionarios de la Consejería de Transportes que denunció en 2013, como representante de los trabajadores públicos del área, las sospechas de irregularidades que los directores de obra manifestaron acerca de la cláusula del 1% para publicidad, con la indicación concreta de con qué empresas había que contratarla. Los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González incluyeron esta cláusula en decenas de contratos públicos y ahora la Audiencia Nacional investiga si el dinero se desvió para pagar campañas del PP.
La Junta de Personal, como adelantó eldiario.es el pasado septiembre, lo denunció primero por escrito y después en una reunión con el actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, entonces viceconsejero de la Consejería de Transportes. “Borja Carabante fue clave en la gestión de la cláusula del 1%, es imposible hablar del 1% en los contratos de la Consejería de Transportes sin tener en cuenta su papel”, asegura el trabajador público.
Barrueco explica que se trataba de un procedimiento “extraño” y que la cláusula se incluyó “en absolutamente todos los contratos”. A su juicio, se trataba de una instrucción “de arriba” dado que la redacción de la cláusula era idéntica en todos los contratos. “Si la redacción de la cláusula es igual en la Consejería de Transportes y en la Consejería de Sanidad, ¿quién puede dar órdenes a un consejero?”.
¿Le ha sorprendido la lista que se ha hecho pública con los 200 contratos que incluyeron la cláusula del 1% en proyectos de la Consejería de Transportes? se ha hecho pública con los 200 contratos que incluyeron la cláusula del 1% en proyectos de la Consejería de Transportes
No me ha sorprendido porque yo ya tenía noticias de que desde 2007 se dio la orden de que incluyeran en todos los pliegos de cláusulas administrativas la cláusula del 1% para difusión de las obras. Con lo cual daba por hecho que todas las obras entre el 2007 y el 2013 incluían esa cláusula y pueden ser 200 como 300.
¿Sabe dónde partió la idea de incluir la cláusula?
No lo sé. A mí se me dijo por los pasillos que en 2007 el consejero Manuel Lamela llegó desde la Puerta del Sol con instrucciones de incluir esa cláusula en todos los contratos, que además la traía escrita. Por eso está igual redactada en todas las direcciones generales, en los proyectos de Transportes y en los de Sanidad. Lamela vino desde la Puerta del Sol con la orden de incluirla en todos los contratos, absolutamente en todos: de obras, de servicios... Pero no lo sé de primera mano, a mí eso me lo han dicho.
Entonces cree que eran órdenes de arriba.
Si la redacción de la cláusula es igual en la Consejería de Transportes y en la Consejería de Sanidad, eso demuestra que la instrucción no era responsabilidad ni del consejero de Transportes ni del consejero de Sanidad, sino que era de alguien de arriba y con poder para dar a los dos consejeros la misma orden. Si son órdenes dadas a ambos por igual, ¿quién puede dar órdenes a un consejero?
¿Esperanza Aguirre?
A un consejero solo pueden darle órdenes desde la Puerta del Sol.
Hablaba de que la cláusula del 1% estaba en todo tipo de contratos, y en el listado que se ha publicado puede verse que se incluyó también en los de limpieza o de renting de vehículos. En eldiario.es además se publicó que la cláusula aparece en uno de redacción de proyectos, ¿tiene sentido?rentingEn eldiario.es además se publicó que la cláusula aparece en uno de redacción de proyectos
Obviamente no, no tiene sentido ninguno. Hasta en un contrato de limpieza y ratización se incluye una cláusula de difusión. Es absurdo. Lo que ocurre es que si desde arriba te dicen que en todos los pliegos hay que incluir esa cláusula, se incluye.
Como representante de la Junta de Personal denunció por escrito en 2013 las quejas que varios funcionarios compañeros les manifestaron sobre la cláusula del 1%, entonces ni siquiera se investigaba en la Audiencia Nacional. ¿En qué consistieron aquellas sospechas?
La Junta de Personal como órgano colegiado de representación del funcionariado recibió, y además con la petición de que mantuviéramos la confidencialidad de los denunciantes porque parece ser que había bastante miedo, la inquietud de muchos funcionarios por lo que era un procedimiento ajeno y extraño. En la administración, el pago más nimio e insignificante tiene un montón de trámites, un montón de firmas y un montón de papeles y de justificantes. En cambio, en este caso los compañeros nos transmitían que un asesor de Borja Carabante, primero como director general y luego como viceconsejero de Transportes, citaba en su despacho a los ingenieros directores de las obras y les entregaba una factura con los supuestos gastos de publicidad y les decía: “Pasárselo al contratista y que lo pague”. Esto es una forma de actuar que repugna a cualquier funcionario de la administración. Las cosas no se pagan así.
Eso les extrañaba.
Claro. Ellos vinieron a nosotros como órgano colegiado de representación de los funcionarios con esta inquietud. Pero ahora visto con la distancia creo que cometimos un error. Lo que hicimos fue un poco con mentalidad de funcionario, que es confiar en la jerarquía y ponerlo en conocimiento del superior de la Consejería, que en ese caso era el consejero Pablo Cavero. Después de lo vivido, hoy pienso que deberíamos haber ido directamente a la Fiscalía Anticorrupción. Creímos que habíamos cumplido con nuestra obligación. Pero de alguna manera informamos a los lobos de que estaban desapareciendo corderos.
En aquel momento, las críticas eran por el despilfarro de dinero público para autobombo. Lo que se investiga ahora es el desvío de fondos para campañas del PP. Es un salto en la gravedad de los hechos. ¿Sospecharon algo?
En la administración, en obra pública, siempre se ha invertido dinero en inauguraciones, en primeras piedras, en folletos, en información... En los años en que ocurrió esto, en plena crisis, era incómodo presenciar este tipo de gasto, pero creo que en el fondo no era un problema ni de despilfarro ni de autobombo, sino que el procedimiento era extraordinariamente sospechoso. Lo auténticamente extraño era que Arturo Rodríguez Escribano, asesor de Borja Carabante, citara a funcionarios, ingenieros, directores de obra a su despacho y de forma, por cierto, bastante autoritaria y desagradable, les tirara encima de la mesa una factura y les dijera “que tu contratista la pague”. Igual hay que ser funcionario para entenderlo, pero va en contra del funcionamiento de la administración. En aquel momento, aunque todos podíamos tener nuestra opinión, el fondo del asunto realmente era de inquietud, porque las cosas no se hacen así.
¿Cómo se dieron cuenta que se podía tratar de una irregularidad?
Por definición, las facturas en la administración no hay un señor que te llame a tu despacho y te diga “toma que paguen esto”. Esto es un procedimiento mucho más burocrático. Cualquier pago, por minúsculo que sea, lleva un procedimiento, una revisión, una intervención, lleva una contabilización. Es aberrante que alguien llame a un funcionario, le tire la factura y diga: “que paguen esto”.
Esa denuncia por escrito derivó en una reunión con el entonces viceconsejero del área y actual concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante. ¿Qué se les dijo en aquella reunión?
Fue una reunión muy extraña porque, según nos sentamos, el señor Carabante se puso muy nervioso. Empezó con reproches. A mí no se me olvida aunque han pasado muchos años, que empezó diciendo “es que la junta de personal no tiene otra cosa de qué ocuparse, ¿no tenéis otra cosa de la que preocuparos?”. Para empezar, la Junta de personal, como cualquier órgano de representación, se ocupa de lo que cree conveniente, no es el viceconsejero quien decide de qué tenemos que ocuparnos y de que no. Y en este asunto, por diversos motivos, entre ellos el uso correcto del dinero público o el buen nombre de los funcionarios que representamos, nos pareció que era competencia de la Junta de personal.
Después de estos reproches, Carabante empezó a a negar que hubiera ningún tipo de irregularidad y apenas nos dejó exponer el caso. Fue una reunión muy desagradable. Con el tiempo acabas entendiendo que los nervios estaban justificados. Porque acabó sin ningún tipo de diálogo y curiosamente nos llegó la noticia de que esa práctica del 1% para gastos de difusión dejó de aplicarse en la Consejería.
¿Cuál cree que era el papel de Carabante?
En tanto en la etapa de Borja Carabante como director general de Carreteras, como en la posterior de viceconsejero de Transportes, puedo afirmar que fue una persona clave en la gestión de la cláusula del 1% que estamos tratando. Es imposible hablar del 1% en los contratos de la Consejería de Transportes sin tener en cuenta el papel de Borja Carabante.
¿Por encima del consejero?
Tampoco tengo claro cómo funciona la cúpula de la Consejería, pero a pie de oficina tenemos la impresión de que mientras que el consejero es un cargo absolutamente político y representativo, el trabajo interno de la Consejería está más en manos del viceconsejero. Siempre. Pero no lo digo por esa forma genérica de trabajo, sino porque la persona encargada de repartir esas facturas, era asesor primero de Borja Carabante como director general y luego como viceconsejero. No era un asesor del gabinete del consejero, sino que era estrictamente un asesor de Carabante el que hacía todo.
¿Los funcionarios tuvieron trato con las empresas de publicidad?
No. Siempre en obra pública se han podido imprimir folletos anunciando, por ejemplo, un desvío de tráfico o una campaña de seguridad vial o una inauguración. Pero si el contratista estaba obligado a pagar ese acto de inauguración, era el contratista el que decidía cuál era la empresa de eventos que le daba mejor precio o mejor servicio, es decir, ellos decidían con quien trabajaban. Pero lo que se hacía aquí era que se llevaban las facturas como si el trabajo ya estuviera hecho, sin que estas empresas supieran si realmente los folletos se habían impreso y si esa campaña de difusión se ha llevado adelante.
Decía que tras la reunión con Carabante la cláusula desapareció.
Igual que he dicho antes, que lamento no haber reaccionado correctamente y no haberle enviado las sospechas a la Fiscalía, por otro lado, si me queda la satisfacción de que al menos el toque de atención de la Junta de personal sí sirvió para suspender una práctica que a todas luces cada vez no era correcta. Le queda a uno la satisfacción del deber cumplido.