El Gobierno de Almeida alarga un mes y medio más los contratos de limpieza de Ana Botella

Los contratos con los que el Ayuntamiento de Madrid pretende garantizar, tras ocho años de suciedad, una capital con las calles más limpias no van a entrar en vigor en fecha y forma. La corporación que dirige José Luis Martínez-Almeida ha prorrogado la gestión de las empresas concesionarias un mes y medio, aunque entre los trabajadores cuentan con que probablemente será más tiempo. Las nuevas adjudicatarias debían empezar a funcionar este domingo 1 de agosto.

Los comités de empresa han sido informados del retraso, según han confirmado representantes sindicales a elDiario.es, pero los trabajadores desconocen qué ha provocado esta situación. Intuyen que las adjudicatarias han podido pedirlo porque los nuevos contratos les exigen la renovación completa de la maquinaria de trabajo.

Una portavoz del área de Medio Ambiente y Movilidad, liderada por el concejal Borja Carabante, explica que la prórroga responde a facilitar “la transición de los contratos a lo largo del mes de agosto y ante la eventualidad de que se pueda presentar algún recurso”.

Aún no se han hecho oficiales las adjudicatarias definitivas de cada uno de los seis lotes que dividen Madrid. “Hasta que no se firme el contrato no se puede”, precisan desde Medio Ambiente, aunque según fuentes sindicales algunas empresas repetirán y otras nuevas entran. En uno de los lotes se ha producido, según consta a los sindicatos, un tira y afloja de subidas y bajadas. Las constructoras que se beneficiarán de la prórroga -porque actualmente gestionan el servicio- son ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL

A los trabajadores, que han depositado gran parte de sus esperanzas en los nuevos contratos, el retraso les ha generado contrariedad. A su entrada en vigor está ligado el nuevo convenio colectivo, que mejora las condiciones salariales. La subida es del 2,17% anual, explica Manuel Menéndez, delegado de la Federación del Hábitat de CCOO (antigua Construcciones y Servicios), además de la contratación de cerca de 2.000 operarios más, según anunció el Gobierno municipal. “Cuanto antes arranquemos, mejor”, agrega.

Las plantillas llevan desde 2013 sufriendo unos contratos firmados cuando la deuda del Ayuntamiento alcanzaba los 7.000 millones de euros. En estos años se han devaluado sus condiciones de trabajo: no se han reemplazado las vacantes por jubilación y no se cubren las vacaciones, según los sindicatos, y esto ha ido menguando los equipos. La tormenta Filomena, que anegó la capital de nieve y hielo, puso de manifiesto estas carencias. En 2013 había 6.300 operarios en limpieza viaria, hoy quedan 4.100 más 400 eventuales, según cifras de UGT.

Los contratos en vigor hasta el 15 de septiembre empezaron a funcionar durante el mandato de Ana Botella. La exalcaldesa integró 39 servicios públicos –de limpieza viaria y jardinería– en un solo megacontrato dividido en seis lotes para ahorrar costes y aplicó recortes del 10% en el presupuesto (256 millones en total) de partida. Con una deuda encima de 7.000 millones, Botella optó por sacrificar el servicio.

La competencia entre empresas, gigantes del sector de la construcción y los servicios, rebajó aún más el precio de los 2.317 millones iniciales para 10 años a 1.944. Hasta el punto de que, una vez con el servicio entre las manos, sus ofertas eran tan temerarias que no daban de sí para pagar a la plantilla. Los pliegos entonces no recogían ninguna exigencia de personal. Los recortes de más de 1.100 efectivos de un total de 6000, planteados por las adjudicatarias (entre ellas Cespa, Valoriza, Obrascón y OHL-FCC), provocaron la huelga más larga de limpieza en la capital desde 1999. 13 días que terminaron con una victoria parcial de los trabajadores: un ERTE y una congelación salarial por cinco años.

Los nuevos contratos dejan de ser integrales y buscan hacer borrón y cuenta nueva en la gestión arrastrada durante años. El sistema ataba de pies y manos a la administración, dando escasísimo margen a los gobiernos para mejorar el servicio. Ahora Madrid introdujo algunos cambios: cambió la catalogación de las calles para que un mayor número fueran limpiadas a diario –el sistema distingue entre primarias y secundarias, mucho menos atendidas– y canceló el ERTE. La primera subida salarial de los empleados, mínima, no se produjo hasta 2018.

José Luis Martínez-Almeida, entonces líder de la oposición, hizo una dura campaña contra la exalcaldesa por la gestión de la limpieza, pese a que conocía que la posibilidad de introducir cambios era mínima. Después, ya en la alcaldía, ha sufrido los mismos problemas, aunque la postura del PP siempre ha sido la de evitar una crítica directa a los contratos de Botella pese a que han intentado sortear también los límites impuestos por los contratos. Habrá que esperar un mes y medio más de lo previsto para comprobar si la limpieza de la capital cambia de verdad.