El Ayuntamiento de Madrid seguirá multando por entrar sin permiso en la zona de bajas emisiones del centro tras el auto del Tribunal Supremo que anula Madrid Central. Las sanciones continuarán tramitándose con normalidad y las cámaras de seguridad permanecerán encendidas, confirman fuentes municipales, cuyos servicios jurídicos están estudiando el alcance de la decisión judicial. La posición de la corporación de PP y Ciudadanos, advierten, puede cambiar en los próximos días. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que aún es “aventurado” concretar qué va a ocurrir y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha pedido a los madrileños “actuar como si Madrid Central siguiera existiendo”. Contra todo pronóstico, el frente judicial que el PP abrió contra el Gobierno de Carmena para frenar las restricciones ha estallado en su contra.
El Gobierno local se agarra a que cuenta con un plazo de ejecución de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en verano de 2020 y que ahora adquiere firmeza, de dos meses. Eso si ninguno del resto de recurrentes -asociación de automovilistas, empresarios nocturnos...- exige que se cumpla antes. En este tiempo, el área de Movilidad y Medio Ambiente pretende aprobar en Pleno la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible. La norma mantiene intacta la zona de bajas emisiones -salvo nuevos permisos para comerciantes para aparejar sus derechos a los residentes-, pero subsana los defectos de forma que constatan los tribunales y que han sido el motivo de la anulación.
El recurso que ha tumbado definitivamente Madrid Central fue presentado por el grupo municipal popular cuando estaba en la oposición con José Luis Martínez-Almeida a la cabeza. El pronunciamiento del Supremo, que solo intentó evitar con un recurso Ecologistas en Acción, ha cogido a la corporación por sorpresa. El área dirigida por Borja Carabante no contaba con un auto tan temprano y pensaba que tendría tiempo suficiente para tramitar la ordenanza nueva. El Ayuntamiento prevé llevar al Pleno de julio la norma, lo que despejaría los problemas legales a los que ahora se enfrenta el Consistorio.
¿Y las multas?
El Ayuntamiento de Madrid ha comunicado 1.393.000 multas desde el 16 de abril de 2019, cuando entraron en vigor las sanciones en la zona de bajas emisiones. Estas multas son aquellas que han llegado al infractor. Tienen firmeza y la corporación defiende que no serían devueltas, según los servicios jurídicos municipales, aunque la medida ya no exista. Otra cosa es lo que ocurra con las que están en tramitación a partir de que se suspenda, si llega el caso, la zona de bajas emisiones y con las cientos que hay recurridas.
En todo caso, la corporación de PP y Ciudadanos ya están estudiando qué hacer si son obligados a ejecutar la sentencia antes de que puedan dar el aprobado definitivo a la ordenanza de movilidad sostenible. Si se diera este escenario, el área de Movilidad y Medio Ambiente podría utilizar como plan B el recurso de la peatonalización temporal para evitar la circulación masiva en algunas vías del centro de la ciudad.