7.291 mayores que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid murieron entre marzo y abril de 2020 sin poder ser derivados a hospitales. Ahora, cuatro años después de las trágicas muertes, familias de esos mayores han recibido cartas de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso, aunque no de reparación, sino para reclamarles el dinero por los días de marzo y abril que estuvieron sus allegados en los centros de mayores antes de morir, según ha informado Cadena Ser.
La Ser recoge los testimonios y las cartas remitidas en las que se precisa el número de días que faltan por pagar y el monto correspondiente desde que se aisló por completo a los residentes hasta que murieron solos, sin recibir atención médica, y sin que sus allegados pudiesen saber nada de ellos en muchos casos. Los familiares no dan crédito: “No voy a pagar, así vaya a la cárcel. No lo voy a pagar bajo ningún concepto”, decía en directo María, la hija de un fallecido en las residencias de la capital.
Es la primera vez que el gobierno autonómico se pone en contacto con ella después de la muerte de su padre y no comprende por qué, si el pago estaba domiciliado, se dejó de cobrar en marzo y ahora le reclaman la deuda, de casi 675 euros. Su primera reacción, ha indicado en 'Hoy por hoy', fue la de “tirar la carta a la basura”. “Es como si el asesino de mi padre le pidiese el coste de la bala”, ha añadido.
La consejería que dirige Ana Dávila ha asegurado que “todas las administraciones públicas están obligadas por la legislación estatal a requerir a los ciudadanos sus deudas” y que “la legislación estatal no estableció ninguna excepcionalidad con las deudas pendientes durante la pandemia”.
“Demuestra una falta de respeto a las víctimas fallecidas”
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha criticado la decisión del gobierno autonómico y ha cargado contra la gestión de Ayuso. “Ojalá la Comunidad de Madrid hubiera sido tan diligente como lo está siendo ahora en aquellos momentos para derivar a todas esas personas a los hospitales”, ha indicado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Seguramente hoy tendríamos que lamentar muchas menos muertes”, ha añadido.
“Con esas reclamaciones lo único que se demuestra es una falta de empatía, humanidad y respeto a las víctimas fallecidas”, así como una “falta de respeto hacia el dolor de tantos familiares”.
Ayuso justificó sus protocolos
“Había muertos en todas partes; en las casas, en los hospitales, en las residencias”. Así justificó la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, su veto a que los mayores enfermos por COVID fuesen trasladados a centros hospitalarios. No se ha hecho un estudio pormenorizado de cuántos de los ancianos lo hubieran necesitado y hubieran salvado la vida gracias a ello. La plataforma civil Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid presentó hace unas semanas un informe en el que estimaba que 4.000 mayores muertos se podrían haber salvado.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado la decisión autonómica a través de un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter: “La crueldad de Ayuso con las familias de los 7.291 fallecidos en las residencias no tiene límites”, ha dicho.
Ya los informes policiales de 2020 desvelaban la horrible situación de las residencias de mayores durante la pandemia. Diferentes centros detallaron a los agentes de la Policía que fueron ignoradas sus llamadas de socorro, unos testimonios que “sugieren abandono por parte de las instituciones”, tal y como recogieron los agentes en el texto. Los profesionales reclamaban de manera urgente equipos de protección, test rápidos y en definitiva, ayuda a la administración, que no respondía en la mayoría de los casos expuestos.