La presión conjunta de los directores de los centros de salud –ya se habían sumado casi un centenar– ha provocado la rectificación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Estos profesionales amenazaban con una cascada de dimisiones si la Consejería de Sanidad no reculaba y les devolvía las competencias para permitir los doblajes de jornadas de médicos para cubrir las bajas de otros sanitarios.
Estos profesionales –que a su vez son médicos y también pasan consulta– hicieron público este martes un comunicado en el que se autodefinían como “inhabilitados” y “suspendidos en funciones” después de que la Consejería de Sanidad suprimiera de la noche a la mañana las sustituciones de las bajas de médicos en los centros de salud para ahorrarse las horas extras que pagan a los sanitarios que las realizan doblando sus turnos. La medida iba a provocar que muchos ambulatorios que ya están al límite de personal “colapsaran”.
La gerente asistencial de Atención Primaria, Sonia Martínez, ha respondido este miércoles a la presión de los centros de salud con una carta dirigida a los directores, que ha adelantado El País y a la que ha tenido acceso elDiario.es, para comunicarles que daban marcha atrás con respecto a las comunicaciones que se hicieron verbalmente días atrás. En ella Martínez asegura que esta herramienta de doblaje de jornadas continúa ya que está destinada “a preservar la capacidad asistencial suficiente en el centro de salud”. “Permite cubrir ausencias cuya gestión coordináis de forma descentralizada como directores de centro para las que, habiéndolo considerado necesario, no ha sido posible la contratación de un facultativo suplente”, añade.
El motivo de la nueva batalla que había levantado en armas a los directores de los centros de salud se producía hace unos días. Las direcciones asistenciales de áreas –dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad– comunicaron verbalmente a estos profesionales el cambio de las normas para la cobertura de las ausencias de médicos y pediatras en sus ambulatorios, que en algunos casos se encuentran en estado crítico por falta de personal. De esta forma, la Consejería ordenaba suprimir las suplencias que se han producido en los últimos meses entre los sanitarios de los centros de salud y que consistían en que doblaban turno para sustituir a un compañero de baja, unos turnos de cuatro horas que se pagaban como horas extras a 200 euros y que ayudaron este verano, por ejemplo, a cubrir las vacaciones de muchos sanitarios.
La guerra entre los sanitarios de la Atención Primaria y la Comunidad de Madrid no es nueva y se ha intensificado los últimos meses. Llueve sobre mojado y las denuncias de falta de personal son una constante desde antes de la pandemia. El último plan presentado por la Consejería de Sanidad para mejorar la asistencia de la Primaria –200 millones en dos años– no ha convencido a los sindicatos, que ven la propuesta insuficiente. “Hay un déficit estructural de 1.800 sanitarios actualmente y dicen que van a contratar a 1.200, eso no cubre ni los casi 1.500 que se jubilarán en los próximos años”, denuncian los sindicatos.
Mientras el déficit estructural de sanitarios continúa, solo 17 médicos de los 224 que terminaron el pasado verano la especialidad familiar en la Comunidad de Madrid se quedaron a trabajar en la sanidad madrileña porque otras regiones ofrecen mejores condiciones. La consecuencia directa es que el cierre de los servicios de urgencia de Atención Primaria (SUAP) continúa más de 500 días después.