El Gobierno de Ayuso siguió cobrando la plaza a los mayores que abandonaron las residencias en pandemia

El 8 de marzo de 2020, el Gobierno de la Comunidad de Madrid cerró a visitas las 475 residencias de mayores que hay en la región con sus 40.000 personas dentro. Allí murieron, sin traslado a hospitales y con una asistencia sanitaria precaria, 7.291 mayores en solo dos meses de pandemia. Y aquellos mayores que tenían plaza subvencionada y que gracias a sus familiares consiguieron salir de esos centros durante la pandemia tuvieron que seguir pagando. Si no, perderían la plaza de copago que tanto cuesta conseguir sin que el ejecutivo les diera ninguna otra opción pese a la situación de excepción.

Los padres de Esther Ortega fueron dos de los mayores que vieron cómo se cerraba la puerta de su residencia, la concertada Orpea Alcobendas, dejando fuera al mundo y a su hija. Manuel, que hoy tendría 87 años, padecía párkinson y había logrado una plaza subvencionada (una parte la paga el residente y la otra la Comunidad) por la que desembolsaba 600 euros después de meses en una lista de espera para conseguirla. Su mujer, Rosario, que ha cumplido 81, tenía las capacidades cognitivas intactas, pero había sufrido un atropello y estaba totalmente inmóvil. Había ingresado en la residencia el 6 de marzo del año de la pandemia, en una plaza privada por la que pagaba casi 3.000 euros. Dos días después, se limitaron las visitas y Rosario quedó dentro con su marido.

“Yo llevaba tiempo denunciando la desatención de mi padre, antes incluso de pandemia, que hizo estallar una situación muy mala que ya estaba antes en las residencias. El primer día que no pude entrar, a mi madre le dieron las medicinas equivocadas, me contaba que no le cambiaban si se orinaba... Una vez estuvo mojada durante ocho horas”, cuenta.

“Llamaban al botón y nadie iba a atenderlos. Así todo”. En marzo y abril de ese año la situación en las residencias era límite. Defensa tuvo que enviar al Ejército a desinfectar, no había material de protección y los mortuorios no daban de sí. La Comunidad de Madrid se hizo con la gestión de una decenas de centros por su situación “crítica”.

El caos que relata Esther fue a más debido a que no hubo medicalización de los centros como se prometió, la carga vírica era alta por la gravedad de los casos y había concentración de enfermos en espacios reducidos y no ventilados. Además, el 40% de trabajadores estuvieron de baja en los primeros meses, como reveló el entonces consejero de Asuntos Sociales, de Ciudadanos, Alberto Reyero, que mostró su desacuerdo con los llamados protocolos de la vergüenza –los que limitaron las desviaciones de ancianos a hospitales– y acabó dimitiendo el 2 de octubre de 2020.

El panorama era tal que la propia Consejería de Asuntos Sociales de Reyero envío una carta sin fechar pero al inicio de la pandemia, a la que tuvo acceso elDiario.es, en la que se instaba a los mayores a quedarse fuera de los centros. “Si dispone de apoyo y una cobertura suficiente para permanecer en su propio domicilio, es muy recomendable quedarse en el mismo, hasta que el curso epidemiológico de la enfermedad se controle”, decían por escrito.

A partir de ahí, hubo residencias que dejaron salir a los mayores, otras no. Un informe de Asuntos Sociales recoge, por ejemplo, la confusión que había y cómo la propia directora general escribe un mail a Sanidad el 15 de marzo para preguntar si pueden o no salir mayores. Mientras, Madrid se convertía en la comunidad autónoma de España con mayor mortalidad por plaza.

Después de mucha incertidumbre y sufrimiento, el 15 de abril de 2020, un mes después de decretarse el estado de alarma, Esther entró a la residencia y exigió llevarse a sus padres ante la desatención que le relataba día a día su madre Rosario, desatención que un grupo de familias habían denunciado el 4 de abril ante la Policía: “Al principio nos dijeron que no los podíamos sacar de la residencia, hasta que el 20 de marzo que me enteré que sí se podía por un grupo de WhatsApp que teníamos, pero nadie nos informaba, hubo gente que ni se enteró, los dejó y algunos murieron, hay casos en los que murieron los dos, padre y madre mientras los hijos pensaban que estaba prohibido sacarlos”.

Esther se los llevó entre protestas ante el centro y escritos de denuncia: “Puse en un margen del documento de salida que no me iba voluntariamente, me iba porque estaban mal allí, salimos obligados por el mal trato y la desatención. Mi madre, con depresión. Mi padre, deshidratado”. Esta profesora de español dejó a su propia familia y su casa ese día y se mudó con sus padres para cuidarlos ella misma, contrató a una persona para unas horas –su madre tenía 200 puntos a causa del accidente– y tuvo que dejar en suspenso su trabajo y su vida. “Pasé mucho miedo con la posibilidad de contagiarlos y de que estuvieran contagiados”.

La sorpresa vino cuando quiso suspender el pago de la plaza mientras su padre estuviera en casa y acabara lo peor de la pandemia. La respuesta de la Comunidad de Madrid fue que si no quería perder la plaza subvencionada, tenía que seguir pagando los 600 euros mensuales –su madre, al ocupar una plaza privada sí la pudo cancelar cuando salió–: “Necesitábamos mantener esa plaza, porque había costado años que se la concedieran, es una odisea conseguirla, te la dan donde haya, que puede ser en la otra punta de tu barrio, y no quería volver a pasar por todo eso”.

Una emergencia, no “vacaciones”

Esther empezó a reclamar que le suspendieran el pago –“no estábamos de vacaciones”– verbalmente y por escrito. Las respuestas fueron siempre las mismas. Una de ellas, de 2021 y a la que ha tenido acceso elDiario.es, es muy clara. “Respecto a su participación económica en el coste del servicio residencial, la respuesta es la misma que anteriormente le hemos ofrecido: se mantiene el copago de los residentes, aunque sigan en situación de ausencia voluntaria, al mantener la plaza reservada en el centro”, dice un escrito firmado de la Consejería de Asuntos Sociales.

El problema no era que hubiera escasez de plazas o estuvieran muy cotizadas. De hecho, se había prohibido ingresar a nuevos residentes durante el estado de alarma. Eso, más la alta mortalidad, dejaron más de 4.000 vacantes. Simplemente se aplicó la normativa general de que se pagan las plazas de copago –8.800 según el último acuerdo marco– pese a las ausencias o salidas para la situación excepcional que se estaba viviendo. En la carta, la Consejería especifica también que “no se podrá efectuar ningún reintegro”.

En septiembre, tras pagar durante medio año por no recibir el servicio, Esther desistió y dejó la plaza subvencionada para siempre, ya que no podía simultanear los dos pagos, y solicitó una plaza en un centro de día. Todo ese dinero lo recibió Orpea Alcobendas, como todas las demás residencias concertadas de Madrid, sin dar contraprestación y sin tener ningún gasto en limpieza, personal, comida o suministros para esos residentes que se habían marchado. La Consejería no ha contestado la pregunta de cuántos salieron entre marzo y abril de 2020 o por qué no hizo una moratoria.

Reyero ha relatado a elDiario.es que es “obligatorio” cobrar según la normativa, “también en vacaciones”. “Intentamos excepcionar ese pago, pero Intervención –encargada de las cuentas de la Comunidad– no nos lo permitió al considerar que no era posible de acuerdo a la ley”. Pero no solo los residentes pagaron por sus plazas vacantes, también la Comunidad de Madrid siguió pagando su parte de copago a las empresas privadas por las plazas sin utilizar, como publicó en su día la Cadena Ser. Más de 4.000 plazas fueron abonadas sin residente.

Expertos en derecho administrativo explican a elDiario.es que en situaciones excepcionales la ley de contratos del sector público 9/2017 permite suspender los contratos y el gobierno de Ayuso podría haber dejado de pagar por plazas vacantes, aliviando la situación de las familias y reduciendo el gasto de la administración, para emprender una negociación con las empresas contratistas. La patronal de residencias de Madrid, Amade, no ha respondido a la petición de información, como tampoco la dirección de Orpea Alcobendas.

La moratoria de pagos es algo que pasó en pandemia en los contratos privados: si no se dio el servicio, no se pagó o se llegaron a acuerdos, algo que se podría haber negociado en la pública, ya que lo permite la legislación. Madrid –también otras autonomías– optó por seguir pagando como si nada hubiera sucedido.

Así, la Consejería de Asuntos Sociales –que también está reclamando ahora el pago a los familiares de los mayores que murieron en lo peor de la pandemia años después– ignoró las peticiones de Esther, como las de tantas otras familias, que llegó a mandar copia de una carta con denuncias a la propia Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta le contestó con gran amabilidad: “Desde antes de ser investida presidenta y más aún desde que tomé posesión he querido absolutamente que los mayores madrileños tengan la mejor atención y cuidados”, apuntó. Además, aseguró que intervendría sobre el bienestar de los mayores y las negligencias que se denunciaban. En ese momento, 14 de septiembre de 2020 y con casi 10.000 muertos en residencias, Esther había decidido que cuidaría ella misma a sus padres pese a las dificultades. “Las personas mayores nos han cuidado a todos desde que nacimos (...). Soy hija y nieta de personas mayores, tengo ese sentimiento y por ello puedo ponerme en el lugar de quienes suscriben la carta al consejero”, le dice Ayuso a Esther en la misiva.

Carmen López, presidenta de Marea de Residencias –el movimiento que busca responsabilidades y justicia por cómo murieron los mayores durante la Covid en Madrid– confirma ese “caos espantoso” con la salida de los mayores y la prohibición de visitas. “Encontrábamos residencias que no dejaban sacar a los mayores, otros que sí. En la de mi madre, por ejemplo, se llevaron a un familiar sin nada firmado, con lo puesto y una bolsa con sus pertenencias”.

También recuerda una manifestación de familiares en junio porque “les obligaban a reingresar o si no perderían la plaza, pero en junio la gente todavía tenía miedo”. López se refiere a que la Consejería de Asuntos Sociales, dirigida todavía entonces por Reyero, dio un ultimátium el 6 de julio a los mayores que habían salido de las residencias. Si no volvían en 45 días, perderían su plaza, que sería asignada a otras personas. Reyero recuerda que, “aunque la normativa no lo permitía, hicimos un estudio caso a caso. Aunque la solución no fue satisfactoria en todos, es lo máximo que nos permitía hacer la ley”.

Pero a Esther aún le quedaba otro trago por pasar. Cuando acabó la pandemia recibió una llamada de la Comunidad de Madrid. No era para la moratoria de pago, sino para decirle que tenía que pagar los recibos pendientes, ya que su padre había fallecido: “Mi padre estaba vivo, a mi lado, y todos los recibos pagados”. “La persona que me llamó me pidió perdón”, pero “el problema es que ya no sé si puedo perdonar”. Su padre falleció en casa y atendido, “afortunadamente”. Rosario tampoco volvió a la residencia, vive en su casa y sale todas las tardes que puede con sus amigas.

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