La ausencia de Isabel Díaz Ayuso este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid no impidió que el nombre de su hermano se mentara casi en cada intervención de los grupos de la oposición. Tomás Díaz Ayuso, que cobró una comisión (al menos de 55.000 euros, porque hay tres pagos más de la misma empresa que no se han explicitado) por un contrato a dedo del Gobierno regional en el peor momento de la pandemia, sonó en decenas de ocasiones sin que nadie pudiera ya impedirlo. No siempre había sido así. Antes de que estallara el caso y de que Ayuso reconociera que su hermano había hecho negocios gracias a contratos de la administración que preside, la censura se había impuesto en la Asamblea regional. Nadie podía mentar al hermano de la dirigente del PP. Lo impedía la presidenta del parlamento regional, María Eugenia Carballedo, erigida en guardabarreras de Ayuso y de todo lo que tuviera que ver con los polémicos negocios de su familia en la Cámara de Vallecas.
Carballedo seguía así el papel que se le había asignado con su nombramiento. Cuando Ayuso pensó en ella para presidir la institución, lo hizo con dos propósitos: quitarse a alguien que no le había funcionado en el Gobierno anterior y controlar la Cámara regional, que durante los dos años que duró la coalición con Ciudadanos había cedido a los de Inés Arrimadas, algo de lo que se arrepentiría rápido. Por eso, cuando Vox amagó con hacerse con ese cargo tras los comicios del 4 de mayo, Ayuso dejó claro que era un puesto innegociable. También maniobró para hacerse con la mayoría de la Mesa.
Carballedo –licenciada en Derercho, exdiputada en el Congreso y en la Asamblea, y excandidata a la alcaldía de Leganés– era una persona de la máxima confianza de Ayuso. Ambas fueron diputadas y comenzaron a tener casi a la vez puestos de responsabilidad en la Cámara madrileña. Carballedo, desde que fuera nombrada presidenta de la Asamblea, se ha puesto al servicio de la presidenta. “Es manejable porque se lo debe”, dice una persona que ha trabajado con la exconsejera. La presidenta del parlamento regional ocupó durante el primer mandato de Ayuso (2019-2021) –con Ciudadanos como socio de coalición–, la Consejería de Presidencia. “Se trató de un nombramiento elegido personalmente por la presidenta, a diferencia de otros muchos miembros del Gobierno, porque era persona de su máxima confianza. La puso de casi número dos en un momento en el que los demás consejeros casi venían impuestos desde Génova”, asegura otra persona que conoce la relación entre ambas.
Entonces era 2019 y Ayuso aún le debía la Presidencia de Madrid a Pablo Casado. Había sido él meses antes, guiado por la estrecha amistad que les unía desde los años en las nuevas generaciones del PP de Madrid, quien decidió a dedo que fuera ella –contra todo pronóstico– la candidata a la Comunidad. Esa dependencia, llevó a Casado a controlar inicialmente el Gobierno de Madrid a través de los nombramientos, en uno de los feudos más importantes para el PP. Pero Ayuso se reservó el derecho a fichar a su antigua compañera, aunque esa apuesta personal tardaría poco en saltar por los aires.
“Ayuso se arrepiente rápido de su decisión, Carballedo no encaja y empieza a crearle muchos incendios internos”, añade esta misma fuente, que califica a la presidenta de la Asamblea como una persona “difícil de trato para trabajar”. “Se dedicaba a enredar en el Gobierno”, asegura un ex consejero de Ciudadanos. Es por eso que en verano de 2020, cuando Ayuso se compromete con Vox a hacer una reducción de las consejerías, es el nombre de Carballedo uno de los primeros en entrar en las quinielas a abandonar el Ejecutivo. Pero la crisis de Gobierno, que también dependía de Ciudadanos, no se produce. Así que la siguiente oportunidad para cambiarla de cometido es en junio de 2021 tras las elecciones del 4 de mayo.
Carballedo fue la única consejera del PP del anterior Gobierno que no siguió en el nuevo Ejecutivo. Su nuevo destino, para sorpresa de todos, sería la presidencia de la Asamblea de Madrid. “De esta forma, Ayuso mata dos pájaros de un tiro: se la quita del Gobierno y nombra a alguien completamente manejable para el Parlamento regional, un puesto que aunque no fue del agrado de María Eugenia, era digno”. “Pronto Ayuso se pregunta si es una decisión acertada teniendo en cuenta lo que pasó en la investidura”, añade esta fuente.
Un reproche a Vox que le sale caro
El interlocutor se refiere a la sesión plenaria del 18 de junio. Ese día, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, pronunció el discurso más xenófobo y machista que se recuerda en la Asamblea de Madrid. Y para ello, mentó al diputado de Unidas Podemos de origen senegalés, Serigne Mbayé, al que acusó de llegar a España de manera “ilegal”. La reacción de Carballedo ante aquellos ataques fue salir en defensa de Mbayé y recriminar la actitud de Monasterio: “¿Retira las palabras? Yo no puedo retirar las palabras, pero sí le invitaría a que lo hiciera”, le dijo a la portavoz de Vox.
La advertencia no gustó a la dirigente de extrema derecha ni a la bancada del PP, que se quedó muda frente. a los aplausos de la izquierda a la presidenta de la Asamblea. Ya en el turno de Ayuso, la presidenta regional salió en defensa de Monasterio y dejó claro su malestar con la que había sido su apuesta personal para controlar la Asamblea de Madrid. Tras la regañina pública de Ayuso, la actitud de Carballedo cambió radicalmente y terminó expulsando a la diputada de Unidas Podemos Vanessa Lillo por protestar por el trato recibido por su compañero de bancada, en una actuación que todos calificaron de exagerada.
Prohibido nombrar a Tomás Díaz Ayuso
Pero el punto álgido de ese control que ejerce Ayuso sobre Carballedo se produce el 11 de noviembre de 2021. Ese día se celebraba un Pleno monográfico sobre la contratación de emergencia del Gobierno regional durante la pandemia y una diputada del PSOE, Carmen López, subió a la tribuna de oradores con una acusación que señalaba directamente al hermano de la presidenta: “Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar”.
Las palabras de López hicieron reaccionar rápido a Carballedo que la interrumpió para ordenarle que retirase esas palabras: “Está haciendo alusión a un familiar de un diputado de esta Asamblea, le pido no solo que no insista en una acusación de tal calibre sino que la retire”. La negativa de la diputada socialista terminó en su expulsión. De forma solidaria, todos los partidos de la oposición abandonaron sus escaños.
Desde aquel día, cada vez que alguien nombraba a Tomás Díaz Ayuso, se llevaba una amonestación de la presidenta de la Asamblea. Lo sufrió una semana después la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, cuando se hizo eco de la información de elDiario.es que adelantaba el 17 de noviembre el contrato a dedo del Gobierno regional con Priviet Sportive, la empresa propiedad de un amigo del pueblo de la presidenta y por la que Tomás Díaz Ayuso cobró una comisión.
Hoy sabemos que, entonces, Ayuso ya conocía desde casi dos meses antes que la dirección del partido, con Pablo Casado y Teo García Egea a la cabeza, sabían de la comisión que cobró su hermano y le habían pedido explicaciones. Una vez el escándalo ha estallado, los diques de control se han roto. Imposible, en este momento, vetar toda referencia a un contrato que ha hecho saltar por los aires la cúpula del Partido Popular, que ha acabado con la presidencia de Pablo Casado y que está ya en todos los medios de comunicación. De momento, porque todo puede pasar en la Cámara regional con Carballedo siguiendo órdenes de la dirigente a la que le debe el cargo.