El anuncio de la nueva presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de llevar a cabo “la mayor rebaja fiscal de la historia” compite con la propia historia de los gobiernos del PP. Las rebajas fiscales en la Comunidad de Madrid, especialmente a las grandes fortunas, comenzaron a implantarse con Esperanza Aguirre, en 2002, continuaron con Ignacio González y se intensificaron con Cristina Cifuentes, hasta que tuvo que abandonar el Gobierno por su máster falso en abril de 2018.
La región que ha sido durante 17 años el laboratorio de las políticas neoliberales del ala más dura del PP tiene hoy el tramo autonómico del IRPF más bajo de España (junto a Canarias que aplica la excepción insultar, del 9%. La última rebaja fiscal se produjo en 2018, año preelectoral, cuando el Gobierno regional con Cifuentes al frente aprobó una reducción del 9,5% al 9% actual.
La teoría del PP siguiendo a algunos de los gurús neoliberales defiende que una rebaja de impuestos hace crecer la economía y como consecuencia dispara la recaudación. Parte de la llamada teoría de la curva de Laffer, que ha hecho fortuna en el pensamiento neocon, pero lejos de cumplirse, la deuda de la región se ha triplicado los últimos diez años hasta alcanzar los 35.150 millones de euros. Solo el último semestre, desde la puesta en marcha de la última rebaja, el incremento ha sido de 1.800 millones.
La tesis de un sector del PP, que ha abrazado últimamente también Ciudadanos, es que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos que en las arcas públicas.
A la rebaja generalizada de tributos se han sumado otros beneficios fiscales que aplica Madrid a los impuestos cuya gestión cede el Estado a las comunidades autónomas. Esa transferencia nació como una forma de involucrar a las autonomías para que se hagan responsables de parte de sus ingresos ya que gestionan el grueso del gasto social (sanidad y educación, principalmente).
La Comunidad de Madrid ha sido pionera a la hora de bonificar impuestos como Sucesiones y Donaciones, Patrimonio o Actos Jurídicos Documentados. Si el primero ya se bonificaba al 99% entre padres e hijos y entre cónyuges, en 2018 se introdujo un 15% para transmisiones entre hermanos; y un 10% entre tíos y sobrinos. Las transferencias de Patrimonio están directamente libres de impuestos. Por estos beneficios hay expertos que ya califican a la región de “paraíso fiscal” y la Administración autonómica deja de percibir cada ejercicio más de 800 millones de euros.
En menos de un año y con un nuevo Gobierno liderado por la popular Díaz Ayuso, el PP anuncia otra rebaja más para Madrid que la convertiría en la comunidad con el impuesto autonómico fiscal más bajo del país. Los madrileños “se ahorrarán 300 millones de euros con nuestra bajada de impuestos histórica”, anunciaba la formación de Pablo Casado durante la campaña electoral de mayo. La Comunidad de Madrid ha sido desde hace años el banco de pruebas del Partido Popular para la política fiscal, por eso no es casualidad que en los pactos de Gobierno con Ciudadanos, tanto para la región como para la Alcaldía de la capital, el PP se haya preocupado por quedarse las áreas de Hacienda. Al frente de la consejería regional, Casado ha colocado a alguien de su entera confianza, el que fuera su jefe de gabinete, Javier Fernández-Lasquetty, uno de los máximos exponentes del ala neoliberal del partido, el dirigente que se retiró de la vida pública cuando los tribunales tumbaron su intento desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aguirre de privatizar los hospitales.
Lasquetty será el encargado de implementar la nueva propuesta para adelgazar aún más los tramos fiscales, que fue desgranada durante el debate de investidura cuando Ayuso habló de reducir el IRPF a todos los madrileños, incluidas las rentas más altas, en 0,5 puntos. Si los cálculos que el PP hizo en campaña electoral son correctos, serán otros 300 millones que la región dejará de recaudar para financiar servicios públicos.
A esta rebaja impositiva en la región se le sumará otra anunciada desde el Ayuntamiento de Madrid, donde el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos que preside José Luis Martínez-Almeida han situado la medida en el centro de su acuerdo de coalición. Hasta el momento, ninguno de los dos equipos ha dado pistas de cómo se piensan recuperar esos ingresos o de qué partidas de gastos prevén recortar.
Desde el Gobierno autonómico ya han empezado a rebajar sus promesas: será “una rebaja ”progresiva“ cuando ”la situación económica lo permita“, apuntan fuentes de Economía a eldiario.es. Es una forma de reconocer que el incremento de la recaudación asociado a las rebajas fiscales no está ni mucho menos garantizado.
Desde el Ejecutivo regional recuerdan que por la ausencia de un Gobierno central constituido, las comunidades, según el sistema de financiación autonómica, han dejado de percibir 4.700 millones. Además, la falta de presupuestos también ha bloqueado otros 2.500 millones que les corresponden del IVA recaudado en diciembre de 2017. El nuevo consejero de Hacienda ha cifrado en 1.237 millones la financiación que ha dejado de percibir este año Madrid.
En el Ayuntamiento de la capital tampoco garantizan que la rebaja de impuestos anunciada a bombo y platillo por PP y Ciudadanos vaya a ser inmediata, es decir, que vaya a estar reflejada en los presupuestos de 2019. Según explican desde el área de Hacienda municipal, “se están estudiando las cuentas” antes de decidir si las rebajas de impuestos se producen por “compromisos que había adquirido Manuela Carmena”.
Los impuestos de Almeida
En el caso del Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida, el nuevo Ejecutivo municipal prometió reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al 0,4%, el mínimo que exige la ley. Si esta rebaja en el IBI se materializara en las cuentas del próximo año, el Ayuntamiento dejaría de recaudar de golpe 456 millones de euros, explica el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato. La corporación local pasaría de recaudar 1.305 millones con los tipos actuales a 848 millones con el tipo al 0,4%.
Según explica Sánchez Mato, el grueso de estos ingresos provienen del IBI diferenciado que principalmente se aplica a grandes empresas o grandes superficies. El IBI general, el que se pagan los propietarios de viviendas, se sitúa actualmente en el 0,51%, después de que el Gobierno de Manuela Carmena lo rebajase. “En el año 2016 lo que hicimos fue reducir sustancialmente el tipo general del IBI. En los últimos años, la evolución del tipo de gravamen ha sido a la baja. Así, para 2015, se redujo del 0,581% al 0,548%; y para el ejercicio 2016 pasó al vigente del 0,51%. Pero modificamos el tipo diferenciado incrementándolo a esos contribuyentes con mayor patrimonio”, explica Sánchez Mato.
Junto a esta medida, a lo largo de los ejercicios 2016 y 2017 el Gobierno de Manuela Carmena ha adoptado otras medidas para reducir la carga tributaria en el IBI sobre determinados contribuyentes “reduciéndose los valores catastrales de 370.888 inmuebles, que afectan a cinco Distritos de Madrid (Carabanchel, Puente de Vallecas, Usera, Villa de Vallecas y Villaverde) y a veintidós barrios”, que ya pagan el tipo más bajo, explica el exconcejal. Es decir, las rentas más bajas, ya pagan un IBI superreducido.
Dejar de cobrar 456 millones de euros representa una caída en los ingresos equivalente al 10% del presupuesto total que maneja el ayuntamiento y sus organismos autónomos. Aunque si se bucea un poco más en las cuentas municipales, solo se podrían tocar del presupuesto de 2019 en torno a 1.200 millones de euros (el resto son pago de nóminas, contratos plurianuales, gasto financiero y devolución de deuda). Por tanto, un recorte de 456 millones supondría un merma en las cuentas municipales del 38%. “Sería dejar en el 25% el exiguo presupuesto de inversión (solo el mantenimiento básico) y meter a todas las empresas públicas en pérdidas entre otras cosas”, considera Sánchez Mato.
Pero la rebaja de la recaudación no acaba ahí. Otra de las medidas del acuerdo firmado por PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid en materia de impuestos es la eliminación de las tasas de cajeros y de generadores de residuos que el pacto de coalición vendió como una manera de “aliviar fiscalmente a nuestros autónomos y comercios”. La tasa de cajeros la pagan los bancos y no los comercios o autónomos por poner cajeros en la calle. La introdujo el Gobierno de Manuela Carmena, con Sánchez Mato como delegado del área, en 2017, para cobrar por el uso del la vía pública, tal y como como ocurre con las terrazas o los contenedores que recogen la ropa usada. La tasa de cajeros supone medio millón de euros anual que pagaban los bancos.
Además, el acuerdo entre PP y Ciudadanos para el Consistorio también se recogen rebajas en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), incrementando sus incentivos fiscales, al igual que en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
Recortes o incumplimiento de la ley
La rebaja de impuestos, que tanto Pablo Casado como Albert Rivera han convertido en su principal escaparate frente a Pedro Sánchez, pasará obligatoriamente por aplicar recortes en los servicios públicos o por incumplir las leyes de austeridad del PP, sostienen los expertos consultados por este diario. La Ley de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera diseñada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (del Partido Popular) en 2012 limita el gasto de las administraciones públicas, a la vez que lo relaciona también a sus ingresos. Si hay un recorte en la recaudación, esa norma obliga también a realizar recortes en los gastos.
Concretamente, el artículo 12.4 de la ley establece que “cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente”. Es decir, los ingresos que dejen de percibirse tendrán que recortarse del gasto. Precisamente por la norma del PP, el Ayuntamiento de Madrid con superávit no puede gastar ese remanente, lo que llevó al Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena a ser intervenido por Montoro.
El nuevo consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ya hablaba este martes tras tomar de posesión de su cargo de que el Gobierno regional que apostará por la austeridad en el gasto. “Es el principal reto [la rebaja fiscal] y lo haremos compatible y acompasado con unos presupuestos equilibrados, manteniendo una política austera, porque cuando los gobiernos son austeros las sociedades son más prósperas”, sostenía Lasquetty minutos después de jurar el cargo.
Sin embargo, la capacidad de recorte de la Comunidad de Madrid es limitada, sus presupuestos ya han sido ajustados los últimos años. El Ejecutivo del PP apenas dedicó 241 millones a las inversiones reales en 2018, la mitad de lo destinado por el Ayuntamiento de Madrid en ese mismo tiempo, pese a que la corporación regional cuadruplica en presupuesto a la municipal.
Lo que defiende la Comunidad de Madrid es que bajando impuestos se ponen los cimientos para obtener mayores ingresos, “ya que se impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo y, por tanto, la recaudación fiscal por todas las figuras tributarias”, aseguran fuentes de Economía. Sin embargo, los expertos no vinculan la subida de la recaudación a la menor presión fiscal, sino más bien con la buena marcha de la economía.
Desde el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha alertan de que el anuncio de rebajar los impuestos por parte de la Comunidad de Madrid puede venir aparejada de un incumplimiento del déficit y de la regla de gasto. “No es el momento de hacer las rebajas fiscales que anuncia el Gobierno. Hay que cumplir con el déficit”, señala el portavoz de Gestha Carlos Cruzado.
La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) también ha alertado en su último informe de que la Comunidad de Madrid tiene bastantes posibilidades de incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2019. “Con la información actual, se considera improbable que la Comunidad de Madrid cumpla el objetivo de estabilidad de 2019 del -0,1% del PIB, con un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto”, afirmaba la Autoridad Fiscal en su informe dedicado a la región sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Pese a las alertas, Madrid es hoy el espejo en el que se miran otras comunidades autónomas gobernadas por PP y Ciudadanos. Andalucía y Castilla y León ya han anunciado rebajas de impuestos a las grandes fortunas y al IRPF, impuestos cedidos por el Estado para sufragar servicios públicos que se han convertido en un arma política.