Cuando se acerca el ecuador del primer mandato de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y se cumplen dos años de la salida de Manuela Carmena de la alcaldía, la avalancha de recursos que se presentaron contra las políticas medioambientales, de memoria o urbanísticas en aquel Gobierno siguen coleando en los tribunales.
Algunos pleitos llegaron de los sectores más conservadores –del PP o de la Fundación Francisco Franco– para cortar el paso a los avances sociales. Otros, de organizaciones de ecologistas y de preservación del patrimonio que vieron con malos ojos determinadas operaciones inmobiliarias que también dividieron al propio Gobierno municipal. Todo ello se dirime en los últimos meses en las más altas instancias de los tribunales.
Madrid Central
La zona de bajas emisiones de la capital, la medida estrella de la corporación de Carmena para reducir la contaminación, ha quedado definitivamente anulada. Siendo estrictos, se puede decir que ha dejado de existir a todos los efectos después de que el Tribunal Supremo confirmara una sentencia firmada hace casi un año que tumbaba Madrid Central por defectos de forma. El frente judicial lo abrió el PP en 2018 como parte de su dura oposición a las nuevas restricciones a los coches en la almendra central de la ciudad, pese a que la medida sirvió para sortear una multa europea por los niveles de polución inaceptables de Madrid.
¿Qué se hizo mal? Según los tribunales, la ordenanza de movilidad sostenible –donde se regula la zona de bajas emisiones– no cumplió el trámite de información pública –para que los ciudadanos pudieran presentar alegaciones– ni tenía memoria económica. Desde el gabinete de prensa del tribunal avanzaron ya en 2020 que “la anulación parcial del acuerdo” podía llegar a suponer que decaigan las multas impuestas “al carecer de sustento normativo”, en el caso de que las sentencias alcancen firmeza. Lo que acaba de ocurrir en el Supremo.
Aún quedan varios recursos por resolver –de automovilistas europeos, empresarios de la noche, una consultora que gestiona multas...–en la última instancia judicial y una sentencia que publicarse, según abogados consultados, dado que el primer pronunciamiento del Supremo ha sido a través de un auto de inadmisión del recurso de Ecologistas en Acción –en un último intento por preservar la zona de bajas emisiones– sin entrar en el fondo de la cuestión.
Ahora, el alcalde Almeida se encuentra en una encrucijada: defiende continuar multando, actuar como si Madrid Central siguiera existiendo –en palabras de la vicealcaldesa, ante las consecuencias de las acciones de su propio partido cuando estaba en la oposición. Basta repasar las diferentes interpretaciones que ha dado el Ayuntamiento al fallo en tres días consecutivos para entender la complejidad del escenario que afronta la corporación.
Hay dos peligros: un aumento descontrolado de la circulación en la zona de bajas emisiones –con las consecuencias sobre la calidad del aire que esto tiene– y un agujero financiero causado por la devolución de las multas que se han puesto hasta ahora. La “culpa” no es de quien recurre, sino de quién ha hecho mal la norma, ha argumentado el primer edil repetidamente en los últimos días, consciente de la paradoja en que se encuentra él mismo que hizo de la pelea contra Madrid Central su principal argumento de oposición. El Ayuntamiento va a presentar en los próximos días un incidente de ejecución al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para aclarar cómo debe aplicar el fallo cuando ya se han anulado dos multas apelando al nuevo auto.
El callejero franquista
Retirar del callejero madrileño los vestigios del franquismo fue un dolor de cabeza para el equipo de Manuela Carmena desde el principio con propuestas fallidas y la oposición de los sectores más reaccionarios de la sociedad madrileña. Varios casos seguían coleando hasta la semana pasada en los tribunales. Tanto, que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han terminado poniendo coto a los pleitos de Fundación Francisco Franco para evitar que recurra todos y cada uno de los cambios. 52 en total. No está legitimada, dice el fallo conocido el pasado viernes.
La semana judicial ha sido intensa en este ámbito confirmando las enormes resistencias que hay también en los tribunales a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica (2007), una norma que ningún gobierno había cumplido en el Ayuntamiento de Madrid hasta 2017. Los magistrados del TSJM han salvado dos vías incluidas en el decreto de cambios aprobado en Pleno con el argumento de que no entran dentro del paraguas de la ley: Caídos por la División Azul y General Millán Astray. En este último caso, la calle ya tiene otro nombre: Maestra Justa Freire, en homenaje a una profesora de la II República. Su letrero tiene los días contados tras la decisión judicial, que obliga a volver a colocar al general franquista en un nuevo varapalo a la gestión de Carmena.
La historia de esta calle es compleja porque dos jueces de lo contencioso administrativo diferentes se pronunciaron con resoluciones contrarias. El TSJM ha avalado la postura más conservadora y contraria al conocimiento histórico, según los historiadores: la que asegura que no hay pruebas que constaten de “manera inequívoca” que el fundador de la Legión participó en el golpe de 1936, en la Guerra Civil y en la posterior represión de la dictadura. La retirada de la calle Caídos por la División Azul tampoco está amparada, según la justicia, por la ley de memoria histórica española porque se refiere a los voluntarios españoles que combatieron en el Ejército nazi.
Taller de Artillería
450 viviendas de lujo en la calle Raimundo Fernández Villaverde están casi terminadas pero son ilegales. Las casas construidas sobre los terrenos del antiguo Taller de Artillería se levantaron siguiendo un Plan Parcial de Reforma (PPRI) que fue anulado en febrero por el Tribunal Supremo. El fallo es definitivo.
Esta operación fue polémica desde el principio. Aprobada en 2015 por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, partió en dos por primera vez al equipo de Gobierno en una votación. Se desmarcaron del proyecto defendido por el concejal de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente; el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato; y los ediles Yolanda Rodríguez, Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán. El proyecto recibió el visto bueno gracias al apoyo del Partido Popular y Ciudadanos.
El derribo comenzó en diciembre de 2016 tras paralizarse una vez seis meses antes. Había un recurso de Ecologistas en Acción pendiente de resolver. La organización medioambientalista alegó el valor patrimonial del edificio que había sido vendido por el Ministerio de Defensa en 2014 por más de 100 millones de euros. Se construyó a finales del siglo XIX con un ambicioso diseño que ocupaba siete edificios y jardines. Fue una de las primeras edificaciones en las que se utilizó hormigón armado para su estructura. El recurso razonaba también que el plan no incluía una reserva del 10% para viviendas con régimen de protección y que no existe informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ambos extremos confirmados por el Supremo.
Tres meses después, el Ayuntamiento de Madrid no ha ejecutado la sentencia. Los cooperativistas del Residencial Maravillas –como se denominan los propietarios– intentaron anular la sentencia sin éxito. Todas las viviendas continúan en el aire. La corporación de PP y Ciudadanos “está trabajando” en aprobar un nuevo planeamiento que legalice la situación.
Cocheras de Cuatro Caminos
La demolición de las centenarias Cocheras de Cuatro Caminos seguirá adelante, al menos, hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia firme. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó en abril el proyecto urbanístico para transformar este complejo industrial en viviendas. El plan parcial fue aprobado también durante el mandato de Carmena con las asociaciones defensoras del patrimonio enfrente ante la desaparición de uno de los iconos del Metro de Madrid.
En este caso la sentencia aún no es firme, pero amenaza con repetir la situación del antiguo Taller de Artillería: cuando la justicia anula definitivamente las bases urbanísticas sobre las que se asienta una demolición, ya no hay nada que hacer porque la administración no ha frenado sus planes y las viviendas –443 en esta ocasión– ya están construidas.