La Justicia mantiene abierta la causa contra la delegada de Gobierno en Madrid por desplazar una protesta ultra

Se mantiene abierta la causa contra Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid. El juzgado de instrucción número 24 de Madrid desestima el recurso de la Fiscalía, que había solicitado que se archivase la demanda por un delito de prevaricación. La querella, impulsada por la Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica, se presentó por mover unos metros una manifestación que quería protestar contra la Ley de Memoria en la puerta del Congreso de los Diputados.

El magistrado sostiene que “si los hechos relatados aparecen presuntamente constitutivos de delito, la querella debe admitirse a trámite y procederse a la práctica de las diligencias pertinentes”, según el auto emitido el 16 de diciembre y al que ha accedido elDiario.es. En una decisión previa, el juez citó a González a declarar como querellada el próximo 13 de enero.

En su recurso, el Ministerio Público defendió que los hechos descritos en la denuncia “adolecen de todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para iniciar un proceso penal por un delito de prevaricación”. Una argumentación que no acepta el magistrado porque sostiene que actualmente “sería prematura la inadmisión de la querella, al ser necesario aclarar las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos”.

Los impulsores de esta causa es el mismo colectivo que, con un recurso y petición de medidas cautelares, consiguió que un juzgado de Madrid paralizase durante varios meses la licencia de obras necesarias para acometer las exhumaciones de víctimas del franquismo del Valle de los Caídos.

González autorizó la concentración, aunque la desplazó unos metros. Los denunciantes, defendidos por el letrado Alejandro Hernández, habían solicitado autorización para manifestarse frente al Congreso, en la Plaza de las Cortes, mientras se votaba y aprobaba la Ley de Memoria Democrática, que califican de “dictatorial” y a la que acusan en su página web de imponer “una dictadura férrea en la interpretación de nuestra Historia”.

La delegada del Gobierno “limitó el espacio —recoge el auto— para el desarrollo” de la concentración, “en concreto al espacio situado en la Plaza de las Cortes, en el espacio comprendido entre la Plaza de Cánovas del Castillo y la confluencia de las Calles Duque de Medinaceli y Marqués de Cubas”, es decir, en las inmediaciones del hotel Palace.

La Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica sostiene que la decisión de González les perjudicó “por la pérdida de visibilidad de los manifestantes”. Por lo tanto, este colectivo defiende que se produjo una “limitación ilegítima de su derecho de reunión, así como por la pérdida de ocasión de ser vistos desde el Congreso de los Diputados”. En esa misma línea, añaden que la decisión fue arbitraria porque al día siguiente “se celebró otra concentración”, sin “ninguna limitación espacial” y “justo enfrente del Congreso”, “organizada por una asociación que defendía la promulgación de la citada ley de Memoria Democrática”.