Los letrados de la Asamblea de Madrid no avalan la propuesta legal del PP para modificar la normativa y evitar que la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, antigua Dirección General de Seguridad tras la Guerra Civil, sea declarada lugar de memoria democrática, tal y como pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El equipo jurídico del parlamento autonómico sostiene que las enmiendas presentadas por los populares para evitar ese reconocimiento deberían ser inadmitidas por defectos de forma. Según la letrada encargada de analizar el trámite parlamentario, estas propuestas no tienen relación con el contenido de la proposición de ley en la que se pretende incluir. Así lo detalla un informe al que ha accedido elDiario.es sobre el contenido que los grupos pretendían añadir a la norma que será votada este viernes en el pleno del parlamento regional.
El documento también recoge que la propuesta del PP para “proteger” la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid no se ajusta a la jurisprudencia parlamentaria y podría ser inconstitucional. “Como recuerda el Tribunal Constitucional solo se debe enmendar lo ya definido, en caso contrario, se pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda, ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa”, indica el equipo jurídico de la Asamblea.
Este nuevo conflicto entre el Gobierno de Ayuso y el de Sánchez estalló cuando el Ministerio de Política Territorial inició el procedimiento para declarar como lugar de Memoria Democrática la extinta Dirección General de Seguridad franquista, sede del Ejecutivo regional y Real Casa de Correos. En ese momento, la presidenta madrileña y todo su equipo anunciaron que usarían “todos los resortes legales” a su alcance para evitarlo.
Nueva ley ómnibus
El grupo parlamentario del PP en la Asamblea registró el 25 de noviembre una enmienda a una ley para modificar otra norma de 1983 con el objetivo de “proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia” de la sede de la Presidencia autonómica.
El texto de la ley a enmendar había sido registrado más de un mes antes bajo el título Proposición de Ley de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid. Esta norma, que la oposición califica como nueva “ley ómnibus”, abarca asuntos tan diversos como la supresión del Consejo de la Juventud y la creación de un cuerpo de Inspectores de Servicios Sociales.
No obstante, en ningún momento el texto inicial de la norma hacía alusión a la sede del Gobierno regional ni a la protección de su patrimonio, un hecho que recuerdan los letrados en el informe elaborado tras analizar las enmiendas presentadas antes de que sean debatidas en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Asamblea.
No fue hasta la introducción de las enmiendas a la propuesta de ley de medidas para la mejora de la gestión pública cuando el PP aludió a la sede autonómica para confrontar de nuevo con el Gobierno central. En esa modificación de la norma que pretenden hacer los populares, proponen cambiar el articulado de la ley 1/1983 del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid para que sea el Ejecutivo de Ayuso quien pueda controlar lo que sucede en ese lugar.
Por un lado, el PP propone que cualquier placa o distintivo que se le coloque en la Real Casa de Correos tiene que contar con la autorización del Consejo de Gobierno. Lo mismo sucederá con cualquier evento que se quiera realizar, también tendrá que contar con “la conformidad” del Gobierno autonómico.
“No se podrá autorizar la celebración de eventos ni actuaciones que puedan perjudicar o resultar incompatibles con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, su significado actual, o que puedan generar confusión sobre la Real Casa Correos como sede de la Presidencia”, recoge el articulado propuesto por los populares.
Tras revisar estas enmiendas, el equipo jurídico aconsejó a la mesa de la Comisión que nos las admitiese “ya que introduce una modificación vía enmienda que no se corresponde con la intencionalidad del texto objeto de informe”, según la documentación consultada por elDiario.es. Aun así, esos artículos fueron ratificados en la votación que se produjo en la Comisión de Presidencia. Según las fuentes consultadas, el texto final se votará este viernes en la Asamblea del Madrid.
A pesar del informe del equipo jurídico, desde el gabinete de prensa del Grupo Popular aseguran que “la enmienda se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional y tiene vinculación material con la ley que se está tramitando que va dirigida a mejorar la administración pública”. Estas mismas fuentes aseguran que la enmienda se mantiene.
Críticas de la oposición
Ante el posicionamiento del equipo jurídico de la Asamblea, desde Más Madrid aseguran que llevarán este asunto al Tribunal Constitucional por “vulneración de los derechos políticos de los madrileños”, según el diputado Hugo Martínez Abarca. En esa línea, sostiene que con esta tramitación los populares se han saltado “los derechos fundamentales” al no incluir este texto en una propuesta de ley que hayan podido debatir en la Asamblea. Además, defiende que el texto de la enmienda es “una auténtica barbaridad”.
El PSOE también cuestionó el posicionamiento del PP en el debate que se produjo en la Comisión “Es verdad que la Real Casa de Correos acogió la Dirección General de Seguridad franquista, un símbolo de la represión del régimen, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos. ¿Me van a decir que eso no es verdad?”, recordó la diputada socialista Tatiana Jiménez Liébana. Por su parte, el portavoz popular José Virgilio Menéndez aseguró que con esta propuesta “protegen el Estado de derecho” y defendió que su redacción “está perfectamente engarzadas en el texto de la proposición de ley”.
Además, de la enmienda parlamentaria, el Gobierno de Ayuso ha anunciado este miércoles que van a presentar un requerimiento para que se anule la declaración del Real Casa de Correos como lugar de memoria. “Es un paso previo al envío de este asunto al Tribunal Constitucional por invasión de competencias”, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.