En plenas fiestas de la Navidad y en medio de la sexta ola de la pandemia que ha disparado los contagios en la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso aprobó un proyecto de ley con el que pretende cambiar o derogar más de 33 normas legislativas y siete decretos. Las críticas a este ambicioso proyecto no han tardado por el procedimiento utilizado, con apenas diez días para presentar alegaciones en plenas navidades, un periodo que expiró este lunes, pero también por su contenido que modifica leyes de prácticamente la totalidad de las áreas de gobierno.
La norma presenta varios puntos polémicos ya que incluye medidas que merman el control parlamentario a algunas decisiones del Gobierno, plantea la creación de una agencia sanitaria que puede ser el germen de futuras privatizaciones, denuncian algunas organizaciones políticas y sociales, y termina con la obligación de las constructoras a que tengan que ceder suelo a los ayuntamientos, además de restar competencias a los municipios. Bastaría en ese caso con el pago de una compensación económica. Un adiós, por ejemplo, a las dotaciones públicas en los desarrollos residenciales.
El anteproyecto de ley se aprobaba en Consejo de Gobierno el mismo día que Ayuso lograba sacar sus primeros presupuestos desde que es presidenta gracias al apoyo de Vox. Dos días antes de la Nochebuena, pero publicada ese día, la ley bautizada como Ómnibus recibía la luz verde del Ejecutivo regional y afecta a la práctica totalidad de las áreas del gobierno: urbanismo, medio ambiente, carreteras, sanidad, transportes entre otras cuestiones. Modifica leyes centrales como la del suelo o la promoción de las apuestas.
El trámite de información pública terminó este lunes 3 de enero, lo que supone que organizaciones, oposición y ciudadanos en general apenas han tenido 10 días de publicidad para presentar alegaciones a la norma que despierta numerosos recelos. Uno de ellos es por la creación de una agencia de contratación sanitaria con la que el Gobierno de Ayuso podría eludir el control parlamentario de las adjudicaciones en la contratación pública, denuncian formaciones como Unidas Podemos.
En su artículo 44, da lugar a la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, con un ente público de nueva creación, que tendría plena capacidad jurídica y de obrar. Con esta medida, el Gobierno del PP crearía un organismo independiente que podrá constituir o participar en cualquier entidad que adopte la forma de sociedad mercantil. También podrá contratar de forma centralizada cualquier suministro, bien o servicio que la Comunidad de Madrid considere que debe ser centralizado, principalmente en materia sanitaria. Pone como ejemplo la pandemia, donde esta práctica se ha extendido a través de la Consejería de sanidad.
Desde las organizaciones sociales, sindicales y la parte de la oposición considera que la mencionada agencia podría impulsar “privatizaciones” en asistencia sanitarias. Las funciones que se le atribuyen, defienden, son suficientemente abiertas como para “dar amparo legal a privatizaciones de la asistencia sanitaria que pueden culminar el proceso de acoso y derribo contra la sanidad madrileña que vienen perpetrando desde hace décadas los sucesivos gobiernos del PP”.
Se tratará de un órgano sin control parlamentario, cuya dirección será nombrada por el Gobierno, “sin que nuestras representantes en la Asamblea de Madrid puedan controlarlo”, denuncian desde el PSOE y Unidas Podemos, y que tendrá su financiación con cargo a los Presupuestos de la Comunidad, pero también se financiará mediante donaciones, subvenciones, cobro de tasas propias, etc., con lo que esta nueva agencia dispondrá de un patrimonio propio sin control público.
Las promotoras no tendrán que ceder suelo
La ley también plantea otras cuestiones sobre urbanismo y ordenación del territorio que suponen otra vuelta de tuerca a la modificación de la ley del Suelo que se inició la pasada legislatura con la aprobación de una reforma legislativa que eliminaba las declaraciones responsables de los constructores y que está recurrida en el Constitucional por aprobarse con polémica. Ómnibus otorga al Consejo de Gobierno la potestad de decidir si un proyecto tiene o no “alcance regional”. Es decir, si el Gobierno quiere, se podrá construir en cualquier tipo de suelo, incluso protegido, denuncian desde Más Madrid.
“Se trata de una modificación que se va a traducir en más especulación, menos protección del territorio y ausencia total de búsqueda de proyectos social y económicamente responsables”, asegura la portavoz de la formación y jefa de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García.
La ley Ómnibus supone además que se termine con una de las bases del ordenamiento urbanístico, como es la obligación de ceder suelo al ayuntamiento por parte del promotor para la construcción de dotaciones públicas, según adelantaba el Salto. En vez de ceder ese suelo, el promotor podrá pagar una cantidad monetaria a cambio, lo que la ley actual solo permite cuando este justifique que no tiene suelo que pueda ceder.
La norma también pretende ampliar el control sobre la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar a las administraciones de la Comunidad de Madrid. Según recoge el anteproyecto de ley, la elección de sus consejeros pasaría de una mayoría de dos tercios actual a una mayoría simple, lo que permitiría al actual Gobierno aprobar una nueva composición solo con la abstención de Vox. De esta manera se podría terminar con el bloqueo actual ya que el organismo lleva varios años sin renovarse como ocurre en otros del estado.
Críticas de las organizaciones sociales
La fecha de presentación, la omisión del trámite de consulta pública y el uso del trámite de urgencia que ha permitido reducir a la mitad, de 15 a 7 días laborables, el periodo audiencia e información pública, ha encendido a las organizaciones sociales, que a la vez califican el anteproyecto de ley de “otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes”.
En un comunicado firmado esta semana por más de 40 organizaciones, entre las que se incluyen CCOO, UGT, Ecologistas en Acción o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, los colectivos sociales critican la urgencia y defienden que “la complejidad, la transcendencia y los efectos del anteproyecto sobre la sociedad madrileña, su territorio, su medio ambiente y sus derechos son de tal envergadura que resulta del todo imposible que en siete días hábiles podamos participar de forma real y efectiva”.
Más Madrid ha presentado 60 alegaciones y amenaza con “poner en marcha todas las herramientas legales y legislativas contra los abusos democráticos de la Ley Ómnibus”. La norma podría llegar a la Asamblea de Madrid antes de primavera. Para su aprobación, el Gobierno de Ayuso necesitará de nuevo la connivencia de Vox ya sea con un apoyo o con una abstención. De esta forma, Ayuso terminaría con la maldición de su primer mandato cuando fue incapaz de sacar adelante leyes de calado ni unas cuentas públicas.