“Hay niños en la calle y no le importa a nadie”, “de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste” o “fuera buitres de nuestros barrios” son algunos de los cánticos que se escuchan en la concentraciones vecinales impulsadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en los juzgados de Alcorcón (Madrid). Esta semana se celebraba el juicio de María y Dani, el primero de las 40 familias que se han visto afectadas por unas subidas abusivas de los alquileres por parte de Blackstone, el fondo de inversión estadounidense que dispone de aproximadamente 40.000 viviendas en España.
Son vecinas del sur de Madrid como Getafe, Aranjuez, Torrejón de Ardoz, Carabanchel o Vallecas, que hace más de un año decidieron rebelarse ante los incrementos de hasta el 70% de los alquileres de sus casas, ahora propiedad de Blackstone, pero adquiridas hace años cuando eran de titularidad pública. El contexto, por tanto, es el mismo para todas las familias afectadas y responde a la llegada de los fondos de inversión a España interesados por la gran cantidad de vivienda pública de que disponían los bancos y la Sareb, allá por 2008.
Además del alquiler, el fondo les obliga a pagar a los dos años el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la cuota de la comunidad, unos gastos que, según la ley de vivienda aprobada por el Congreso, deberán correr a cargo del propietario. No obstante, Ayuso ya avisó de que los aspectos que no sean de obligado cumplimiento no los pondrá en marcha en la Comunidad de Madrid. Las familias no han dejado de pagar el alquiler, pero se enfrentan igualmente a una propuesta de desahucio.
María lleva 15 años viviendo en un piso que anteriormente era de protección oficial. Todo cambió cuando la promotora quebró y todas las casas pasaron a manos de Testa, una de las filiales de Blackstone. Ahora proponen renovarle el contrato con una subida del 30%. “Esto no va de que pueda o no hacerle frente, es que no quiero aceptar esa subida”, exclama. Su contrato finalizó en julio del año pasado, pero sigue pagando el alquiler, algo que sí que acepta el fondo. “No hemos firmado un contrato nuevo porque no nos permiten hacerlo sin subidas ni cláusulas abusivas, pero todas queremos renovar y seguir con nuestras casas”, señaló, ante las más de 40 personas que acudieron ayer a la concentración. “Se nos llena la boca hablando de okupas porque no nos atrevemos a cuestionar que unos pocos se hagan más ricos a nuestra costa con nuestro sueldo”, finalizó.
Ramona Márquez, una jubilada de 74 años, lleva 16 años viviendo en la misma casa de Carabanchel, ahora sin contrato, y está a la espera de una nueva citación para su juicio después de que le aplazaran el que tenía previsto para el 25 de mayo. En su caso, en el 2013 Ana Botella vendió más de 1000 viviendas de titularidad pública, entre ellas la de Ramona. “Y con nosotros dentro”, lamenta. “No se nos comunicó de ninguna manera, solo nos dijeron que el propietario cambiaría pero que no nos afectaría de ninguna forma”, continua.
Desde 2016, Ramón es inquilino de Fidere, otra de las filiales de Blackstone. Igual que María, tanto él como otros 60 vecinos de Getafe recibieron en julio del año pasado una carta de finalización del contrato, que además venía con una propuesta: un contrato nuevo con una subida del alquiler que podía llegar a alcanzar el 100%. En su caso, Blackstone adquirió 240 viviendas construidas sobre suelo público, un 40% del Ayuntamiento de Getafe y el otro 60% de la Comunidad de Madrid. “La única forma de parar todo esto es organizándonos colectivamente y apoyándonos los unos a los otros”, reivindicó.
A Mamen Carretero, que vive en un apartamento de 45 metros cuadrados, le llegó hace cuatro meses el burofax en el que le anunciaban que iban a tomar medidas judiciales contra ella. Explica que quieren echarla directamente: “No quieren renovarme ni ofrecerme ninguna subida”. Ahora, el departamento jurídico que les ha facilitado el Ayuntamiento de Alcorcón está echando una mano a las familias para conseguir una mesa de negociación con los propietarios.
Es precisamente esto lo que reclaman las vecinas afectadas. “Hoy demandamos la paralización de todos los procesos judiciales y esta oleada de desahucios de Blackstone contra nosotras; también una negociación colectiva para todas”, declaraba este martes Antonio, un pensionista que lleva más de 20 años en una vivienda de protección oficial que ha acabado en manos de Testa. Cobrando poco más de 1000 euros, a Antonio le ofrecieron un alquiler con los gastos del IBI y de la comunidad que ascendería hasta los 800 euros. “El 80% de mis ingresos se irían en vivienda”, declara.
Movilización vecinal y lucha colectiva
En 2019, el Sindicato de Inquilinas le ganó la batalla a Blackstone al no querer aceptar subidas de alquileres de entre un 60% y un 100%. Después de dos años y medio de batalla, el sindicato consiguió que el fondo les aceptase nuevos contratos por siete años con las mismas condiciones que tenían. Ahora, quieren que esa victoria sirva de precedente para lo que pueda ocurrir en los juicios de estas 40 familias: “Ya les ganamos una vez”, dice Antonio. Para Ramón, la única forma de parar los alquileres abusivos y los desahucios es “organizándonos colectivamente y apoyándonos los unos a los otros”.
Y ha servido. En el juicio de ayer, Blackstone cedió y alcanzaron un acuerdo con María y Dani para evitar el desahucio. Dentro de seis meses, se irán a otra vivienda y, mientras tanto, seguirán pagando la misma cantidad que ahora. No obstante, el abogado de la pareja afirmó que ha sido una solución individual respecto a este caso en concreto, pero que en el resto “vamos a tener que seguir luchándolos y peleando”. “Blackstone ha cedido brevemente cuando ha visto toda la potencia que hay desde el sindicato y toda la que hay en la concentración de la puerta”, exclamó al salir del juicio.