La Comunidad de Madrid ha encontrado en el ahorro energético su nuevo campo de batalla contra Pedro Sánchez. Cuando el Gobierno central anunció el 1 de agosto, pasadas las nueve de la noche, su plan para reducir el consumo eléctrico, la presidenta Isabel Díaz Ayuso enseguida se apresuró a asegurar que no lo aplicaría. Desde entonces, tanto el Ejecutivo autonómico como el PP nacional, con el paso marcado desde Sol, han mostrado su oposición al Real Decreto Ley con diferentes argumentos, en muchos casos falsos. Uno de ellos ha sido que venía “impuesto” y sin consensuarlo con las comunidades autónomas pero una semana después Madrid ha reconocido que no hará ninguna propuesta de cara a septiembre en la línea que reclama la Comisión Europea.
El anuncio llega un día después de confirmar que la Comunidad llevará el Real Decreto Ley del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Mientras desde Sol difundían una suerte de decálogo de inconstitucionalidad, con diez puntos en los que el Ejecutivo madrileño considera que el texto, que obliga a limitar el aire acondicionado, el apagado de escaparates y edificios públicos a las 22.00 horas y a instalar mecanismos de cierre de puertas en comercios, invade competencias, todos los grupos de la Asamblea regional, de izquierda a derecha, se preguntaban cuál es el plan de Ayuso.
“Hemos tenido conocimiento de las propuestas del Gobierno de España para afrontar el ahorro energético del 7% solicitado por la Unión Europea como consecuencia de la guerra de Ucrania, pero no tenemos ninguna comunicación sobre los planes de la Comunidad de Madrid para contribuir al objetivo, ni los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid ni los 179 municipios”, escribía el portavoz del PSOE, Juan Lobato, en una carta con destino a Sol. En ella, el socialista reclamaba a Ayuso una reunión “urgente” para analizar el plan de ahorro energético.
Una petición que guarda cierto paralelismo con la formulada el fin de semana por la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, que reclamó un encuentro entre el Gobierno central y los responsables de las áreas afectadas por el Real Decreto de cada comunidad, que se materializó en la Conferencia Sectorial de este lunes. No parece, por el momento, que Lobato vaya a tener tanta suerte en su petición. “Yo lo que le pido al señor Lobato es que defienda los intereses de los comerciantes madrileños”, respondió Martín durante una entrevista en Telemadrid, en la que presumió de que la Comunidad tiene “desde el año 2017 un plan de ahorro y eficiencia energética en los edificios públicos, que ha supuesto realizar más de 3.000 actuaciones y la inversión de 148 millones de euros”.
“El PP de Ayuso no tiene un problema con las formas mejorables del decreto de ahorro, sino con el fondo: ofrecer solidaridad con Europa en un momento de crisis energética y climática”, publicó la líder de Más Madrid, Mónica García, en su cuenta de Twitter tras conocerse que el Ejecutivo madrileño recurriría las medidas ante el Tribunal Constitucional. “Su indiferencia y egoísmo no tiene nada que ver con Madrid”, acusó. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso, también ha criticado la decisión del Gobierno autonómico. “Los intereses de la ciudadanía madrileña y sus necesidades siempre están en un segundo plano y parece evidente que en el contexto actual necesitamos ahorrar energía. Me gustaría saber cuáles son esas propuestas del Gobierno de la Comunidad de Madrid para ahorrar energía. Son la nada”, lamentó.
Pero las críticas a Ayuso ante lo que la oposición considera una ausencia de planes de ahorro energético ha llegado en esta ocasión también desde la derecha. Vox se ha alegrado del recurso ante el Constitucional pero su portavoz, Rocío Monasterio, ha asegurado: “Nos gustaría saber cuál es el plan para garantizar la energía a los madrileños. Lo solicitamos hace seis meses. ¿Tiene el gobierno de Ayuso algún plan?”.
Tras negar en casa el consenso que pide fuera, el Gobierno madrileño ha admitido este martes que no propondrá medidas de ahorro energético de cara al nuevo paquete que llegue en septiembre. Ello, pese a que este mismo lunes el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, había afirmado que “no se puede imponer a Madrid medidas que van contra la manera de ser y de funcionar de Madrid y hacerlo de arriba a abajo, desde un Ministerio, como si la ministra supiera a qué hora se tienen que apagar los comercios de España”.
Estas declaraciones se produjeron a la salida de la Conferencia Sectorial convocada por el Gobierno para aclarar dudas en torno al Real Decreto Ley, a la que acudieron la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto. Durante el encuentro, el PP exigió su retirada “inmediata” y, tras el mismo, el Gobierno de Ayuso anunció que lo recurriría ante el Tribunal Constitucional.
Ni una sola medida de ahorro energético
Ribera recordó tras la reunión con las comunidades autónomas que será en septiembre cuando se apruebe el grueso de medidas de ahorro energético. “Todas las comunidades han destacado su voluntad de aportar propuestas”, dijo. Este miércoles, sin embargo, Martín, ha insistido en el plan que trasladó a la vicepresidenta tercera en julio y en el que no se contemplaba ni una sola medida de ahorro energético. “Nosotros volveremos a trasladar a la ministra las propuestas que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que son propuestas a corto plazo, para contribuir a rebajar el precio de la luz, quitando impuestos y costes asociados que representan el 60% de la factura que pagamos, y además medidas a medio y largo plazo para que la política energética de España sea acorde a las necesidades”, ha explicado en una entrevista en Telemadrid.
Martín envió el pasado 8 de julio una carta a Ribera en la que reconocía como “evidente” que se está produciendo “un proceso de re-equilibrio geopolítico en el que la energía se está utilizando como ariete contra las sociedades abiertas de Occidente, por la vía de generar escasez y volatilidad”. En este contexto, la Comisión Europea ha presentado un plan de choque ante un posible corte de suministro por parte de Putin. Por un lado, está la recomendación de reducir el consumo en un 15%, que, por otro, pasará a ser obligatoria en caso de que deje de llegar el gas de Rusia. Tras una negociación, el Ejecutivo de Sánchez rebajó la meta al 7% para España por su menor dependencia.
Entonces, el Gobierno de Ayuso proponía al central una serie de medidas que repercutían tanto en la factura de la luz como en la recaudación del Estado, pero no en el consumo eléctrico. En concreto, la consejera de Medio Ambiente reclamaba sustituir los ocho impuestos estatales que gravan actualmente la producción de energía por uno único que “internalice” los daños ambientales, suspender los impuestos al CO2 y los hidrocarburos y reducir subvenciones como las garantías de potencia o las primas a las renovables. Este tipo de políticas, que reducen el precio de la factura que pagan los consumidores, han sido desaconsejadas por el Fondo Monetario Internacional. Este organismo ha pedido a los gobiernos que permitan que suba la factura para que, de este modo, se reduzca el consumo. Una petición que incluye, eso sí, ayudar al 20% más pobre de la población.
Respecto a las medidas a medio y largo plazo, Martín ha mencionado “retomar las relaciones con Argelia”, “reforzar las interconexiones eléctrica y gasista con el norte de Europa” e “invertir en energías renovables, pero haciendo una transición paulatina, seria, inteligente”. Son propuestas que, de nuevo, no suponen un ahorro energético de cara al invierno ni sirven de escudo ante el temor a que Vladímir Putin decida interrumpir el suministro de gas en los próximos meses. Como tampoco lo es la trasladada por la propia Martín en julio, cuando pedía “abrir el debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, antes de que el avance de los planes de desmantelamiento nos sitúe en un punto de no retorno”.
Planes ordinarios de inspección
Pese a la ausencia de un plan alternativo, como reclama Bruselas, que permita reducir el consumo energético en España en un 7%, la Comunidad de Madrid ha llevado el Real Decreto Ley ante el Constitucional, mientras critica la dificultad para hacer que se cumpla. “En Madrid hay 64.000 comercios, 30.000 bares y miles de metros cuadrados de edificios públicos, del Gobierno, los ministerios, La Moncloa, las consejerías, 179 ayuntamientos con edificios públicos. ¿Cómo hacemos esa labor de inspección?”, se preguntaba este martes el vicepresidente Enrique Ossorio.
La respuesta se la daba desde Telemadrid la propia Martín, que reconocía que “hay medidas que están recogidas ya en la normativa vigente” y que la Comunidad cuenta con sus “planes ordinarios de inspección”. “Por lo tanto, los planes ordinarios de inspección siguen vigentes. Lo que es curioso es que el Gobierno decida sin contar con las Comunidades autónomas, imponer unas medidas, unas restricciones, que luego tenemos nosotros que controlar”.