“Alejina no está bien. Es mal pronóstico”. Diecisiete días después de recibir esta llamada, la madre de Ramona Carvajal, Alejina, falleció. Pasó a formar parte de las 29.000 víctimas de la pandemia que residía en un centro de mayores -en concreto, en Griñón, al sur de Madrid. El 17% de estas personas vivían en Madrid. La mujer era un caso “altamente sospechoso” de COVID-19, pero, según la doctora que le atendía, no había recursos suficientes para hacerle el test y comprobarlo. “De llevarla al hospital nada, ¿no?”, preguntó la hija a la médica. “Nada”, respondió.
En la conversación telefónica, a la que ha tenido acceso El Periódico, la doctora asegura que ha recibido un “comunicado” en el que se establece un protocolo para no derivar ancianos a los hospitales: “La Comunidad tiene unos criterios para los residentes, que son: uno, puede ser trasladado a urgencias todo aquel paciente que tenga infección respiratoria o insuficiencia respiratoria; dos, que no tenga deterioro cognitivo; tres, que sea una persona independiente; cuatro, que no tenga patologías asociadas”.
“Esto es algo ilógico, no puede esperar uno que una persona mayor de 80 años no tenga nada”, comentó la médica, en referencia a las patologías asociadas, como la diabetes. “Ese es el comunicado que recibí el sábado, el viernes era peor”, relata en la llamada, que se produjo el 23 de marzo, según El Periódico. El comunicado del viernes (20 de marzo que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero reconoció que llegó a las residencias) establecía que sólo si la persona caminaba de manera independiente para ir al hospital. “Si no, no”, se lamenta la médica. “Es un comunicado de la Comunidad de Madrid para todos los médicos, residencias, directores y personal de enfermería”, añade.
El problema de Alejina, comenta la doctora, es que no tenía “criterios para derivación” tras hablarlo con el geriatra del hospital. Es decir, que no cumplía con los requisitos establecidos por la Comunidad de Madrid para ser trasladada. Incluso aunque empeorase, no la llevarían al hospital. No tenían respiradores suficientes, alega la médica, que en todo momento reconoce el mal estado de salud la anciana: “El pulmón derecho está lleno de líquido hasta la mitad”. Según El Periódico, la mujer falleció 17 días después de la llamada.
La cadena SER ha publicado más tarde una conversación de la hija de la víctima con el director de la residencia, quien reconoce que no les “dejaban derivar” a los ancianos y que los hospitales estaban “saturados”. “Llama tú al hospital de Parla y le dices a ver si me dejan derivarla. Si me llaman del hospital y me dicen 'mándemela', yo encantado. (...) Todos querrían que les derivaran y no es posible. No nos dejan derivar”. La SER explica que Alejina terminó falleciendo en la Fundación Jiménez Diaz y que la familia va a denunciar a la Comunidad de Madrid por un delito de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.
La conversación entre Ramona Carvajal y la doctora no es el único caso en que un médico reconoce las órdenes de la Comunidad de Madrid de restringir al mínimo los traslados de los mayores enfermos al hospital, una gestión de las residencias que ya ha sido judicializada. En un vídeo que se hizo en marzo pero que salió a la luz este mes de junio, un jefe médico del hospital Infanta Cristina de Parla explicó a su equipo que las UCI se iban a asignar “por años de vida recuperables”. “Esto es horroroso”, añadía.
Además, como publicó eldiario.es, las actas de la Policía Municipal de Madrid probaron que al menos cinco residencias pidieron auxilio a la Comunidad sin respuesta. La desatención del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se habría producido en los peores momentos de la pandemia, cuando los muertos se contaban por cientos y las residencias estaban siendo duramente golpeadas. “Sugieren abandono por parte de las instituciones”, recoge un informe realizado por los agentes municipales el 17 de abril.