Metro de Madrid sigue encontrando elementos con amianto en sus vagones nueve meses después. Esta vez la empresa ha detectado una pintura utilizada para recubrimiento que contiene fibras de este material tóxico y que se encuentra en el interior de los vagones y en las cabinas de los maquinistas, según comunica en una circular dirigida a los trabajadores, a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Fuentes del suburbano informan de que han retirado de la circulación los ocho trenes del modelo 2000, uno de los más antiguos, donde se ha detectado esta pintura, que también está en los bajos de los vagones. Estos trenes circulaban por la línea 5 y han sido sustituidos por otros más modernos (modelo 3.000) hasta que se desamianten. Hasta ahora todas las piezas marcadas se encontraban en los bajos de los trenes, pero no en zonas transitadas por pasajeros.
Fuentes de Metro de Madrid informan de que el elemento es “residual” y se encuentra en todos los casos en lugares “recubiertos”, no accesibles a los viajeros ni a los maquinistas. “Es una presencia muy escasa que además no está en estado friable. Es decir, no emite fibras al ambiente y, por tanto, no hay riesgo de inhalación por parte de los usuarios”, afirman las mismas fuentes.
Hasta la fecha, hay un total de cinco trabajadores, uno de ellos ya fallecido, que han pasado por el suburbano afectados por amianto y existen otros dos casos más catalogados como sospechosos. Todos son técnicos de mantenimiento salvo el último trabajador diagnosticado, un exmaquinista ya jubilado que trabajó durante décadas conduciendo los trenes.
El goteo de elementos peligrosos detectados no para, dicen los trabajadores y los sindicatos, que advierten de que habrá “más piezas” afectadas, con toda probabilidad en el interior de las cabinas de los conductores. En los talleres centrales, esas piezas se ponen en cuarentena a la espera de que sean retiradas por una empresa especializada. El proceso mantiene grandes zonas precintadas con las que conviven a diario los empleados.
La Fiscalía continúa con las diligencias tras el acta remitida en enero por la Inspección de Trabajo sobre la falta de medidas de la empresa para proteger a trabajadores expuestos que les costó una multa de 190.000 euros. La investigación busca determinar si los hechos pueden constituir un delito contra los derechos de los trabajadores e identificar a los responsables.