“No nos merecemos una presidenta que tiene que estar todos los días dando explicaciones. Ayer por la financiación irregular, hoy por un posible delito de falsedad documental”. Las palabras son de la portavoz de Podemos Lorena Ruiz-Huerta pero el sentir se extiende en toda la oposición: Cifuentes pasa por un momento débil por la acumulación de polémicas, más o menos probadas, a su alrededor. La mala racha llega además en el periodo menos deseable, el preelectoral, y las maquinarias de todos los partidos ya están en marcha. Quedan 14 meses para las elecciones.
El último episodio se ha producido este miércoles, con una polémica que salpica a cómo obtuvo un título de máster por la Universidad Rey Juan Carlos. Según publica este medio, la universidad cambió la nota de una asignatura y el trabajo de fin de máster de “no presentado” a “notable” dos años después de apuntarse y sin que mediara una nueva matrícula.
Para dar explicaciones, la presidenta ha optado por enviar un comunicado en lugar de ofrecer una rueda de prensa o una declaración pública. En dicho escrito, ha variado su primera versión, que aseguraba que aprobó en 2014, se ha encomendado a la información aportada por la universidad durante la mañana, basada en un “error de transcripción” en las notas que obligó a su cambio en 2014 después de que Cifuentes fuera a pedir el título. Junto al comunicado, Cifuentes ha enviado algunos documentos para apoyar su tesis, como el acta de la defensa del trabajo fin de máster o los resguardos de la matrícula.
Los partidos de la oposición han intentado que la dirigente autonómica tratara el tema en un pleno extraordinario este jueves pero el PP se ha mostrado en contra. Y la presidenta de la cámara ha negado la posibilidad de tramitación por falta de unanimidad. Los socialistas sostienen que, pese a los documentos aportados, aún hay cosas que aclarar.
Ciudadanos, por su parte, ha tenido este miércoles un papel protagonista. El acuerdo firmado con el PP dice expresamente que un cargo público debe separarse de su puesto si “ha falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica”.
El resto de la oposición ha señalado a los de Ignacio Aguado, que se han limitado a pedir explicaciones a la presidenta por unos “hechos graves” pero ha evitado hablar de dimisión o de romper el pacto. “No es prudente adelantar acontecimientos”, ha dicho el portavoz. Según fuentes de Ciudadanos, el Gobierno no se ha puesto en contacto con su partido. “No nos han llamado y nosotros tampoco”, resumen.
24 horas antes de publicarse la noticia sobre las notas falsificadas, la presidenta estaba apagando otro fuego después de que el exvicepresidente Francisco Granados, imputado como principal cabecilla de la trama Púnica y condenado por aprovecharse de un chivatazo de un agente de la Guardia Civil, la señalara sin pruebas como parte de la cúpula del PP que conocía y avalaba el uso de una caja B para engordar las campañas electorales. Se querelló contra él pero tuvo que pasar el martes por la comisión que investiga la financiación irregular de los 'populares' en el Congreso, donde se desvinculó de toda corrupción del PP.
Desvincularse del pasado
La presidenta, presentada como una figura de “regeneración” dentro del PP con “tolerancia cero con la corrupción”, ha estado buena parte de la legislatura intentando separar su gestión de las noticias diarias de Púnica y Lezo que apuntan a sus antecesores en el cargo y a algunos altos cargos (un viceconsejero Miguel Ángel Ruiz o el asesor Miguel Garzón) y diputados populares (como Daniel Ortiz o María Josefa Aguado) que han tenido que dimitir en esta legislatura.
Todos los expresidentes de la Comunidad de Madrid están hoy bajo el foco de Anticorrupción. “No me siento orgullosa ni satisfecha. Es una losa que pesa y que ha provocado desconfianza en nuestro electorado”, admitió la presidenta el martes ante los diputados del Congreso.
En medio de estas curvas, Cifuentes espera que el juez de la Púnica, Manuel García Castellón, decida si la llama a declarar por la adjudicación a Arturo Fernández para la cafetería de la Asamblea. La Guardia Civil detecta en la actuación de Cifuentes –vicepresidenta de la cámara entonces– presunta prevaricación y malversación.
En el PP lo descartan su imputación y la consideran “la mejor candidata”, “a otro nivel”. Tampoco hay otro plan, por el momento. Además, la relación con Ciudadanos permanece, pese a que la estrategia de desgaste de los de Aguado se considera poco lógica, un sentir que el PP ha trasladado a la dirección nacional del partido de Rivera.
Las idas y venidas con Ciudadanos
En estos tres años se han producido varios picos de tensión, con amenazas incluidas, pero nunca ha llegado la sangre al río. Pasó tras las declaraciones machistas de David Pérez, cuando Ciudadanos exigió que Cifuentes lo apartara (es alcalde y también diputado regional). Finalmente no pasó. Las tensiones resurgieron, esta vez a nivel nacional, con la imputación de la senadora Pilar Barreiro. Tampoco ha dimitido por el momento, pese a que el acuerdo que PP y Ciudadanos tienen a nivel nacional incluye que debe hacerlo si se dan estas circunstancias.
La ruptura tendría hoy menos consecuencias ejecutivas dado que los presupuestos de 2018 ya están aprobados y solo habría que prorrogarlos para aguantar hasta 2019. Sí se pondrían en peligro los grandes proyectos de legislatura, todos pendientes de aprobar: la ley del suelo, la ley de universidades y las de regeneración.
A estos se ha sumado en las dos últimas semanas una bajada de impuestos con nuevas deducciones para los madrileños y reformas en los hospitales, hostigados por la edad y la falta de mantenimiento, según las denuncias de los profesionales. Un modo de contrarrestar la cascada de noticias que ponen en riesgo su imagen pública en un momento en el que Ciudadanos se crece por los buenos pronósticos que les conceden las encuestas. “Están nerviosos”, conceden diputados de varios partidos de la oposición.