Censurar el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, e interrogarse sobre el origen del dinero y la propiedad de los dos pisos de que disfrutan este y la presidenta madrileña es entrar en el terreno de la difamación, según González Amador. Pese a haber reconocido por escrito la comisión de un fraude fiscal por valor de 350.000 euros por sus ganancias durante la pandemia, Amador amenaza ahora con presentar denuncias por difamación contra el PSOE y Más Madrid en tanto que partidos, así como contra la ministra de Ciencia, Diana Morant, el diputado socialista José Zaragoza, el director de comunicación de los socialistas, Ion Antolín, y la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, después de haber hecho lo propio en julio con la vicepresidenta María Jesús Montero y la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez.
La nueva batería de demandas, adelantadas por El Confidencial, reclaman la celebración de actos de conciliación previo a la interposición de los pleitos y el abono de 115.000 euros de indemnización. El montante se divide en 30.000 euros reclamados al PSOE, 15.000 a Más Madrid, 30.000 a Antolín, 15.000 a Maestre, 15.000 a Morant y 10.000 a Zaragoza.
El PSOE y Más Madrid reclamaron antes del verano que la investigación judicial a González Amador por fraude y falsedad documental se ampliase para investigar otros posibles delitos como administración desleal, falsedad contable, delito contable y corrupción en los negocios en el marco de sus trabajos con el grupo Quirón, contratista habitual de la sanidad privada madrileña. La jueza rechazó finalmente este extremo a la vuelta de las vacaciones. Pero el equipo de Amador considera que las notas de prensa publicadas por el PSOE tras personarse en el juicio son “un cúmulo de embustes”, según señaló a El Confidencial su defensa, susceptibles de una querella por injurias y calumnias tras el acto de conciliación.
También se amenaza con querellas a Más Madrid y Rita Maestre, quien se preguntó públicamente por los puntos oscuros del caso; en concreto, la identidad del principal accionista de la sociedad propietaria del segundo piso del que disfrutan Ayuso y Amador. A Morant y Zaragoza, las amenazas por sus declaraciones públicas críticas respecto al caso merecen una demanda por vía civil y no penal.
Maestre: “Es la estrategia de la tinta de calamar”
La primera en reaccionar al contraataque judicial ha sido Rita Maestre, que no se ha amilanado. “Ni me van a intimidar, ni van a conseguir que deje de luchar contra la corrupción del PP […] Esta es la estrategia de la tinta del calamar, que solo pretende enfangar y distraer la atención. Todas las preguntas que hice sobre quién paga el piso en el que vive la presidenta de la comunidad de Madrid, y a cambio de qué, siguen sin responderse. Y aquí seguiremos buscando la verdad hasta encontrarla”, ha retado en la red social X.
La estrategia de disparar contra todo de Amador ya se hizo patente tras haber denunciado a la fiscalía por haber desvelado información privada del propio investigado; la realidad era muy distinta: fue el entorno de la presidenta y dirigente del PP madrileño el que difundió falsamente entre varios medios que la fiscalía había propuesto un pacto a Amador para evitar el juicio. La nota aclaratoria del ministerio publicó a raíz de esas publicaciones señaló que había sido realmente la propia defensa de la pareja de Ayuso quien había propuesto el acuerdo. Esta maniobra de embrollo ha resultado en que el fiscal general del Estado esté a las puertas de la imputación por el Tribunal Supremo. Mientras tanto, Amador está pendiente de ratificar su pacto con la fiscalía para evitar la cárcel a través del pago de más de medio millón de euros, junto a una condena de ocho meses que no requeriría ingreso en prisión.