El supuesto problema de la ocupación de viviendas en Collado Villalba llevó al ayuntamiento del municipio a habilitar en el segundo semestre de 2021 los servicios de una oficina antiocupación que subcontrató por seis meses y 15.000 euros a una sociedad vinculada a Salvador Palazón Marquina, administrador de Desokupa Expres. Esta empresa es conocida por sus tácticas intimidatorias, basadas en la exhibición literal de músculo en las puertas de las viviendas, y ya ha tenido encontronazos con la Justicia por su exceso de celo.
Pese a las protestas de la oposición y la Asamblea de Vivienda de Villalba, la alcaldesa, Mariola Vargas (PP), dijo al terminar el año que la experiencia había sido un éxito y que se le daría continuidad. No fue así y el local, que en tiempos albergaba exposiciones de arte, ha permanecido cerrado todo lo que va de 2022, como denunció la Asamblea esta semana. Un portavoz municipal confirma ahora que no volverá a abrir.
La explicación es que la Comunidad de Madrid está poniendo en marcha una oficina regional con el mismo objeto. “Se están firmando los convenios con los ayuntamientos para este asunto […] Es una tontería duplicar esfuerzos”, explican desde el consistorio. Si en los ocho meses que han transcurrido desde el fin del contrato no se han desarrollado actividades en el local, ni cedido a ninguna entidad local para su uso puntual, ha sido porque “no ha habido ninguna actividad proclive”, razonan. La localidad tiene 64.000 habitantes.
“No han dado ninguna explicación, pero sabemos que la han cerrado porque no iba bien”, indica Pablo López, portavoz de la Asamblea de Vivienda. Aunque el Ayuntamiento había presumido de que la oficina había tramitado hasta 121 denuncias durante el tiempo que estuvo funcionando, resultó que algunas solo tenían una relación tangencial con el asunto. Por ejemplo, una gotera en un piso que molestaba al vecino de abajo.
“Es como montar una oficina contra los carteristas. Lo único que pueden aconsejar es que denuncie”, compara López. Collado Villalba tampoco es uno de los municipios más afectados por la supuesta ola de ocupaciones residenciales. Según datos del Ministerio del Interior que recogía El País, en los cinco años previos a 2001 solo se habían formalizado en la localidad 35 denuncias por ocupación o allanamiento de morada, por las 102 de Aranjuez, 60 de Valdemoro o 45 de Arganda del Rey, de similar población.
La contratación de la sociedad Desocupaciones Técnicas, del mismo administrador que Desokupa Expres, también resultó polémica, pues se hizo como contrato menor, sin publicidad, y la empresa subcontrató a su vez el día a día a la llamada Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), creada en 2020 y con sede en Barcelona. El servicio que ahora asume las labores de guardia es un número 900 bautizado, sin embargo, como 112 Ocupación. Funciona desde julio, tras haber sido anunciado en 2020 por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Se trata de una línea de atención telefónica que arrancó en horario de 7:30 a 23:30, con dos telefonistas y un agente (este solo en horario de mañana), con el cometido de derivar la llamada a la policía si consideran que los casos lo requieren y son urgentes. El Gobierno autonómico prometía entonces que habría un turno de noche operativo “en breve”. En la misma nota, la Comunidad señalaba que había 4.300 viviendas afectadas por el “grave problema” de la ocupación, cifra que apenas ha sufrido cambios en el último lustro, y que las autoridades reconocen que afectan mayoritariamente a inmuebles propiedad de la banca.