Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto del Ayuntamiento de Madrid han hecho este viernes públicas sus conclusiones sobre los trabajos de la comisión de investigación del supuesto espionaje a Ayuso, que se cerró el 9 de mayo con la comparecencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. En ellas, coinciden en que el alcalde “mintió” al asegurar que cuando fue informado de los hechos, puso en marcha una investigación interna para saber si eran ciertos esos “rumores” –como él los calificó– de que se había intentado contratar a detectives privados para espiar al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. También acusan al alcalde de “boicotear” los trabajos al poner todo tipo de obstáculos para impedir que comparecieran la mayoría de los dirigentes del PP que podrían haber sido claves para esclarecer los hechos. Una de las ausencias más notables fue la del excoordinador de la Alcaldía, Ángel Carromero, que presentó su dimisión al estallar el escándalo pero en realidad fue cesado por Almeida sin que se hayan conocido las razones de ello. Su testimonio era fundamental para saber la verdad. Pero Carromero mantuvo en suspense a toda la comisión y al final dio plantón a los grupos.
El caso dio origen a la mayor crisis que ha sufrido el PP en toda su historia y a la defenestración de su anterior presidente, Pablo Casado, y casi toda su cúpula. Ni Casado ni los otros dirigentes del partido llamados a testificar, como Teodoro García Egea, o Pablo Montesinos, quisieron acudir a la comisión. Tampoco la propia Isabel Díaz Ayuso, que fue la que denunció los hechos. El alcalde apoyó que no fueran al considerar que la oposición solo quería someterlos a “un circo”.
El Grupo Mixto, que lidera Marta Higueras, insiste en sus conclusiones que es necesario impulsar una moción de censura contra el gobierno de Almeida. El único grupo de la oposición que no ha querido presentar ni dictamen ni recomendaciones ha sido Vox, que ha señalado que en opinión de sus ediles la comisión de investigación ha sido “en una cacería política desde el principio”, coincidiendo con lo que ha denunciado el propio alcalde y el PP. Fuentes del grupo de extrema derecha aseguran: “A los que creemos es a los cargos técnicos que han declarado que no hubo uso de recursos municipales”. “Esta ha sido la 'Comisión de la Nada'”, afirman.
Más Madrid buscará el “mayor consenso” para presentar unas conclusiones conjuntas
El principal grupo de la oposición, Más Madrid, destaca en su informe que “el alcalde no ha actuado con la debida diligencia comprometida por él mismo para permitir conocer el testimonio tan siquiera de los que fueron altos cargos de su gobierno”. En este sentido ,“se debe de concluir que se han puesto todos los obstáculos posibles para poder conocer la verdad”, dicen. Y ponen de relieve “los comportamientos reprobables por parte del concejal de vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, y de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante”
Para Más Madrid Álvaro González “ocultó información relevante sobre los hechos y las pesquisas que estaba siguiendo tanto al Consejo de Administración como al Comité de Ética de la empresa de vivienda”. También consideran que “Carabante se extralimitó claramente en sus funciones y competencias, participando personalmente en la reunión en la sede de la EMVS, dependiente del Área Delegada de Desarrollo Urbano, y participó en el interrogatorio a un empleado de esta empresa pública”.
En su dictamen, los de Rita Maestre no solo destacan “los intentos de Almeida por obstaculizar esta comisión”, sino también “el boicot que han hecho los miembros del PP, incluidos altos cargos del gobierno, o gente tan relevante para esta investigación como Carromero o Ayuso o su hermano, al no venir a declarar”. También ponen de relieve “las contradicciones de los distintos testimonios y el comportamiento reprobable de algunos concejales que se han extralimitado claramente de sus funciones”.
Aunque Más Madrid cree que no hubo contratación en la EMVS para espiar a Ayuso porque los controles lo impidieron, consideran que se quedan sin saber si la ha habido en la EMT o en el área de coordinación de Alcaldía dado que el Ayuntamiento no les ha enviado la documentación que requirieron.
El concejal de Más Madrid Miguel Montejo ha puntualizado, no obstante, que se trata de un dictamen “abierto”, adelantando la predisposición de su grupo “a negociar” con el resto de la oposición –excepto Vox– “para alcanzar el mayor consenso posible y que el documento que se apruebe finalmente en el Pleno tenga los máximos apoyos posibles”.
El PSOE pide que sea obligatorio comparecer ante las comisiones de investigación
En el PSOE dan por probado que “el alcalde se entera de que, por parte del Ayuntamiento o alguna Empresa Municipal, se ha intentado contratar a un detective para investigar al entorno de Isabel Díaz Ayuso”. También da por cierto que Almeida “inicia una investigación en la que reconoce haber empleado medios municipales para un asunto exclusivamente privado del PP”.
Los socialistas hacen hincapié en que “el testimonio de las 24 personas que no han comparecido hubiera aclarado los términos de la investigación que el alcalde ordena hacer en el Ayuntamiento, la EMVS y la EMT”. Además, piensan que las dimisiones de Ángel Carromero, ex coordinador de la Alcaldía, y David Fernández, que fue jefe de prensa del área de Vivienda y el cese de Joaquín Vidal como director del comunicación de Almeida, “confirman que la trama existió y que el alcalde realizó una investigación usando medios del Ayuntamiento”.
“Conocemos una parte de esa investigación interna”, dicen los socialistas en su escrito, recordando que “en la sede de la Concejalía de Vivienda, se reúne el Comité de Dirección del área, con asistencia del Delegado Álvaro González y la incorporación del edil Borja Carabante al final de la reunión en la que se interroga Diego Lozano y David Fernández (asesores de Álvaro González) acerca de si la EMVS ha encargado investigación al detective Julio Gutiez sobre el hermano de Ayuso”.
El grupo de Mar Espinar cree, en definitiva, que “las no comparecencias de miembros activos del PP, las dimisiones de Ángel Carromero y David Fernández y el cese de Joaquín Vidal confirman que la trama existió” y que el alcalde “realizó una investigación usando medios del Ayuntamiento”. Además, destaca “las contradicciones entre miembros del Gobierno municipal y personal directivo y eventual han puesto de manifiesto que se ha mentido de forma pertinaz y obstinada”.
En sus recomendaciones, los socialistas piden que “el Ayuntamiento elabore una normativa que obligue al personal municipal a declarar en las Comisiones de Investigación”; y que “el no cumplimiento de esta normativa provocará el cese del personal eventual y la apertura de expediente disciplinario a funcionarios y personal laboral”.
Recupera Madrid insiste en una moción de censura contra Almeida
Por su parte, los tres ediles del Grupo Mixto también cree que el PP “ha intentado nuevamente hacer un uso partidista de las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Madrid”, por lo que piden “retirar a los concejales del PP de cualquier responsabilidad de gobierno”, “como única forma de evitar que se sigan produciendo estas dinámicas activando, para ello, una moción de censura respaldada por la amplia mayoría de concejales presentes en el Pleno que rechazamos de plano este tipo de prácticas”.
Los de Marta Higueras creen que la investigación interna que anunció Almeida “no se produjo y el alcalde mintió cuando afirmó que sí se había realizado”. Una de las comparecencias que destacan es la de Ignacio González “que relató que el espionaje dentro del Partido Popular en una práctica habitual, una forma de presionar para obtener réditos políticos, precisamente lo que se buscaba con este presunto espionaje”.
En su escrito, Recupera Madrid coincide con los otros grupos en que “la comisión ha tenido un problema fundamental de partida y es que los principales implicados en el caso del espionaje decidieron no asistir, lo que ha impedido conocer su testimonio”. Entre ellos, citan a Isabel Díaz Ayuso, “que denunció el caso”, recuerdan. “Esta sucesión de incomparecencias hace que resulte prácticamente imposible esclarecer nada”. No obstante, apuntan a que ha habido “dos testimonios que han arrojado algo de luz sobre el asunto. Los de Javier Segura Fayos, vocal asesor de alcaldía, e Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre entre los años 2011 y 2015”.
Almeida dice que la oposición tenía su sentencia “escrita”
La vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha coincidido por su parte con la oposición en algunos aspectos de sus dictámenes, y en considerar “fallida y boicoteada” la comisión de investigación. “Nos hemos quedado sin saber quién estaba detrás del espionaje, cómo se articuló el espionaje, nos hemos quedado sin saber cómo llegó a saber la señora Ayuso de que estaba siendo víctima de espías, nos hemos quedado sin saber cuál ha sido el método por el cuál se enteraron...”, ha indicado Villacís.
Mientras los grupos municipales daban a conocer sus escritos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida insistía en acusa a la oposición de “tener escritas las conclusiones de la comisión antes de que arrancara”.
“Tenían las conclusiones escritas desde el principio. Como sabían que no había nada, que no hubo encargo, ni dinero público o irregularidad... ha asegurado este viernes Almeida antes de participar en la inauguración de la Feria del Libro. Almeida considera que la oposición ha ignorado los informes del Comité de Ética solo para poder ”difamar y mentir“, en lugar de transmitir ”tranquilidad“ porque, según insiste, ”no ha habido espionaje ni irregularidad“. ”Pero esto es mucho pedir para una oposición instalada en los últimos meses en el fango y el barro“, ha agregado el alcalde.
El Grupo Municipal Popular también ha desvelado sus conclusiones. Insisten en que en ningún momento se produjo “nada irregular” o “sospechoso que pudiera suponer un incumplimiento de la normativa vigente”. Además, añaden que “no hay corrupción” y “no hay implicación de trabajadores de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo ni del Ayuntamiento de Madrid”, por lo que “no tienen ningún fundamento las denuncias”.