La oposición ha encontrado en la situación de la Justicia en la Comunidad de Madrid un talón de Aquiles en la gestión de Cristina Cifuentes. En el pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, PSOE, Ciudadanos y Podemos han incidido en criticar la “escasez absoluta de medios materiales y humanos” de los juzgados madrileños. Hasta cinco diputados de la oposición han centrado sus intervenciones en la situación de la Justicia madrileña.
Un incendio en los juzgados de Torrejón el pasado 11 de enero que evidenció la pésima situación en la que se encontraban las instalaciones ha puesto en pie de guerra a todo el sector de la Justicia de Madrid. A pesar de que el consejero de Justicia y Presidencia, Ángel Garrido, lleva semanas reuniéndose con sindicatos, jueces, fiscales y abogados prometiendo un plan de choque de 4 millones de euros para mejorar las infraestructuras judiciales, la oposición ha recalcado que las medidas llegan tarde y mal.
La presión por el estado de la Justicia es tan fuerte que el PP se avino a consensuar una proposición no de Ley en el Pleno para impulsar un Pacto por la Justicia. Este acuerdo recoge la elaboración en un mes de un Plan de choque que frene el progresivo e intenso deterioro que sufren los servicios de Justicia, al que se sumará un Plan de actuación integral de mejora de la Justicia de carácter plurianual con su respectiva dotación presupuestaria e incluir en los presupuestos para 2017 una partida presupuestaria para garantizar la mejora de las sedes judiciales de la Comunidad que incremente la dotación que se aprobó en 2016.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, ha sido muy crítico con la actuación de la presidenta de la Comunidad. “Muchos de sus compañeros han ido a los juzgados, pero han ido esposados. No quiero que vaya esposada, quiero que vaya y lo conozca en primera persona su situación. Por culpa del Partido Popular están en una situación ruinosa”, ha comentado Aguado. El portavoz de Ciudadanos ha enseñado fotos de juzgados de Madrid con ratas y atestados de papeles para sostener sus criticas.
Cifuentes ha expresado su preocupación por “la situación de la justicia y por eso, al llegar al gobierno se marcaron tres prioridades: garantizar la asistencia jurídica gratuita, la ampliación de los recursos humanos y la modernización de los recursos judiciales”. Además ha explicado que “han aumentado en un 31 por ciento el presupuesto para justicia gratuita, se han cubierto 188 vacantes y se han contratado 881 interinos y han aumentado en 18,7 millones el presupuesto destinado a infraestructuras”.
La portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta ha identificado las bajadas de impuestos en Madrid con la “situación de hospitales y juzgados, que están colapsados por perdonar impuestos a los ricos”.
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha añadido que “la insuficiente dotación de infraestructuras, la inseguridad de los inmuebles y la higiene, la falta de medios y organización afecta a derechos de ciudadanos. Son dificultades efectivas para realizar una buena labor de justicia. Están poniendo en riesgo el trabajo de los profesionales y los derechos de los usuarios”.
Ante las preguntas del PSOE, Cifuentes ha respondido que Madrid “es la Comunidad autónoma que tiene más funcionarios por juez. Durante 2017 vamos a crear siete órganos judiciales más, y vamos a presentar un plan de choque el próximo 13 de febrero”. Además la presidenta ha vuelto a mirar a Andalucía para atacar a los socialistas y ha pedido que exija “al consejero de justicia de la Junta de Andalucía que pida disculpas por sus declaraciones contra algunos jueces”.
La diputada socialista Pilar Llop ha vuelto a preguntar por los juzgados madrileños y ha declarado que “la inexistente política de Justicia afecta a los inversores por la inseguridad jurídica. Un 30% de las inversiones reales que dedican a la Justicia son apenas 500.000 euros”.
Garrido ha recordado que con “71 sedes judiciales y 7.000 trabajadores nadie puede evitar que en alguna sede ocurra algún incidente, aunque en materia de prevención se desarrolla un trabajo permanente de evaluación en materia de riesgos laborales, de manera que el año pasado se inspeccionaron 37 sedes judiciales”.
Anteriormente a este pleno, tanto Cifuentes como el consejero de Justicia y Presidencia han llegado a admitir que la situación de las infraestructuras de la Justicia en la Comunidad “es muy mala”. Garrido aseguró que se enfrentan a una complicada tarea debido a la falta de inversiones de anteriores Gobiernos de su propio partido: “Los problemas de la justicia vienen de muy atrás, son complicados, es cierto que llevamos muchos años de falta de inversión, en los últimos años se había producido una merma de hasta el 30% en la justicia”.
Un grupo de jueces decanos de la Comunidad llegó a amenazar con llevar a la Fiscalía el incendio de los juzgados de Torrejón, si el Gobierno de Cifuentes no ofrecía una solución con urgencia. El sector de la Justicia espera los siguientes movimientos del consejero.