“Extensión de la ley mordaza”, “aberración jurídica”. Estas son algunas de las calificaciones que ha recibido el proyecto de ley contra delitos de odio que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó el pasado martes. Los partidos de la oposición y varios juristas expertos en la materia han cuestionado duramente el texto.
“Es una norma que tiene un carácter integral para corregir conductas que pueden promover al odio”, explicó Cifuentes. “El objetivo es dar respuesta a cualquier forma de intolerancia” y prestar “una especial atención a acciones que se hacen a través de la red”.
La previsión de sanciones de hasta 45.000 euros por conductas con un componente de incitación al odio, intolerancia y discriminación, ha causado fuertes críticas en los grupos de la oposición.
La diputada regional por el PSOE Mónica Silvano destaca que ellos presentaron un proyecto de ley contra delitos de odio semanas antes de que lo hiciera el Gobierno y, por lo tanto, no votarán a favor de la ley propuesta por Cifuentes. “Nosotros vamos a defender nuestro texto”, asegura. Explica que la diferencia fundamental entre su propuesta y la del Gobierno es que, a su juicio, la de su grupo parlamentario “va más en la sensibilización y en la educación, no solo se basa en sancionar”.
Sin embargo, en el grupo socialista en la Asamblea de Madrid se manifiestan “alegres” de que el Gobierno haya entendido que hay tomar medidas sobre el tema y restan importancia a las críticas de los expertos en Derecho. “Existe una necesidad de legislar sobre este tema, cuando algo es pionero siempre despierta ciertas tensiones”, han declarado.
El diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, coincide con el PSOE en votar negativamente al polémico proyecto de ley. “El Gobierno de Cifuentes ha querido anticiparse a la propuesta de ley del PSOE sobre delitos de odio en la que ya estábamos trabajando todos los grupos”, ha afirmado, apuntando a una estrategia desde la presidencia autonómica: “Es una manera de tapar la ley del PSOE porque no quieren que la oposición lleve leyes delante por sí mismos”, han dicho.
En cuanto al contenido de la propuesta, la postura de Podemos es rotunda: “Creemos que se trata de una extensión de la Ley Mordaza, más dura si cabe, que pretende sancionar por la vía administrativa y no por la judicial como debe ser en estos casos”.
Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos han manifestado no conocer el texto y que no harán valoraciones ni comunicaran su posición en la Asamblea en este sentido hasta que no estudien el proyecto en profundidad.
Puede crear indefensión jurídica, según los expertos
La Plataforma de Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se ha manifestado radicalmente en contra de que la llamada Ley Mordaza de Cifuentes, entre en vigor. La abogada Isabel Elbal, que defendió a César Strawberry en el juicio en el que el músico fue absuelto de un delito de enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, cree que la norma que plantea Cifuentes no se ajusta a la legalidad. Primero, por ser una ley autonómica: “Cuando una materia tiene que ver con derechos fundamentales, está reservada al Congreso”.
“Es una auténtica aberración jurídica, afecta al derecho fundamental a la libertad de expresión y no puede regularse por una norma administrativa”, asegura Elbal, que recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional se han manifestado en este sentido.
Para Elbal, la finalidad de la ley es “adentrarse en las redes sociales para poder reprimir y censurar aquellas opiniones que sean contrarias al pensamiento dominante”. Admite que en las redes sociales se dan “expresiones repugnantes”, pero que están protegidas por la libertad de expresión. Lo que provocará una ley así es que los usuarios tengan miedo a ser vigilados y se autocensuren, añade.
La ley también puede crear indefensión jurídica. “Hay una falta de definición de la consulta sancionable, es un concepto muy amplio y muy abierto”, asegura Elbal, que opina que cuando una norma puede establecer multas de hasta 45.000 euros, los hechos a castigar deben estar perfectamente claros.
De la misma opinión es el abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en la defensa de los derechos civiles en internet, quien apunta que la ley “busca la autocensura, no solo las sanciones, es un mensaje a toda la ciudadanía, que sepan que están vigilando”. Advierte también que la ciudadanía tiene en su mano herramientas para pelear contra este tipo de normas y “defenderse contra esta agresión”.
“Siempre es peligroso que la Administración se entrometa en materia de libertad de expresión en internet, mejor que sea el Poder Judicial quien pondere, porque solo el Poder Judicial es el que está facultado para secuestrar publicaciones, y una red social no deja de ser una publicación”, apunta.
Para este abogado, lo grave es que el control de internet es una tendencia creciente, y pone como ejemplo que el PSOE haya presentado una iniciativa muy similar: “Ahora el derecho a la libertad de expresión pertenece a toda la ciudadanía, y ante esa explosión de libertad, los gobiernos han querido acotarla con medidas coercitivas”.
Este proyecto de ley también cuenta con un informe desfavorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid remitido al Gobierno autonómico por primera vez el pasado mes de junio. El escrito, difundido por la Plataforma en defensa de la Libertad de Información, hace referencia en numerosas ocasiones a la inclusión por parte de la Comunidad en aspectos en los que la competencia es en “exclusiva” estatal.
“El artículo 30.3 estaría viciado de inconstitucionalidad”, concluye el servicio jurídico. El artículo expone que la Comunidad de Madrid “se personará en los procedimientos penales de incitación de odio en calidad de parte perjudicada civilmente”. La Abogacía considera que la defensa de la legalidad pertenece “en exclusiva al Ministerio Fiscal” y la personación por parte del Gobierno autonómico puede “mermar el derecho de defensa del acusado” por existir “duplicidad” de funciones.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid apunta a numerosos casos en los que la comunidad autónoma estaría vulnerando competencias estatales en materia de educación, sanidad, mercado laboral y medios de comunicación.
Las infracciones contempladas en el proyecto podrán ser leves, (con multa de hasta 3.000 euros), graves (con sanciones de entre 3.001 y 20.000 euros), y muy graves (con castigos de entre 20.001 y 45.000 euros). La gravedad de las acciones dependerá “de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la intencionalidad del infractor y la reincidencia”.