El Partido Popular ha centrado su oposición en estos dos años y medio de Gobierno de Manuela Carmena en los tribunales. Este lunes, le ha tocado el turno a la edil de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, contra la que el PP se ha querellado por malversación y prevaricación por la compra del servicio público de alquiler de bicicletas BiciMad. Esta querella, que también va dirigida contra el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, es una más de una larga lista de demandas que los conservadores han interpuesto en los juzgados contra diferentes concejales del Gobierno municipal.
Hasta la llegada de Ahora Madrid al Ayuntamiento, el Partido Popular había gobernado durante 24 años en la capital. Ganó las últimas elecciones de mayo de 2015 aunque perdió la mayoría absoluta y su incapacidad de conseguir apoyos les ha dejado en la oposición. Ahora, mientras la Fiscalía Anticorrupción tiene bajo su foco a los cuatro últimos presidentes del PP en la Comunidad de Madrid, el partido conservador en el Ayuntamiento manifiesta su desacuerdo con las políticas del Gobierno de Carmena a golpe de querellas, además de con propuestas en el Pleno que poco tienen que ver con políticas locales tales como Catalunya, ETA o Venezuela.
La querella contra Sabanés llega dos meses después de que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la anunciase. Para los populares, presuntamente se ha cometido malversación de caudales públicos porque el precio abonado de 10,5 millones de euros a Bonopark, empresa a la que la exalcaldesa Ana Botella concedió el servicio, es “lesivo” para las arcas municipales. “Se pagó un precio muy superior al real, generando un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo”, lamentaba este lunes Almeida.
Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguraron a eldiario.es que se realizaron dos estimaciones para determinar el coste que tendría la compra del servicio para que fuese de gestión municipal. Además, se descartó, explicaron esas mismas fuentes, que el precio fuese el de la deuda que Bonopark había adquirido durante su gestión, más de 13 millones de euros.
“A la hora de analizar la valoración económica del contrato, se realizaron paralelamente dos estimaciones distintas con el objetivo de minimizar el posible margen de error”, explicaron desde el Ayuntamiento de Madrid a este diario. La primera fue la valoración de activos tangibles e intangibles, utilizando las Cuentas Anuales auditadas del año 2015 de Bonopark, con un resultado de 9,5 millones de euros.
La segunda, tiene que ver con el Valor Actual Neto (VAN) que se espera obtener durante el periodo de la concesión, contando con duplicar el número de bicis operativas en 2019, un índice de disponibilidad del 95% o una tasa de vandalismo similar a la de 2016, entre otras. “El VAN se calculó en 11.127.984 euros”, afirmaron.
Las otras demandas contra ediles
Antes que Inés Sabanés, ha habido otros ediles de Ahora Madrid contra los que el PP ha interpuesto querellas. La primera vez fue contra Celia Mayer cuando dos titiriteros acabaron en la cárcel tras representar la obra teatral La bruja y Don Cristóbal, donde se expuso el mensaje “Gora alkaeta”. El grupo Municipal Popular presentó una denuncia contra Mayer, por aquel entonces delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, por “colaboración en enaltecimiento del terrorismo y desprotección de menores”.
Los conservadores también llevaron a los tribunales la comisión de investigación sobre la deuda de Madrid que investiga su incremento durante los últimos gobiernos del Partido Popular. El PP argumentó que la comisión tenía como único objetivo atacar a los Gobiernos populares y al partido. El juez de primera instancia les dio la razón y el Ayuntamiento ha troceado las causas para poder seguir investigándolas. Desde entonces, se han fiscalizado la venta de pisos sociales a fondos buitre o los sobrecostes de la M-30.
Este es sin duda uno de los casos que más han acaparado los focos mediáticos: la querella contra los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. La juez de Instrucción número 21 de Madrid admitió a trámite una querella presentada por el grupo municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario. El Partido Popular se querelló contra los ediles después de que éstos presentasen una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el contrato firmado entre el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón y los organizadores del Open de Tenis. La magistrada les citó a declarar “en concepto de querellados” por el encargo de dos informes jurídicos externos que sirvieron como base de la denuncia llevada a Anticorrupción y por los que el PP considera que cometieron los tres delitos mencionados.
Otro caso que transcendió lo local fue el recurso que el PP interpuso contra la cesión de un espacio municipal para que se celebrase un debate por el derecho a decidir en el marco del referéndum catalán declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El juez José Yusty Bastarreche del Contencioso-administrativo de Madrid suspendió el acto. En unos mensajes en un chat de jueces, desvelado en exclusiva por eldiario.es, Yusty Bastarreche acusó a la alcaldesa de no tener un “aspecto presentable”.
También hubo amenazas en este sentido que nunca se materializaron. El caso más famoso fue cuando Esperanza Aguirre anunció que llevaría a los tribunales al Ayuntamiento por el cierre parcial de la Gran Vía durante el periodo navideño. “A los tribunales iremos seguro a denunciar esto, porque es inconcebible”, aseguró la expotavoz que tachó la medida de “fundamentalismo medioambiental”. La denuncia nunca llegó.
Los recursos del Gobierno de Rajoy
La oposición al Ayuntamiento de Carmena ha venido también desde otras instituciones gobernadas por el PP. Es el caso de las obras públicas que paralizó cautelarmente la justicia en el marco de la guerra económica entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el ya exconcejal de Economía Carlos Sánchez Mato por la regla de gasto.
La Delegación de Gobierno, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, interpuso un recurso contra las obras que el Ayuntamiento de Madrid estaba financiado con su superávit a través de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). El Ejecutivo local decidió acogerse a la disposición legal de los Prespuestos Generales del Estado que permite utilizar el remanente de tesorería del año anterior, para hacer unas obras que había tenido que parar anteriormente por la regla de gasto cuando el Gobierno de Rajoy obligó a congelar más de 200 millones de las cuentas de 2017. El juez paralizó cautelarmente las obras y finalmente Hacienda y el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo en el que el Consistorio acometía recortes en su plan económico a cambio de que el Gobierno retirase el recurso.
El último recurso de Delegación de Gobierno, dirigida por Concepción Dancausa (PP), por el que los tribunales han dictado unas cautelares es el interpuesto contra el acuerdo llegado entre el Ayuntamiento y los sindicatos para equiparar las condiciones de trabajo de los funcionarios y el personal laboral del Consistorio.
El gobierno de Manuela Carmena aprobó en septiembre el acuerdo alcanzado con los cuatro sindicatos mayoritarios en el Consistorio para equiparar al personal laboral del Ayuntamiento de Madrid con los funcionarios, una medida que implicaba un coste de 9,5 millones de euros anuales y beneficiaba a 4.200 trabajadores.
Queda por delante un año y medio del Gobierno de Manuela Carmena y desde el Ayuntamiento no descartan que haya más. No se sabe en qué quedará esta última querella contra la edil Inés Sabanés o si habrá otras. Desde el Consistorio dicen estar “tranquilos” con esta última querella porque “todo está en orden”. “Solo responde a la estrategia del PP de intentar extender la sospecha sobre todo para tapar sus múltiples casos de corrupción y mala gestión”, concluyen.