Ana Domínguez ha perdido la cuenta de las fiestas ilegales que se han celebrado en un apartamento turístico de su edificio. Los organizadores y los asistentes, cuenta esta residente del barrio de Las Letras de Madrid, han desarrollado un protocolo para evitar que los vecinos llamen a la Policía después de varias escenas “de película” con agentes aporreando la puerta del piso a horas intempestivas pidiendo a gritos que les abrieran. Han intervenido cinco veces en la misma vivienda en apenas dos meses. “Veo los Uber llegar a la puerta con varias personas cada uno, llaman por el móvil para evitar tocar el telefonillo, suben por la escalera y al llegar a la puerta dan unos golpecitos”, relata Ana, que es la presidenta de la comunidad de propietarios. Los vecinos sospechan que los mismos inquilinos alquilaban el piso cada fin de semana con un comportamiento reincidente: reunión de no convivientes fuera del toque de queda, ruido, música... Se han ido hace una semana.
El cierre obligatorio de la hostelería a partir de las 23 horas, pese a que es el más laxo de toda España, ha convertido los domicilios en el refugio de las fiestas ilegales. El lugar donde trasladar la juerga cuando cierran los bares. En esta dinámica contraria a las normas los pisos turísticos se vuelven a situar como foco de molestias para los vecinos. Y ahora, también de ilegalidades. La Policía Municipal confirma que hasta un 25% de las actuaciones cada noche –“depende del día”– pueden estar relacionadas con este tipo de viviendas aunque siguen siendo más numerosas en domicilios habituales. La mayoría se concentran en el distrito Centro. La incidencia provocó incluso un cambio en la normativa por parte de la Comunidad de Madrid para autorizar a las policías locales a desmantelar fiestas en pisos turísticos de oficio, sin necesidad de denuncia.
Varias asociaciones de vecinos de barrios del distrito (Sol-Letras, la Corrala de Lavapiés, Sos Malasaña...) han presentado junto la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) una denuncia ante la Policía Nacional que involucra a 36 viviendas dedicadas a este uso concentrados en 11 bloques. En ellos se han producido 116 actuaciones policiales en dos meses. “No es algo casual esporádico que se te va un día de las manos con una copa de más sino perfectamente organizado, establecido, repetitivo”, lamenta Víctor Rey, presidente de la asociación de vecinos Sol-Letras, que avanza que preparan otra denuncia con 21 viviendas reincidentes más.
Los avisos por fiestas ilegales, ya sean en locales o en domicilios, copan la emisora de los agentes de guardia cada fin de semana. “Es prácticamente el 100% de los comunicados porque la delincuencia ha caído mucho con el toque de queda”, explica un portavoz de la Policía Municipal en conversación con elDiario.es que relata cómo los asistentes a las fiestas idean todo tipo de mecanismos para sortear las intervenciones. “Colocan colchones en las ventanas y en las puertas para insonorizar, eso ya lo hemos visto en bastantes pisos. También se esconden pensando en que no vamos a buscar”. El pasado fin de semana terminaron sacando a jóvenes de debajo de los colchones y de los armarios en un piso turístico.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso responsabiliza a estas fiestas del 80% de los contagios en la región. Los datos oficiales dicen que la Policía Municipal recibió 740 denuncias telefónicas entre el viernes, el sábado y el domingo por estos hechos. En la mitad de ellas no se llegó a interactuar con nadie. El portavoz asegura que no es porque no acudan sino porque “la dirección está mal, llegamos y se ha disuelto o porque se niegan a abrirnos la puerta”. En el caso de un domicilio, los agentes no pueden entrar a la fuerza salvo que vean un “incumplimiento flagrante” de la normativa. “No siempre se presentan cuando les llamamos porque tienen mucho desborde. Podemos decir que vienen más o menos la mitad de las veces”, replica Rey a partir de la información recabada entre los vecinos del barrio. “Cada vez nos llegan más correos electrónicos con este problema”, añade.
Los vecinos no han notado una mejoría a raíz de la excepción aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que da a los policías locales la capacidad de intervenir en pisos turísticos sin que exista una denuncia vecinal previa. “No afecta a la inviolabilidad del domicilio, pero nos facilita la labor inspectora y el trabajo preventivo”, confirma el portavoz de la Policía Municipal. Los agentes siguen atados de pies y manos si al otro lado de la puerta no contesta nadie. Es la principal diferencia respecto a los locales, donde sí pueden entrar aunque no se les autorice porque es un lugar público.
La patronal de propietarios de pisos turísticos Madrid Aloja asegura que ha “forzado” a la Comunidad de Madrid a cambiar la normativa para que haya más controles preventivos porque están “felices de que aumenten” y defiende que hay viviendas “que tienen buena relación con los vecinos”. “Estamos hablando de 36 pisos de los 10.000 que hay en Madrid”, dice su presidente, Adolfo Merás, en referencia a la denuncia vecinal. “Creo que debemos elevar la mirada para no volver a estigmatizar a los pisos turísticos. El mayor porcentaje de fiestas se está dando en locales. Aunque los más perjudicados son los vecinos, a ninguno nos interesa que existan estas actividades”, agrega Merás, quien asegura que la mayoría de propietarios han optado por el alquiler por meses en la situación de pandemia para evitar tener los pisos vacíos.
¿A quién se multa en una fiesta ilegal de un piso turístico?
¿A los asistentes? ¿Al organizador? ¿Al propietario? Las propuestas de sanción administrativa, que luego determina la Consejería de Sanidad como autoridad competente, se dirigen contra los invitados –hasta 600 euros por persona– y contra el organizador, que concentra la mayor responsabilidad. Si este último no es localizado, la investigación se dirige hacia el propietario, según el portavoz de la Policía. La cosa se complica cuando los asistentes son extranjeros o viven fuera de la ciudad. ¿Cómo reciben las sanciones y cómo las pagan?
La laxitud de las restricciones ha atraído a turistas extranjeros a la ciudad. Las pernoctaciones de franceses aumentaron un 13% de octubre a diciembre de 2020, el último mes que reportó datos el Observatorio de Turismo de Madrid Destino. “No vamos a dar respiro porque sean turistas de otras nacionalidades”, dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ante el balance de fiestas intervenidas el pasado fin de semana: más de 300 en tres noches.
En el edificio de Jesús Cediel, vecino de la calle Atocha número 84, la mitad de las viviendas se dedica a uso turístico. Los fines de semana las plantas de su balcón son una amalgama de comida, pañuelos de papel usados y preservativos. Encima de su casa hay uno de estos pisos y se alquila a estudiantes Erasmus, cuenta en conversación con este medio. Su bloque es uno de los denunciados por las asociaciones de vecinos. “La picaresca se adapta, han desactivado el portero y el timbre. La única solución es que se clausuren y se multe al propietario, más allá de que la Policía les diga que se callen”, opina.
Los residentes de Centro que han llevado a comisaría una treintena de pisos turísticos piden al Ayuntamiento de Madrid que precinte los pisos que incumplan la normativa y recuerdan que prácticamente la totalidad de las 14.000 viviendas destinadas a este uso en la capital son ilegales porque no cuentan con la licencia necesaria para funcionar, como reconoce también el propio Ayuntamiento.
El plan de hospedaje aprobado por la anterior corporación de Manuela Carmena y refrendado por los tribunales recientemente solo permite operar a aquellas viviendas con entrada independiente al portal de los residentes habituales. La intención del actual equipo de PP y Ciudadanos es relajar las condiciones en una futura ordenanza pese a que el plan de Carmena es legal. “Que sea legal no quiere decir que sea eficaz”, avanzó el concejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes. El área abrió el año pasado 945 expedientes de cese y clausura, que a menudo se encuentran con los recursos de los propietarios en los tribunales.
“Los que podían hacer algo no lo han hecho y ahora se llevan las manos a la cabeza”, concluye Rey. “El problema viene de lejos. Los tres últimos años han sido muy duros. El portal de la casa parecía el hall de un hotel. Llegaron a alquilar los pisos por horas”, remata Cediel.