Las medidas para combatir la “inseguridad” en Madrid se han convertido en una de las principales pugnas entre el alcalde y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, y el portavoz y aspirante de Vox, Javier Ortega Smith, en la precampaña electoral. Tanto uno como otro han ido desvelando duras propuestas que ponen en tela de juicio la idílica imagen de la ciudad con la que el propio alcalde presenta Madrid. Almeida ha asegurado siempre que la que gobierna es una de las capitales más seguras de Europa, destino preferente de los turistas para pasar sus vacaciones y el lugar elegido por numerosos empresarios para invertir.
El panorama que pintan ambos candidatos de la ciudad –sobre todo Ortega Smith– es, en cambio, que en la capital aumentan los delitos, proliferan las 'okupaciones' ilegales de inmuebles, hay cruentas peleas entre bandas juveniles en algunos barrios de Madrid y los 'manteros' campan a sus anchas y venden sus productos en las calles más céntricas o en el Retiro con total impunidad. En esa batalla por el 'quién da más' en materia de seguridad Almeida ha incluido también a los que practican el botellón y a los grafiteros, a los que propone sancionar con dureza.
No obstante, aunque el alcalde coincide casi al cien por cien con Ortega Smith en la necesidad de poner coto a todo eso, difiere con él en las formas. De hecho, no ha dudado en acusarle de adoptar una “actitud matonil” y “de machote” contra los vendedores ambulantes a los que increpó hace poco en el Retiro, al igual que hizo unos días antes con unos 'okupas' en la localidad madrileña de Majadahonda. El candidato de Vox ha decidido que la forma más expeditiva de trasladar a los madrileños sus propuestas es encarándose con sus protagonistas, grabar el momento y, después, subir los vídeos a sus perfiles de las redes sociales. Y así lo lleva haciendo desde hace un tiempo en una serie que han bautizado como 'Cuida tu pueblo, cuida lo tuyo'. El pasado 11 de abril les tocó el turno a unos 'okupas' contra los que Ortega Smith recomendó “agua, jabón y patada en el culo”. “Has ocupado una vivienda que no es tuya”, increpa a uno de ellos que se asoma a la azotea, al que amenaza con subir a explicarle, en persona, el delito que está cometiendo, advirtiéndole de que “el 28 de mayo venimos con la Policía Municipal a limpiar este edificio”.
Unos días después, el 16 de abril, se le vio en el Retiro, donde se encaró con un grupo de vendedores ambulantes a los que les preguntó “cuánto” pagaban en tasas municipales“, mientras los dueños de los puestos 'legales' que había cerca le aseguraban que ellos sí pagan nada menos que ”300 euros al mes al Ayuntamiento“. Al ver que los inmigrantes, asustados ante su actitud, recogían su mercancía y se iban, el portavoz de extrema derecha gritó: ”¡Ey, ey, ven para acá!“. Luego, se preguntó en alto: ”Pero, ¿qué pasa? ¿por qué salen corriendo?'“.
Poco después Almeida acusaba al dirigente de Vox de no tener “un mínimo respeto por esas personas que son el eslabón más débil de la cadena”, comentario que compartía también posteriormente la vicealcaldesa, Begoña Villacís. A juicio del alcalde, Ortega Smith debería haber avisado aquel día a la Policía Municipal, porque “si se les avisa, acuden al Retiro y hacen la inspección oportuna”. “No es una conducta compatible con el decoro de ser concejal de este Ayuntamiento”, sentenció el regidor, que aprovechó para presumir de su gestión y asegurar que la venta ilegal callejera “ya no es un problema para los comerciantes”, pese a reconocer “que eso no quiere decir que no siga existiendo”.
Guerra contra los okupas
Almeida desgranaba días después un amplio abanico de medidas sobre seguridad. Entre ellas, precisamente luchar contra la venta ilegal en la vía pública reforzando a la Policía Municipal para evitar que haya 'manteros', detrás de los que asegura que se esconde “un grave problema que afecta a la explotación de las personas ya que detrás de ella hay mafias que se dedican a este comercio ilegal” y, además, realizan una actividad que “atenta contra la propiedad industrial y los derechos de autor”. Lo curioso es que, mientras se compromete a dotar de más refuerzos policiales, el alcalde a la vez presume de que durante su mandato su política contra estos vendedores ha dado “excelentes resultados” desde el inicio de la legislatura, cuando “se potenciaron estas actuaciones” lográndose “la práctica erradicación de la venta ambulante ilegal en la ciudad”, “al contrario de lo hecho por el anterior equipo de gobierno de la izquierda”.
Otra de sus principales propuestas es acabar con la 'okupación' de pisos ilegales, explicando que solicitará al Gobierno de Sánchez “las modificaciones legislativas necesarias para negar el empadronamiento a los 'okupas' para que estos sean expulsados en 24 horas” y “eximir del IBI a los afectados”. Para ello el Ayuntamiento “intensificará la tolerancia cero con esta práctica ilegal, tras actuar con firmeza en los edificios municipales objeto de esta situación, procediendo a su desalojo, como en La Dragona, La Ingobernable o La Quimera, entre otros”. Por su parte, Ortega Smith, cuyo partido no para de sembrar la alarma con bulos incluidos sobre casos de okupación ilegal, también plantea esta medida mientras acusa a los inmigrantes de ser los principales protagonistas de la delincuencia.
El alcalde, por otro lado, también se comprometía a plantar cara a los grafiteros con la creación de una unidad específica para impedir que se realicen este tipo de pintadas “que degradan la imagen de la ciudad y que también afectan a su patrimonio inmobiliario y, a veces, incluso al histórico y monumental”. Para ellos plantea duras sanciones.
Otro de los puntos de mira de Almeida será los 'narcopisos', “viviendas donde se venden y consumen drogas, que producen graves problemas de convivencia en distintos barrios de la ciudad”. El alcalde cifró desde 2020 la intervención en unas 300 infraviviendas y viviendas donde se llevaba a cabo esta práctica, con más de 1.100 detenidos en estas operaciones, normalmente en colaboración con la Policía Nacional.
Las bandas juveniles armadas con machetes, según Vox
El candidato del PP y el de Vox también se muestran muy preocupados por las peleas y los altercados que protagonizan las bandas juveniles. Para intentar erradicarlas, Almeida ha anunciado que “elaborará un plan para combatir a estos grupos violentos, centrado en los entornos escolares en los que buscan captar a nuevos integrantes”, y que contará con el asesoramiento de la Policía Municipal en colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento.
Junto a esto también quiere impulsar “una ordenanza municipal para detectar comportamientos que alteren la convivencia, estableciendo mecanismos para garantizar y mejorarla, dando una respuesta urgente a las conductas y actos vandálicos que son fuente de conflicto entre los ciudadanos”, en clara referencia al consumo de alcohol en vía pública, el llamado botellón, “que ha perjudicado estas normas de convivencia entre los vecinos”.
Si para el alcalde las bandas juveniles son un foco de conflictos, para el candidato de Vox estos grupos organizados se han terminado adueñando de muchos barrios de la ciudad, en donde, según dice, no paran de atemorizar a la gente con sus peleas “a machetazo limpio”. Para denunciar esta situación, a finales del mes de abril Ortega Smith se fue a grabar al madrileño barrio de Aluche otro de sus famosos vídeos de campaña sobre seguridad.
Madrid tendrá más videovigilancia
Ante tal situación, para prevenir males mayores, Almeida suma a estas medidas la puesta en marcha de más sistemas de videovigilancia en puntos concretos de Madrid, como las plazas Elíptica y Dos de Mayo, “con el objetivo de mejorar la seguridad de los vecinos”, y se compromete al mismo tiempo a “estudiar la colocación de nuevos dispositivos en otros emplazamientos de la ciudad”. Según explicó en su comparecencia sobre medidas de seguridad, en este mandato se han instalado más de un centenar de nuevas cámaras en diversos barrios como el polígono Marconi (Villaverde), Bellas Vistas (Tetuán), San Diego (Puente de Vallecas) y Chueca (Centro), además de reforzar y actualizar las de Lavapiés y Montera (Centro) y las del entorno de Ballesta (Centro).
A la vez, el alcalde ha propuesto incorporar al funcionamiento de los servicios de seguridad la inteligencia artificial “con el objetivo de mejorar el análisis y la toma de decisiones y agilizar las respuestas de los servicios municipales”. Si gobierna de nuevo, impulsará “cuatro nuevos equipamientos para Policía Municipal con la construcción de nuevas comisarías en los distritos de San Blas-Canillejas, Villaverde y Vicálvaro –que están en módulos prefabricados–, construyendo un nuevo equipamiento para la Unidad Central de Seguridad de la zona Este”, ha prometido. El Ayuntamiento asegura que ha sacado a concurso en estos cuatro años 1.336 nuevas plazas de agentes municipales, “la mayor aportación de personal en la historia de la Policía Municipal, lo que se traduce en 400 policías más en las calles de la capital que al inicio de este cuatrienio”.
Esta redacción ha solicitado al área de Seguridad del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid los datos y estadísticas de actividades delictivas en estos últimos cuatro años, pero nos han remitido a la Delegación de Gobierno y al Ministerio del Interior, “que tienen la competencia en materia de seguridad ciudadana”. Desde la Delegación del Gobierno, el único dato que ofrecen es que los delitos considerados “convencionales” desde 2022 suponen un 8,7%, excluyendo la ciberdelincuencia. No obstante, incluyéndola, aun así bajan un 1,2%. Un 16% son robos con violencia y un 25%, robos en domicilios y establecimientos.
En cuanto a la criminalidad en Madrid, los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior actualizados el 17 de marzo de 2023 señalan que varió un 24,31% en lo que va de año (hasta el trimestre 3 de 2022) respecto al mismo periodo del año anterior, con una cifra total de 179.864 infracciones penales.
En lo que respecta a okupaciones ilegales, durante 2022 llegaron 222 casos a los juzgados de primera instancia de Madrid, es decir, un 18% menos que en 2021, un 44% menos que en 2020 y un 51% menos que en 2019. Los datos chocan con el alarmismo generado por la derecha y la ultraderecha. Además, de todos los casos tramitados por la Justicia en España, tan solo el 8% se registraron en la Comunidad de Madrid.