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OPINIÓN | 'Este año tampoco', por Antón Losada

Vox aprieta a Ayuso y Almeida cuando falta medio año para las elecciones

Vox cumplía este viernes su amenaza y tumbaba los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para 2023, mientras los del Ayuntamiento de la capital parece que van a tener el mismo final. La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, previstas para mayo, ha provocado un distanciamiento entre el PP y Vox que pone de manifiesto que tanto Díaz Ayuso en la Comunidad, como José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento están obligados a entenderse con la ultraderecha para aprobar casi cualquier medida. Y ese va a ser el principal reclamo del partido de Santiago Abascal en la larguísima campaña que terminará a finales de 2023 con las generales. La moción de censura que promueve contra Pedro Sánchez ante la negativa de Alberto Núñez Feijóo va en el mismo sentido.

La cronología de los hechos evidencia que en algún momento de la última semana alguien en Vox percibió en los muchos sondeos y estudios que encargan, y en los que basan su actuación, que el partido ultra debe confrontar con el PP para afianzarse entre el electorado de derechas como una opción útil y no como una simple muleta del principal partido del espacio político. ¿Y dónde tiene el PP su principal foco mediático, más allá de lo que haga Feijóo? En Madrid.

Así, tras perder la posibilidad de enmendar los Presupuestos de 2023 de Ayuso por llegar tarde al registro, el partido ultra pasó de decir que podía abstenerse, y garantizar así las cuentas a la lideresa del PP, a anunciar su voto en contra. El viernes, Vox cumplió con su rechazo en la Comisión de Presupuestos de Presupuestos de la Asamblea lo que, unido al voto negativo de las izquierdas, ha dejado el dictamen muerto. Falta que se pronuncie la Mesa de la Asamblea, pero fuentes de los servicios jurídicos de la Cámara madrileña señalan a elDiario.es que el voto contrario en comisión supone que Vox ha tumbado las cuentas, las últimas de Ayuso antes de los comicios.

Salvo sorpresa, Ayuso cerrará sus cuatro años de mandato con solo unos presupuestos aprobados, pese a gobernar en coalición con Ciudadanos entre 2019 y 2021, y en solitario tras el adelanto electoral de mayo de 2021. En Vox aseguran que el rechazo del PP a tramitar sus enmiendas (que presentaron 16 minutos tarde) ha roto la paz entre ambos. “El PP se equivoca de enemigo atacando a Vox. No entendemos que el PP haya votado con Más Madrid para que fueran censuradas las enmiendas de Vox a los presupuestos. Vox ha sido un socio leal estos meses y hemos permitido a cambio de nada la investidura de Isabel Díaz Ayuso y hemos tramitado gracias a los votos de Vox 19 leyes”, se quejaba Monasterio esta misma semana en declaraciones de pasillos a los periodistas.

Las acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad de que la Comunidad se quede sin cuentas no se han hecho esperar. “Que nadie se lleve a engaño, la responsabilidad de lo que ha sucedido y de que no haya presupuestos es simplemente de Vox y la señora Monasterio”, decía Pedro Muñoz Abrines, portavoz del PP en la Asamblea dando por finiquitadas las cuentas. Para Monasterio el relato es el contrario: “Siempre hemos sido unos socios leales pero no podemos apoyar unos presupuestos en los que se humilla a los votantes de Vox”, declaraba tras tumbar las cuentas.

El viernes, antes de la votación de la comisión, Abascal ofreció un acuerdo político a Ayuso a cambio del apoyo de su formación al proyecto de cuentas públicos. El líder ultra conminó desde la agencia EFE a abrir “urgentemente” las conversaciones para poder llegar a un acuerdo. A cambio de permitir la tramitación de los Presupuestos pedía la derogación o modificación de algunas leyes que Vox cree “inadecuadas” y que el PP critica a nivel nacional, como la ley trans o la LGTBI.

La respuesta de Ayuso llegó poco después: “No voy a intercambiar derechos y obligaciones por presupuestos, esto es una práctica cada vez más frecuente en la política española y a mí eso me parece una irresponsabilidad. Estamos hablando de presupuestos, si quieren mejoras que podemos introducir… lo he dicho esta semana, pero no voy a mezclar cuestiones que, además, llevan sesgos ideológicos que, creo, perjudican ahora mismo”.

Ortega Smith, contra Almeida

El movimiento de Vox hace casi imposible que los Presupuestos de 2023 de Ayuso lleguen al Pleno de la Asamblea. Y en el Ayuntamiento la situación está igual ya que el portavoz municipal y vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, ha negado el pan y la sal a Almeida durante todo este año. La justificación, esta vez: que el Gobierno de PP y Ciudadanos no cumplen el acuerdo que cerraron al inicio de la legislatura para “derogar” Madrid Central a cambio de los votos ultras que auparon a Almeida a la Alcaldía pese a perder las elecciones de mayo de 2019.

Una exigencia inapelable, para Vox. El año pasado Almeida vio cómo le salvaban in extremis los votos de los concejales de Recupera Madrid (una escisión de Más Madrid a los que permitió formar el Grupo Mixto) para sacar adelante la nueva Ordenanza de Movilidad que reformaba la normativa impulsada por Manuela Carmena, y que restringía notablemente el paso por la almendra central de la capital a vehículos contaminantes.

A partir de ahí, las relaciones entre el regidor madrileño y Vox se torcieron. Hasta el punto de que el portavoz de extrema derecha comenzó a llamar al regidor madrileño “Carmeida”, mientras le acusaba de haberse entregado “a los comunistas”, “traicionando a los madrileños”.

Con el Grupo Mixto ya como nuevo aliado, Almeida logró después sacar otras normativas, como la Ordenanza de Terrazas e incluso los Presupuestos de 2022. Una decisión que le costó al grupo la baja de uno de los cuatro ediles, Felipe Llamas, mientras Vox votaba en contra junto a los partidos de la oposición de izquierdas.

Almeida afronta así un final de legislatura muy complejo para los intereses electorales del PP. Las tensiones habituales con la vicealcaldesa, Begoña Villacís (de Ciudadanos), aumentaron tras los graves escándalos que salpicaron al Ayuntamiento y al propio alcalde sobre la venta de material sanitario en plena pandemia, contratos que resultaron fraudulentos y por los que se llevaron importantes comisiones dos empresarios. Y por el supuesto espionaje a Ayuso desde la Empresa Municipal de la Vivienda, que dio lugar a la apertura de una Comisión de Investigación, en la que Ciudadanos, en sus conclusiones, se alió con la izquierda para señalar a dos importantes cargos del equipo de PP.

Todos estos episodios enrarecieron el ambiente de tal forma que los cuatro ediles, exmiembros del equipo de Carmena, que hasta entonces había salvado a Almeida en sus momentos más complicados le retiraron el apoyo.

Vox siguió en sus trece y mantuvo las espadas en alto contra el gobierno del PP y Ciudadanos. A pesar de los intentos de Almeida a lo largo de estos últimos meses de reconducir sus relaciones con la extrema derecha, no ha logrado mejorar las cosas. El fantasma de la prórroga de las nuevas cuentas que presentaron Almeida y Villacís presumiendo de nuevo de bajadas de impuestos y aumento del gasto social, comenzó a planear desde ese mismo día por el Palacio de Cibeles que aloja las dependencias municipales.

Más Madrid y PSOE adelantaron desde el minuto uno que no iba a apoyarlos. El Grupo Mixto (que ha sufrido recientemente una nueva escisión en sus filas al decidir Marta Higueras no sumarse a la plataforma que sus otros dos compañeros han lanzado para concurrir a las elecciones de mayo) también adelantó su negativa a votar esta vez a favor, argumentando que Almeida no había ejecutado muchos de los acuerdos pactados en el presupuesto anterior. Los tres grupos han presentado sendas enmiendas a la totalidad, y Más Madrid y PSOE decenas también parciales.

Quedaba por saber qué iba a hacer Vox. El hecho de que no anunciaran la presentación de enmienda a la totalidad ni parciales parecía una buena señal. Pero Ortega Smith anunció pronto su decisión de votar 'no'. Almeida “apeló” entonces a la dirección nacional de Vox para pedir un trato “más dialogante”: “No puede ser que en la Comunidad Rocío Monasterio diga que los Presupuestos –de Isabel Díaz Ayuso– son una humillación para Vox, pero que los aprueban por no bloquear la Comunidad, y que en el Ayuntamiento Ortega Smith ni se siente. No es comprensible”, se quejó antes del giro de Vox con Ayuso.

Poco después, Almeida anunció casi a la desesperada que su gobierno llevará al próximo Pleno, fijado para el martes, día 20, una moratoria –que no derogación–, para que los vehículos ligeros de mercancías con clasificación ambiental B (furgonetas, básicamente) puedan continuar accediendo a la Zona de Especial Protección Distrito Centro (Madrid Central) hasta el 31 de diciembre de 2023. Para ello, PP y Ciudadanos han firmado una enmienda a la Ordenanza de Movilidad encaminada a modificar la disposición transitoria de la norma con el objetivo de que “no se vean afectados los transportistas por las restricciones de acceso al Centro”.

El cambio de postura, según el alcalde, se justificaba “por la difícil situación económica” y por “los mejores datos de calidad del aire”. “No podemos trasladar más cargas y gravámenes”, señaló. Sin embargo, lejos de contentarse con esa concesión, Ortega Smith aprovechó la grieta y ratificó su 'no' si Almeida no permitía ampliar esa moratoria a “todos los vehículos”, incluidos los más contaminantes que no tienen etiqueta,para que puedan entrar en la Madrid Central.

El portavoz de Vox recordó que el alcalde se negó a cambiar Madrid Central con “mentiras”, asegurando que lo que pretendía su grupo era “chantajear al Gobierno” y que si cedía, “Europa nos caería con todas las penas del infierno” . “La realidad es que el que está cambiando es Almeida -añadió-, que ahora acierta cuando en una parte cumple una de las peticiones de Vox”. “Los madrileños saben quién mantiene la coherencia y el mismo discurso y quién va pegando bandazos y oliendo a elecciones”, zanjó.

Así las cosas, tanto en el Gobierno municipal como en el autonómico están casi resignados a tener que prórroga las cuentas de 2022 para 2023, algo que no es el mejor cartel electoral. El martes que viene se debate en el Pleno municipal la enmienda del PP y Ciudadanos sobre la moratoria del Madrid Central y allí se verá qué actitud mantiene Vox por si se obrara el milagro. La última oportunidad llegará en otro Pleno extraordinario, aún por fijar, antes de que acabe el año.

Y en enero, moción de censura

La bronca por los presupuestos en Madrid se ha trufado con los intercambios de opiniones entre el PP y Vox, públicos y privados, por la moción de censura contra Pedro Sánchez. Un mes después de que Abascal y la todavía presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reclamaran a Feijóo que liderara una iniciativa parlamentaria para echar al presidente del Gobierno, y este rechazara la propuesta, el líder ultra insiste en la jugada y amenaza con presentarla en enero, a la vuelta de Reyes.

Vox ha trasladado a sus interlocutores en la sede nacional del PP de la calle Génova que su intención sigue siendo que Feijóo encabece la iniciativa. Como alternativa, están buscando un “candidato neutral” que pueda ser aceptable tanto para el PP como para otros grupos parlamentarios. Pero todo indica que, como en 2020, será el propio Abascal quien se lance.

Y otra vez el objetivo es electoral. La excusa que unos y otros dan para registrar la moción es la reforma del Código Penal emprendida por la coalición de gobierno, pero el debate y la moción de la censura no llegarán hasta mediados o finales de enero, cuando la derogación de la sedición será ya una realidad.

En el PP se niegan a lanzar a su candidato a una votación condenada no solo a la derrota, sino que ratificará que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos mantiene una amplia confianza del Congreso, próxima a los 190 votos. Pero en Génova miran de reojo a su rival por una parte importante del electorado de derechas. Si tras la llegada de Feijóo a Madrid y la crisis provocada por la ruptura de Macarena Olona la ultraderecha se desfondó en las encuestas y el PP se disparó, el enrarecimiento del debate político y el regreso de las soflamas más duras tras el anuncio de la reforma del Código Penal ha vuelto a inyectar moral, y voto, a las filas de Santiago Abascal.

Tanto, que en el PP dan por bueno un resultado en las próximas elecciones generales en el que Feijóo dependa de 30 o 40 votos de Vox para ser investido presidente. Y antes, en mayo, también. El PP necesita arrebatar algún gobierno autonómico al PSOE, y si para ello tienen que asumir a un vicepresidente como Juan García Gallardo en Castilla y León, será. Y los ciudadanos de Madrid, mientras, sin presupuestos para todo el año que viene.