Inés Sabanés (Cubells, Lleida, 1964) es la concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la capital que gobierna desde hace tres años la candidatura de unidad popular Ahora Madrid tras más de dos décadas de dominio del Partido Popular. Sabanés, miembro de Equo, no es nueva en la política madrileña. Tiene a sus espaldas varios años en la oposición del Consistorio y de la Comunidad de Madrid.
Llegar al Gobierno de la capital le ha multiplicado el trabajo, asegura Sabanés, y la edil reconoce no haber tenido ni “tiempo” para pensar si quiere repetir en las listas de Ahora Madrid para 2019. Actualmente, se enfrenta a una querella del PP por la compra del servicio público de bicicletas BiciMad, una gestión que defiende y afirma que volvería a repetir. También, este viernes, comienza la comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid por esta compra que ha apoyado toda la oposición.
Muchos de sus compañeros han llegado al Ayuntamiento de Madrid este mandato, pero usted lleva muchos años en la oposición de la política madrileña. ¿Encuentra muchas diferencias de estar en uno u otro lado?
Hay mucha diferencia. Gobernar un Ayuntamiento es un tema muy intenso, porque cada decisión tuya, las que salen bien, las que salen regular, incluso las que no puedes asumir, tiene un efecto muy directo en la gente. Sobre todo, en el área que yo llevo. Estar en un Gobierno es muy intenso.
¿Cómo describe estos tres años en el Gobierno?
Muy intensos, con mucha necesidad de poner orden en contratos, problemas, deficiencias heredadas en el Ayuntamiento de Madrid. Pero hago un balance positivo en el sentido de haber puesto en marcha, y en el foco, políticas de sostenibilidad y de mejora de la ciudad que eran muy importantes.
Como concejala en la oposición fue muy activa en denunciar abusos de los que gobernaban. Ahora que está en ese lado, ¿cree que ha podido ser injusta en algunas ocasiones o todo lo contrario?
Ahora me doy cuenta de que me faltaba bastante información. Siempre he hecho un tipo de oposición lo más rigurosa que he podido. He tratado de actuar desde la oposición con toda la firmeza, pero también con todo el rigor que era posible porque me parece fundamental para la política. Me doy cuenta de que me faltaba mucha información en aquel momento. Pero los diagnósticos básicos eran acertados: sobre los recortes, sobre la rebaja de servicios esenciales, o sobre cómo no se avanzaba en poner en medio del debate la transformación de la ciudad, que estamos obligados a hacer por salud, por progresar en la línea de los trabajos que están haciendo las ciudades.
Habla de que usted intentó hacer una oposición responsable desde el rigor. Comienza ya la comisión de investigación de BiciMad y además se encuentra inmersa en estos momentos en un proceso judicial tras una querella del PP. ¿Cree que este caso es un ejemplo de oposición responsable?
Es su elección. Nunca critico la forma de hacer oposición de los demás. Creo que la democracia tiene contrapesos muy serios. Uno es la información, los medios de comunicación y su capacidad de entrar en todos los temas. Otro es el control del Gobierno por parte de la oposición.
¿Que me habría gustado que en el tema de BiciMad fueran conscientes desde el Partido Popular de que lo que yo heredaba era una situación enormemente complicada y que se ha buscado una buena, legal, efectiva solución? Claro que me habría gustado. Pero su elección es utilizar la vía judicial como han venido haciendo toda la legislatura, no solo conmigo, sino con otros concejales, y utilizar una confrontación muy fuerte. Pero no lo critico en exceso nunca, aunque no me guste.
Una de las cosas que se ponen en cuestión en este caso es el precio que se ha pagado por recuperar el servicio, 10,5 millones de euros. ¿Cómo se decidió esa cantidad?
Hubo un trabajo muy intenso desde la EMT, que es una empresa solvente no solo porque tiene técnicos sino porque además hace ese trabajo desde la consultoría internacional que tiene. Consultando muchos documentos, como el estado de cuentas, las posibilidades, el contrato, las auditorías tecnológicas y de funcionamiento, los riesgos, las patentes, las hipotecas que generaba el propio contrato, y teniendo en cuenta que el propio Bonopark había pedido 3,6 millones de reequilibrio porque era un contrato infradotado, a lo que había que sumarle 540.000 euros al año. Esto hacían un total de más de 8 millones de euros si íbamos al modelo de reequilibrio. Teniendo esto en cuenta, creo que el precio es muy adecuado.
La opción era pagar más de 8 millones a lo largo del contrato sin garantías de superar la quiebra tecnológica, de funcionamiento del servicio o adquirir todo el sistema que pasaba a ser público, de la ciudad. Por la diferencia no solo me parece un precio ajustado, sino una buena solución para el sistema público de bicicletas de Madrid que por otro lado es fundamental para la movilidad.
¿Por qué el PP solo habla de los 3,6 millones que pide Bonopark y usted habla de más de 8 millones de euros?
Porque cuando concedes un reequilibrio de 3,6 millones, eso tiene arrastre los años siguientes. No liquidas y ya está. Eso lo saben ellos [el PP] perfectamente. Ese arrastre es de medio millón más al año.
¿Hubo autorización de la intervención del Ayuntamiento?
Como lo que se hace es una cesión de un contrato privado a una empresa pública, en el momento se tiene toda la documentación que se requiere para una cesión de contrato que no necesita como planteaban el informe de colaboración público-privada ni de intervención. Pero cuando se hace el traspaso de los 10 millones y medio del Ayuntamiento a la EMT para poder asumir ese gasto y evitar costes añadidos por aplazar los pagos, ahí hay un informe de intervención. Hay informes de intervención y todo el proceso se ha hecho con todo lo que se requiere, legal y administrativamente, ni más ni menos.
Algunos medios han publicado que podría haber falsedad documental porque el director financiero de la EMT firmó un documento tiempo después de hacerse.
En el expediente había un informe del entonces subdirector y ahora director financiero de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Cuando se inicia todo el proceso y se empieza a decir que ese documento es falso porque no tenía la firma, hay que tener en cuenta que hay muchos informes que se hacen que no necesariamente tienen que ir firmados. Ahora bien, cuando se empieza a cuestionar decidimos pedir un informe externo, y es cuando se solicita que el subdirector certifique que él hizo el documento. Lo que ocurrió es que sencillamente ahí puso su actual cargo. Pero hay que tener en cuenta lo más importante: para que haya falsedad de documento tiene que haber una modificación del documento. El documento es idéntico, lo único que se trató de hacer es que el subdirector financiero y hoy director dijera que, efectivamente, por si había alguna duda, ese documento y valoración la había hecho él.
¿Pensaba que esta decisión la llevaría a unos tribunales y una comisión de investigación?
En absoluto. Pensaba y pienso que era y es una magnífica solución. Y desde luego, una solución muy meditada y muy pensada para conseguir tres objetivos: que las bicicletas siguieras funcionando, no interrumpir el servicio y garantías de futuro para no vivir en una permanente agonía como estábamos viviendo con la falta de capacidad del servicio. Nunca pensé que llegaría a los tribunales, es más, pensé que todo el mundo valoraría que era una solución muy buena para la ciudad y el sistema de BiciMad.
¿Se esperaba el apoyo a la comisión de Ciudadanos y el PSOE? Sobre todo la del PSOE, que da soporte al gobierno y que vio una buena solución la compra.
No lo esperaba de ninguno. Del Partido Popular me sorprende menos, pero yo creo que todos eran muy conscientes porque lo vivimos. Me pidieron muchas veces que se solucionase, que se llegase a un acuerdo, de todo... Desde mi área lo hicimos con una solución no muy experimentada que es la cesión de un contrato desde un privado a una empresa pública, pero en cualquier caso legal, para posteriormente ir a una ampliación y a una municipalización real. Hasta ahora, lo único que hay es la cesión de un contrato que era privado a una empresa pública. En todo caso, hay que tener en cuenta que ni el PSOE ni Ciudadanos ha ido a los tribunales.
Una vez aprobada la comisión, se les ha acusado de que no han facilitado toda la documentación, retrasando su inicio. ¿Por qué no llegó toda la información a tiempo?
Yo que he estado en muchas comisiones de investigación, habría que mencionar lo que es entrega de documentación y qué otras cosas ha hecho el PP para sabotear comisiones de investigación. Yo estoy completamente de acuerdo con el acceso a la información, lo único que, al haber coincidido con un proceso judicial y por tanto una querella en el mismo tiempo y marco que una comisión de investigación, creo que es legítimo que nosotros nos dirigiéramos al juzgado que nos había pedido a su vez esa misma documentación, para advertirle que nosotros íbamos a pasar la documentación a la comisión de investigación. Por otro lado, la que no nos había solicitado el juzgado se dio desde el primer momento.
Viendo cómo ha derivado este caso, ¿haría algo diferente, cambiaría alguna de las decisiones que tomó?
No. En política y en la gestión tienes que priorizar, y nuestra prioridad, la mía, era que no se cayera el sistema público de bicicletas, que eso se hiciera respetando el interés general y con garantías de futuro. Y sigo pensando que fue la mejor solución.
¿Teme de alguna manera el proceso judicial que hay abierto?
La verdad es que no. Tengo la convicción de que una vez se analicen todos los documentos y hayamos dado todas las explicaciones y se entienda la decisión pueda ser sobreseído.
¿Cómo ha sido la oposición al Gobierno de Ahora Madrid?
Yendo más allá de lo que afecta a mi área o a BiciMad, en general me parece que hay una suma de la oposición más algunos medios de comunicación que va mucho más allá del derecho de hacer oposición y el de información. Lo digo desde mi experiencia. La diferencia de trato con Gallardón o Aguirre, y lo digo porque yo ya estaba aquí, me parece diferente. Tampoco tiene que un gobierno exigir que le traten bien, porque la tarea de la prensa y de la oposición es informar y controlar, pero se puede opinar que hay un exceso de los temas del Ayuntamiento frente a lo que yo he conocido.
¿Hay tanta división interna en el gobierno de Ahora Madrid como se dice y como a veces parece?
El Gobierno de Ahora Madrid no es un gobierno convencional. Es una candidatura ciudadana y por tanto la forma de relacionarnos y de tomar decisiones tiene mayor complejidad que la política de partido. Por tanto, hay distintas valoraciones e incluso discrepancias que hay que entenderlo como una forma de hacer política diferente.
Aquí estamos muy acostumbrados a que tiene que haber disciplina de voto, pero en muchos países y grupos parlamentarios no la hay. Hay que verlo como que la política está cambiando y los modos convencionales y de disciplina de voto hay que trabajarlos de otra manera y desde otra convicción, que no es un drama. Pero también hay cosas que hay que poner sobre la mesa en nuestro grupo, que tú puedes tener una discrepancia, incluso votar diferente, pero no se pueden bloquear cuestiones esenciales de acción de gobierno desde el propio grupo. Para mí esos son los límites.
Una de esas discrepancias internas está en el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y Distrito Castellana Norte, integrada por la constructora San José y el banco BBVA. ¿Usted cree que es un buen acuerdo?
Me parece que llevamos 25 años con una necesidad de cerrar la ciudad por el norte en las mejores condiciones. En segundo lugar, el Ayuntamiento no es el único que tiene voz en esto, no tiene toda la decisión. Está el Ministerio de Fomento con capacidad de decisión y con terrenos, y por lo tanto hay que saber que no juegas solo. Pero, además, me parece que el proyecto ha mejorado sustancialmente desde lo último que el Gobierno anterior de Ana Botella dejó encima de la mesa. Y, por último, en términos generales, y una vez pasen los procesos de participación, hay posibilidades importantísimas para la vivienda social, para la movilidad y para el transporte público.
Ecologistas en Acción ha criticado el plan.
La crítica de Ecologistas en Acción viene por la parte urbanística, el planeamiento urbanístico es lo que a ellos les posiciona en contra del proyecto. En todas las cuestiones que son de movilidad nosotros tendremos especial cuidado, y colaboraremos con el área de Desarrollo Urbano Sostenible porque han de ser prioritarias y tienen que servir para dar continuidad a actuaciones de Gran Vía, Plaza España y todo el paseo de la Castellana, donde ahora hay una petición de un carril bici. Creo que desde ese punto de vista es un objetivo prioritario. Pero también entiendo que Ecologistas en Acción no es ni un soporte del Gobierno, ni tienen que estar 100% de acuerdo con el Gobierno. Ellos tienen una valoración y un terreno de juego, y el Gobierno tiene otros condicionantes y otro terreno de juego. En esas circunstancias creo que es un buen plan y que era necesario.
¿Está el Plan de calidad de aire dando sus frutos?
El Plan de calidad de aire se está implementando a un buen ritmo y bien. La compra de autobuses, la implantación de carriles para bicis... Las medidas están en su mayoría iniciadas o están a poco de iniciarse. Va a un ritmo y lo que le hemos dicho a Europa es que cumpliremos con los objetivos en 2020. Ojalá sea incluso antes.
¿La gran APR de centro la veremos pronto en funcionamiento?
Estamos trabajando intensamente por cumplir los plazos. Queremos atinar bien en un sistema de gestión bueno que tenga en cuenta, por un lado, los residentes, por otro lado, la tecnología y los tipo de vehículos más contaminantes y menos contaminantes. Estamos dándonos toda la prisa que somos capaces, pero desde luego queremos hacerlo bien y en cualquier caso se va a ver en unos meses.
¿Quiere repetir en las listas de Ahora Madrid para 2019?
Esa decisión no está ahora mismo en mi cabeza. Ayudaré todo lo que pueda al proyecto de Ahora Madrid pero mi posición personal de futuro todavía ni la he pensado ni me da tiempo a pensarla.