Las empresas que gestionan servicios sociales básicos en la Comunidad de Madrid se están marchando porque el negocio ya no les sale a cuenta. Ha pasado con las residencias de mayores, la ayuda a domicilio para dependientes y con algunas casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. En el primer caso, tuvo consecuencias directas para los usuarios de cuatro centros, que tuvieron que ser trasladados a otros.
La Consejería de Políticas Sociales se ha encontrado en el último año con concursos públicos desiertos a los que no se presenta nadie y se ha visto obligada a rehacer los pliegos de condiciones para atraer a posibles concesionarias.
La gestión indirecta no nació con el Gobierno de Cifuentes, pero el sistema, muy arraigado en la Comunidad de Madrid, está mostrando ahora la otra cara: las consecuencias de dejar la asistencia social en manos de empresas que, en última instancia, buscan el lucro. Esta cara B ha salido a la luz cuando ha tocado renovar las concesiones a empresas que han sufrido los recortes en los últimos años y no están dispuestas a continuar así porque no llegan, según su propio relato. Y eso que ha subido ligeramente el presupuesto, pero no lo suficiente para recuperar el tijeretazo.
Con estos antecedentes, el Gobierno regional no se replantea un cambio en la gestión de algunos servicios, confirman fuentes de la Consejería de Políticas Sociales a eldiario.es. “Son servicios que siempre han sido de gestión indirecta, como se hace en otras muchas administraciones”. Las mismas fuentes subrayan que, pese a esta situación, los servicios “están garantizados” y “no hay preocupación” al respecto.
Ayuda a domicilio para dependientes
Ninguna empresa quiere hacerse cargo de ayudar en casa a las personas dependientes de la Comunidad de Madrid. 10.000 dependientes tienen este servicio en sus casas y el número de usuarios no hace más que crecer. Es el recurso más demandado en la región.
El presupuesto que destina el Gobierno regional para él es de 132 millones de euros, del que resulta un “precio por hora deficitario”, aseguran fuentes del sector a eldiario.es. En los últimos años, las cuantías han aumentado porque cada vez más personas eran beneficiarias, “pero con lo que ofrecen va muy justo para prestarlo. No es rentable”, dicen las mismas fuentes, que hablan de un tercer factor desfavorable para las empresas: la subida de salarios marcada por convenio.
Por este motivo, los dos concursos quedaron desiertos en noviembre. La compañía que tenía la concesión desde 2014, Quavitae, no ha vuelto a concurrir y tampoco otra empresa, Seralia, que se encargó del servicio pero renunció a él en una de las prórrogas hace unos meses y la primera lo asumió.
A las empresas no les sale a cuenta pese a que ha aumentado el precio por hora. Según los pliegos, en 2014 era de 14 euros, mientras que en 2017 se ha fijado en 15,3 euros. Si es en festivo, se compensa mejor: con 16,9 euros frente a los 15,92 y 14,54 (según el lote) euros que fijó la Consejería de Políticas Sociales hace tres años.
Como solución de emergencia se ha prorrogado durante cuatro meses extra la concesión a Quavitae hasta que inicien un nuevo concurso.
Residencias de mayores
Cuatro residencias que tenían plazas subvencionadas por la Comunidad de Madrid renunciaron en junio a seguir financiándose de este modo y desde entonces tienen todas sus camas totalmente privadas. Otras empresas gestoras no abandonaron todas, pero sí disminuyeron el número de plazas concertadas, lo que provocó el traslado forzoso de centenares de ancianos que ya no tenía un hueco en sus centros de referencia.
Según datos extraídos de los pliegos de oferta, las camas puestas a disposición por las empresas gestoras a cambio de una subvención se redujeron de 13.000 en 2013 a 10.626 en 2017. “Les salimos tirados de precio y no cubrimos gastos con lo que nos da la Comunidad. Tenemos que pagar a nuestros trabajadores. Por eso no vamos a concursar. No somos una ONG”, dicen fuentes próximas a la dirección de uno de los centros privados que rebajaron su oferta de plazas.
Los pliegos de las residencias sí marcan un precio fijo por día y residente: 54 euros o 23 si es parcial. En las plazas públicas la misma Consejería invierte 81, según datos de las memorias económicas que maneja la Comunidad. De este modelo de gestión dependen el 60% de las plazas públicas en residencias de mayores y le reporta a la Consejería de Políticas Sociales un ahorro de casi 10.000 euros por residente al año.
Casas para víctimas de violencia machista
Las educadoras sociales de la empresa Intress, que gestiona varios centros de acogida y emergencia de la Comunidad de Madrid, se niegan a seguir trabajando en las condiciones que han tenido en los últimos cuatro años. Por eso, esta compañía ha decidido no presentarse al concurso que salió a finales de 2017 pese a que el presupuesto que ofrecía la Comunidad de Madrid (siempre modificable a la baja por la competición de ofertas) era en principio más alto que en 2013.
Como consecuencia, hay una casa de acogida, un centro de emergencia y un centro de día cuya gestión queda en tierra de nadie. Estos recursos atienden a 633 mujeres y uno de ellos es el primer lugar al que acuden las mujeres cuando abandonan su casa. En los tres casos, la Consejería de Políticas Sociales garantiza la atención prorrogando unos meses el contrato a las concesionarias actuales mientras elabora unos pliegos nuevos.
Las trabajadores piden al Gobierno y a los partidos que acuerden eliminar el criterio económico de los concursos de servicios sociales tan básicos y reestablezcan el precio unitario. Es decir, que la Consejería fije un coste por plaza blindado que impida las ofertas temerarias. En la etapa de Ignacio González como presidente, estos servicios pasaron a adjudicarse con un criterio único: el de la oferta más baja.
Este punto ha mejorado porque se ha introducido un mínimo peso en la puntuación del proyecto (no más del 25%), pero la proporción aún no es suficiente para las profesionales que atienden a las mujeres, que acusan años de “deterioro” del servicio. Además, en los nuevos pliegos se han reducido las jornadas de las trabajadoras sociales y de las psicólogas (de 20 a 6 horas, en algunos casos) y se han eliminado figuras como las responsables de cocina o de administración.
“Ahora estamos una educadora sola por turno para atender a 20 víctimas. Y con las condiciones de estos pliegos quedamos abocadas a hacer de todo menos la intervención educativa, que es la herramienta para que las mujeres se empoderen y puedan volver a empezar”, explica Ángeles, trabajadora de uno de los centros de acogida.
Según los cálculos de las trabajadoras, aunque ya no existe el precio fijo por plaza, este quedaría en menos de 30 euros en 2018 frente a los 40 de 2008. Las profesionales también denuncian precariedad laboral con trabajo a turnos y salarios que no superan los 1.000 euros.