Esta es la crónica de un día de caos en las pruebas serológicas al profesorado de Madrid. A las 8:30 de la mañana, Isabel Díaz Ayuso arrancaba la jornada en los micrófonos de esRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos. La presidenta madrileña tenía listo un mensaje, a su manera, tranquilizador: los colegios van a ser “lugares muy seguros”. “Lo más probable”, añadía, era que “a lo largo del curso prácticamente todos los niños de una u otra manera” se contagien de coronavirus. Pero esos contagios no producirían en las aulas –defendía la regidora madrileña– sino “fuera”: “durante el fin de semana en una reunión familiar, o por la tarde en el parque o por un compañero”.
Ayuso se despedía del locutor radiofónico al que más entrevistas ha concedido desde que es presidenta, sobre las 9:30 de la mañana. Había colocado ante una audiencia afín el discurso de que su plan para la vuelta a las aulas era “seguro”, que se trataba de una planificación envidiada por el Gobierno central, y dejado un recado al profesorado por mantener la huelga educativa para los días 22 y 23 de septiembre en la región. “No es el momento de huelgas, ni de amenazas ni de acosarnos en los colegios”, decía la Jefa del Ejecutivo madrileño a su comunidad docente. Ayuso era ajena todavía a la que se venía encima.
A esa hora, las imágenes de cientos de profesores agolpados a las puertas del IES Virgen de la Paloma –en el centro de la capital, uno de los seis puntos habilitados por el Gobierno regional para la realización de test serológicos al personal docente y no docente– ya empezaban a correr como la pólvora por todos los chats de la comunidad educativa. Las pruebas habían arrancado a las ocho de la mañana y tan solo una hora y media después las colas ocupaban centenares de metros en las aceras. Los primeros signos de indignación empezaban a notarse en el personal docente que empezaba a palpar el “descontrol” de la gestión que el Gobierno regional había descargado en una empresa privada. Las imágenes más reproducidas eran las del centro educativo situado en el corazón de la capital, pero las hileras masivas también se repetían en los centros del Sur y el Este y el Oeste de la región, otros tres puntos logísticos preparados para realizar test por el Gobierno regional.
El plan había arrancado el día anterior. Durante la noche del martes, los profesores madrileños y el personal no docente de la Comunidad de Madrid recibieron en sus correos electrónicos la convocatoria de la Consejería de Educación. En este mensaje, se les anunciaba que, entre el 2 y el 7 de septiembre, el Gobierno regional comenzaría su programa para testar al personal educativo antes del regreso a las aulas. Era una reivindicación del profesorado desde hacía semanas y fue uno de los grandes anuncios que hizo Isabel Díaz Ayuso en la rueda de prensa del 25 de agosto en la que presentó su plan de vuelta al cole, a diez días de la apertura de las primeras aulas.
Los correos electrónicos habían llegado a la bandeja de entrada de decenas de miles de profesores, conserjes, y profesionales de la educación pasadas las nueve de la noche y en algunos casos hasta de madrugada. Algunos miles habían sido convocados la noche anterior para asistir desde primera hora de la mañana del miércoles a realizarse las pruebas. Según la zona geográfica, les correspondía uno de los seis centros habilitados.
Las redes sociales empezaron a caldearse ya entonces –cerca de la madrugada– ante una convocatoria que consideraban “improvisada” y comunicada con unas pocas horas de margen. El email enviado por la Consejería de Educación revelaba además que el servicio había sido privatizado y que la empresa seleccionada a dedo por el Gobierno regional había sido Ribera Salud.
La segunda gran polémica que corrió por los grupos de WhastApp y de ahí a las redes sociales se produjo porque una de las cinco direcciones de área territorial, la del Sur, había dejado al descubierto datos personales de más de 16.700 profesionales en su misiva al personal educativo adjuntando un excel con el nombre, apellido y lugar de trabajo de cada uno de los citados.
A primera hora del miércoles, el sindicato Comisiones Obreras denunciaba lo que consideraban una vulneración de la ley de protección de datos y anunciaba acciones legales. Pero el foco de indignación de toda la comunidad docente ya había cambiado pasadas las diez de la mañana. A esa hora, las colas eran kilométricas en varios puntos de la región donde se estaban realizando los test.
Un gigantesca concentración de personas a pleno sol
Una acción programada para velar por la seguridad de la comunidad educativa y de los alumnos ante el inicio de curso más incierto se había convertido en una gigantesca concentración de personas a pleno sol, de esas de las que desaconsejan todas las autoridades sanitarias. Paradójicamente, la muchedumbre concentrada había sido convocada por uno de esos gobiernos que luchan contra la pandemia.
“No hay distancia de seguridad, ni fuera ni dentro del centro donde se están haciendo las pruebas”, denunciaba Olga, una de las profesoras que salía de hacerse la prueba a las once de la mañana a pesar de que la habían citado dos horas antes. “Nos han convocado a todos como rebaños. Estamos indignados, esto es la importancia que se le dan a la educación”, lamentaba otro de los docentes.
El equipo de comunicación del Gobierno regional intentaba improvisar alguna explicación en torno al mediodía, con los canales de televisión y la prensa digital plagada de vídeos que recorrían de atrás adelante y de delante atrás, a cámara lenta, algunos acelerados, las grandes concentraciones de profesores esperando a hacerse las pruebas del Covid-19.
El Ejecutivo regional optó por culpar al profesorado de ser el causante de las colas por no seguir las recomendaciones de la Consejería de Sanidad. “Los lugares para realizar los test se han habilitado por zonas y se ha dado cita previa para que se realicen de forma escalonada, pero algunas de las personas han ido a una hora que no les correspondía o aún no habían sido convocadas, lo que ha provocado colas puntuales en alguno de los centros”, argumentaban.
Pero a esas horas, las televisiones ya emitían junto a los recorridos por las hileras de gente testimonios de personas que habían sido citadas a las 11, que seguían aguardando a las 13:30 y que calculaban una espera de hora y media más hasta realizar las pruebas. No había comunicado que pudiese rebatir la contundencia de las imágenes y los consejeros de Sanidad, Enríque Ruiz Escudero, y el de Educación, Enrique Ossorio, irrumpieron entonces en los diferentes programas televisivos de la mañana para reproducir la versión oficial.
Escudero hablaba de “hazaña” del equipo de Gobierno al programar 100.000 test en cuatro días y responsabilizaba a los docentes por haber llegado antes de su turno a realizarse la prueba. “Ruego que cada persona vaya en el horario que se le ha asignado, hay seis edificios y solo en uno ha sucedido esto, si respetamos los horarios no va a haber problema”, decía el consejero de Sanidad. Su homólogo en Educación y también después el vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, ahondaban en esa idea: los profesores eran los causantes de las colas por acudir a la cita antes de tiempo.
La Consejería de Educación ordenaba entonces la suspensión de las algunas de las pruebas “por la saturación en la gestión”. El departamento de Ossorio había enviado una misiva al centro IES Virgen la Paloma –donde se había provocado la mayor concentración– cancelando las pruebas. Pese a la comunicación interna, a la que tuvo acceso elDiario.es, el consejero de Educación salía después a desmentir que los test se hubieran suspendido. Ossorio hablaba de “reorganización” de las citaciones de algunas personas porque habían ido “más de las previstas”.
La realidad según ha podido comprobar este diario es que se citaban a cientos de personas a la vez en un período de tiempo de media hora. El documento excel que la Dirección territorial del Sur de la Consejería de Educación envió la noche del martes a los más de 16.700 docentes de esta zona geográfica –con datos personales–, certifica que los docentes convocados en el pabellón deportivo del IES María Zambrano habían sido citados en grupos de 412 personas cada treinta minutos, que eran atendidos por 21 sanitarios encargados de realizar las pruebas serológicas. “No daba tiempo a limpiar e higienizar entre profesor y profesor”, dice una de las docentes. “Es una vergüenza que se nos señale a nosotros como los responsables”, añade.
En el caso de las convocatorias para el centro educativo situado en el centro de la capital –donde mayores aglomeraciones se produjeron– las citaciones eran de 700 personas cada media hora, asegura el sindicato Comisiones Obreras, que va a presentar en las próximas horas una denuncia ante Salud Pública.
“Ha sido un auténtico escándalo”, dice a este periódico Isabel Galvín, portavoz de CCOO. Para Galvín, hay que poner el foco en el contrato de Ribera Salud y Cruz Roja para intentar entender lo que ha ocurrido. “En la denuncia que estamos ultimando adjuntaremos como pruebas además de la organización caótica con cientos de docentes citados a la vez cada media hora, fotografías de las colas y también de las quemaduras de los compañeros que han pasado más de tres horas bajo el sol”, señala.
Ayuso anunciaba el 25 de agosto que se harían pruebas masivas a los docentes. La presidenta madrileña no aclaraba cómo se llevarían a cabo, pero este martes se desvelaba que el Gobierno regional había recurrido a una empresa privada. El Ejecutivo autonómico ha adjudicado a dedo por la vía de emergencia el contrato a Ribera Salud principalmente y también a Cruz Roja. El Ejecutivo autonómico no quiere dar detalles sobre el coste de la adjudicación.
“Nosotros nos enteramos el 30 de agosto [pasado domingo] de que nos íbamos a encargar de la realización de las pruebas y viajamos desde Galicia a Madrid el lunes”, dice en declaraciones a este diario Carla –nombre ficticio–, una de las enfermeras que ha trabajado este miércoles desde el IES Virgen la Paloma. “Ha sido una locura y no se han respetado las distancias de seguridad”, señala.
El vicepresidente Ignacio Aguado defendía este miércoles que Ribera Salud "era la única empresa que se comprometía a tener los 100.000 test realizados antes de que comenzara el curso"
El vicepresidente Ignacio Aguado defendía este miércoles que Ribera Salud “era la única empresa que se comprometía a tener los 100.000 test realizados antes de que comenzara el curso”. “No tenemos ningún tipo de problema en contratar servicios con empresas privadas”, continuaba. “Este gobierno ha dejado atrás los complejos y falsas dicotomías entre público y privado, apostamos por lo que da el mejor servicio a los ciudadanos”, insistía. “He visto algunas colas puntuales, en uno de los seis centros, y me transmiten desde la Consejería de Educación que se está estudiando qué ha sucedido para que en los próximos días no se repita. Estoy convencido de que se puede resolver”, zanjaba Aguado desde la Puerta del Sol.
La Consejería de Educación informaba a última hora del miércoles que este jueves se retomarán las labores de testeo. “La Comunidad de Madrid ha realizado hoy más de 16.000 pruebas de COVID-19 a los trabajadores de los centros docentes de la región que comenzarán sus clases en los próximos días con el objetivo de que el curso académico se inicie con las mayores condiciones de seguridad posibles”, reza la nota de prensa que hace balance de la jornada. Las cifras ya no cumplen con los planes de Educación de realizar 25.000 pruebas al día.
De todos ellos, cerca de 9.000 se han llevado a cabo en el IES La Paloma, “donde durante el día se han producido una excesiva acumulación de personas, un hecho ante el que el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha pedido disculpas”, recoge el comunicado. El dispositivo se refuerza habilitando un centro más, el IES Ramiro de Maeztu, que contará con 20 equipos médicos adicionales.
Faltan menos de 48 horas para que los primeros alumnos, los de infantil, vuelvan a las aulas. Y todo el plan diseñado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para hacer frente al coronavirus empieza a hacer aguas antes de la reapertura de los centros educativos. La intención del Gobierno de Madrid era realizar test serológicos a todo el personal docente –100.000 personas– en tan solo cuatro días. Pero la iniciativa ha terminado con una primera jornada marcada por la polémica con colas kilométricas, aglomeraciones y un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno regional y la comunidad educativa.
El experimento todavía no ha acabado porque, de las 100.000 pruebas previstas, este miércoles se han celebrado 16.000. A los profesores que tienen cita este jueves la Consejería de Educación del Gobierno madrileño los seguía convocando por correo electrónico pasadas las 10 de la noche. Próximo capítulo, en unas horas.