La política educativa de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid dejó damnificados. Lo constató un estudio científico realizado en 2018 que colocaba a la región como el territorio con más desigualdad en las aulas de España. Ahora, otra investigación detecta un nuevo factor que disparó la segregación en los colegios. El más agresivo, según los investigadores: el cambio en 2012 del sistema de puntos para elegir centro escolar.
Esta medida, que hoy sigue en vigor, fue previa a la implantación de la zona única –lo que permite la llamada libertad de elección fuera del distrito de residencia– y rebajó el tope de ingresos mínimos necesarios para recibir un extra de puntos. En lugar de establecer como límite el IPREM o dos veces el IPREM (con cuatro y dos puntos, respectivamente), se empezó a usar como medidor la Renta Mínima de Inserción, que se da a unidades familiares sin ingresos.
El grupo social que podía beneficiarse del incentivo en los puntos cayó alrededor de un 15%, según ha cuantificado la investigación School Choice Priorities and School Segregation: Evidence from Madrid. “Se pasó de un sistema basado en ingresos a otro que se baremaba sobre una situación administrativa de recepción de ayudas y eso dejó a mucha gente fuera”, indica Lucas Gortázar, investigador del Banco Mundial y uno de los autores del estudio.
A la vez, en el baremo que modificó el Gobierno de Aguirre se creó un punto extra por antiguo alumno en la familia. Es decir, una prioridad ajena a la circunstancia socioeconómica que daba ventaja a los niños y niñas cuyas familias habían estudiado en el pasado en ese mismo centro. La suma de estas dos medidas disparó la segregación hasta un 13%, según las conclusiones del estudio, basado en datos oficiales de 2012 a 2016 sobre las familias que solicitan plaza para niños y niñas de tres años en los colegios de la Comunidad de Madrid.
“Si a un grupo social se le reduce la prioridad tiene un efecto en el incremento de la concentración de ese estrato”, analiza José Montalbán, otro de los autores del estudio e investigador de la Universidad de Estocolmo. La reforma concentró especialmente a los niños y niñas inmigrantes (13%), aunque también tuvo un efecto de agrupación de menores con padres y madres de nivel educativo bajo (un 3% más).
Un nuevo cambio en 2019... con Garrido
El sistema de baremación se volvió a modificar el año pasado, ampliando el número de puntos por tener hermanos en el colegio o padres y madres trabajando en él. Ángel Garrido, ahora consejero de Transportes de Ciudadanos, era presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo las siglas del PP, donde había sucedido a Cristina Cifuentes. Hasta entonces la familia recibía los mismos puntos si ya había un hijo estudiando que si había dos o tres. Ahora, los 10 puntos se multiplican por el número de estudiantes matriculados. O sea que una familia numerosa con dos niños ya dentro del centro tiene 20 puntos.
Para Comisiones Obreras, esta última reforma siguió profundizando la desigualdad al “homogeneizar el alumnado”. “Otra consecuencia es que se expulsa de la zona en la que están estos colegios a los niños y niñas sin hermanos dentro. Esto unido a la dejación en la inversión pública ha conllevado un aumento fuerte del alumnado en la concertada”, señala Isabel Galvín, secretaria de Educación de CCOO Madrid. A su juicio, son precisamente estos puntos, vinculados a la familia, “uno de los instrumentos más útiles para convertir los centros en espacios sin diversidad socioeconómica o sociocultural”. Teresa Jusdado, responsable de Educación de UGT en Madrid, considera que las “consecuencias de las medidas” no se han aplacado porque los gobiernos de Madrid han seguido aplicando “políticas educativas neoliberales”. “Afecta a promociones enteras de alumnado”, dice.
Los efectos del último cambio en la baremación no se ha incluido en el estudio, que se apoya en datos hasta 2016. La Consejería de Educación no se plantea introducir ninguna otra modificación por el momento, según confirman fuentes del departamento de Enrique Ossorio a eldiario.es.
La libertad de elección no la ejercen todos
El estudio, en realidad, tenía como objetivo medir el impacto que había tenido el distrito único, la medida estrella de Aguirre en educación que permitió la movilidad del alumnado por toda la Comunidad restando la prioridad para matricularse en el colegio más cercano, pero los investigadores encontraron en el camino un factor de segregación con el que no contaban. “Al final concluimos que hay una especie de fiebre con la zona única que, sin embargo, constatamos que tiene un efecto neutro en la segregación mientras vemos con claridad otras cosas que sí hay que cambiar”, explica Lucas Gortázar, investigador del Banco Mundial y otro de los autores.
Según los resultados, permitir a las familias salirse de su distrito tampoco aumenta la igualdad en las aulas al facilitarles la “oportunidad” de estudiar donde quieran, como han argumentado históricamente los dirigentes del PP para defender la reforma. El estudio confirma que los núcleos familiares con más nivel de estudios y de nacionalidad española hicieron más uso de esta libertad de elección en los primeros años desde su puesta en marcha y después se igualó. En cualquier caso, y eso no ha cambiado, siempre son las familias con más nivel adquisitivo las que más reaccionan a estas reformas.
Los investigadores también apuntan a que son este tipo de núcleos con buenos ingresos los que se “benefician” del punto extra por condición de antiguo alumno. “Es una mala idea para igualar las escuelas”, manifiesta Gortázar, que subraya que el impacto negativo se produce por la combinación de los dos cambios en la baremación. “El nuevo decreto hizo más restrictivas las condiciones para obtener puntos por bajos ingresos y muchos en riesgo de exclusión se quedaron sin ellos”, añade el experto.
Las conclusiones de la investigación confirman que llueve sobre mojado. Un estudio publicado en la Revista de Sociología de la Educación en 2018 revelaba que Madrid es la comunidad autónoma de España cuyas aulas están más segregadas por nivel socioeconómico –a la altura de Hungría o Rumanía– y que el 45% de los alumnos y alumnas de 15 años tendrían que cambiarse de centro escolar para que los institutos tuvieran estudiantes de todas las clases sociales.
El análisis se hizo sobre datos del informe PISA de 2015 y los investigadores, de la Universidad Autónoma de Madrid, establecían una relación directa de esta situación con las políticas educativas aplicadas por los sucesivos gobiernos del PP en la región. “Es la región de España que más ha impulsado la creación de modelos de cuasi-mercado escolar. En los últimos años se ha fomentado decididamente la competencia entre centros y la libre elección de las familias”, afirma el análisis, que cita medidas concretas impulsadas por gobiernos del PP: el distrito único, la publicación de ranking entre centros, el modelo bilingüe y la apuesta por la educación privada. La mayoría tienen la marca Esperanza Aguirre.