Una montaña de escombros rodea por los cuatro costados la precaria casa de Said Baboua en el sector seis de la Cañada Real, al sur de la antigua vía pecuaria, cerca del límite entre Madrid y Perales del Río, en Getafe. El talud lleva semanas aumentando de tamaño, conforme los camiones que llegan por decenas van depositando tierra, mezclada con todo tipo de residuos de la demolición de otras casas, desde cascotes a electrodomésticos o placas de uralita.
Los escombros se han volcado incluso en la propia vía, que ha quedado aislada del resto de la Cañada y ha causado otro problema: con las lluvias de esta semana, el agua se contuvo hasta que el martes por la mañana rompió con fuerza la barrera de residuos, originando una riada que ha anegado de agua y fango el tramo e inundado parte de las pocas viviendas que quedan en pie.
“Lo están haciendo aposta”, critica Said, enfrentado con el Comisionado de la Comunidad para la Cañada Real Galiana, Markel Gorbea, quien ha optado, según protesta Said y otros vecinos, por cubrir casi literalmente de basura a los residentes que se resisten al derribo de sus viviendas. “Nos están haciendo la vida imposible, nos quieren echar por narices”, cuenta Said, a quien le ha faltado poco para llegar a las manos con uno de los encargados de la empresa de excavaciones Amoexco, que es la que trae los camiones.
Said tiene 53 años y vive con su mujer, Fátima Touil, de 43, y el pequeño Adil, de cuatro, al que han tenido que cambiar de colegio a Perales porque al que iba antes, en Vallecas, ya no se puede llegar en coche. Said está en pleitos por su casa; no se niega a marcharse a uno de los pisos de realojo, pero quiere que lo compensen porque compró el terreno y ha pagado impuestos por él. Reclama unos “3.000 o 4.000 euros”, y mientras tanto está dispuesto, en tanto siga lloviendo, a barrer cada hora el agua que se filtra por la montaña artificial que se cierne sobre la vivienda.
Más Madrid y Podemos denunciaron ayer mismo ante la Fiscalía por los movimientos de tierras al comisionado y a la empresa, a los que achaca delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación administrativa, cohecho y coacciones inmobiliarias. Se suman así al despacho de abogados CAES, que viene documentando los vertidos en los últimos meses.
Una portavoz de la consejería de Vivienda, a la que está adscrito formalmente el Comisionado, asegura que el lunes, en previsión de las lluvias, se echaron 36 toneladas de zahorra para evitar la formación de lodos. Del trecho donde se produjo la riada, señala que se trata de un camino sin asfaltar que está cerrado porque está pendiente de una replantación forestal. Respecto a la denuncia de Unidas Podemos y Más Madrid, la critican por “politizada” y por formalizarse el mismo día en que se celebraba una reunión de la comisión de seguimiento. Además, el comisionado niega las acusaciones y señala que se trata de unos trabajos autorizados para mover tierras y replantar de árboles para el disfrute de los vecinos.
Batallar hasta el final tras cuatro décadas
Aún más decididos a luchar hasta las últimas consecuencias están Antonio Cuesta, de 76 años, y Alicia Castro, de 87, matrimonio que vive un poco más abajo y que también ve cómo las montañas de escombro se aproximan a su puerta. El acceso a la vivienda quedó anegado el martes por la mañana, y seguía lleno de fango al mediodía. Alicia justifica su negativa a marcharse: “Si nos vamos a un piso, cuando muramos se lo quedan ellos”. ‘Ellos’ son las administraciones, y lo que querrían Antonio y Alicia es legarles a sus hijas la casa, en la que empezaron a vivir a mediados de los 80.
Antonio, que fue camionero, está medio sordo y tiene que dormir con oxígeno, se enfada mucho al hablar. Dice que el comisionado en persona le ha amenazado con sepultarle el predio. “Eres de hueso y carne como yo; ¿me vas a tapar, con la edad que tengo?”, reta. La pareja, que cultiva orgullosa en la huerta pimientos, patatas, tomates y pepinos, parece resuelta a plantar cara. “Tenemos cámaras para vigilar todo”, avisa Alicia.
Desalojo a la brava tras décadas de parálisis
Después que los cortes de luz de finales de 2020 dejasen a 1.800 niños sin electricidad, las administraciones firmantes del Pacto Regional por la Cañada Real –la Comunidad de Madrid y los tres ayuntamientos por los que discurre (Coslada, Rivas y Madrid)– y el Gobierno estatal se comprometieron el año siguiente a agilizar los realojos.
Los Presupuestos Generales del Estado prevén, en ese sentido, ocho millones de euros para tal fin. Mientras, los residentes, algunos de los cuales son reacios a marcharse, quieren recuperar el acceso al suministro eléctrico, suspendido en su día, según la empresa Naturgy, por picos de consumo que sobrecargaban la red y que se achacaban a enganches de plantaciones de marihuana.
Mientras el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se desgañita reclamando que se garantice el acceso al tendido –el mes pasado propuso que se formalizasen contratos individuales en los sectores 5 y 6–, el comisionado Gorbea está más centrado en el trabajo de las excavadoras. En una entrevista a finales de verano en Televisión Digital de Madrid, ya anticipaba que el futuro del sector más meridional de la Cañada Real pasaba por convertirse en una vía verde “para el esparcimiento” de los madrileños. “Allí no va a haber nadie, allí no puede haber nada; sin embargo lo hay, y como hay un problema, tenemos que resolverlo”, decía.