Cuentan los torrejoneros que los aplausos de las 20.00 horas se convirtieron el pasado domingo en Torrejón de Ardoz, una localidad de 130.000 habitantes en el Corredor del Henares (Madrid) gobernada por el PP, en una loa al alcalde. “¡Viva mi alcalde!”, decían desde las ventanas. Desde el mediodía circulaba a través los móviles de los vecinos una convocatoria urgente, difundida por un medio local y con apariencia de oficialidad, para que todos acudieran a hacerse un test gratis para saber si habían pasado o no el coronavirus. La ciudad fue el primer foco de infección en la Comunidad de Madrid.
Tres días después, la filtración ha desembocado en un embrollo político de primer orden que afecta a varias comunidades autónomas y ha dejado el proyecto paralizado hasta nuevo aviso. En medio se ha producido un choque con la Consejería de Sanidad, que aún debe decidir si da respaldo al testeo, y otro con la Conselleria de Sanidad Universal de la Comunitat Valenciana por el traslado sin avisar, por parte de la compañía privada que hará el estudio, Ribera Salud, de 100 sanitarios de dos hospitales concesionados de Alicante para hacer las pruebas en Torrejón. Los profesionales están varados desde el domingo en un hotel del pueblo madrileño a la espera de instrucciones. El primer intento de un gran ayuntamiento del PP de hacer test masivos está teniendo dificultades para echar a andar.
El servicio de información municipal lleva dos días colapsado. Las llamadas se acumulan, una detrás de otra, con las mismas preguntas. “¿Es verdad que nos van a hacer test a todos? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuándo empiezan los test?”. Los torrejoneros están descolocados en este periplo con tintes de sainete. Las pruebas deberían comenzar este miércoles, según lo planificado, pero el plan ha revelado fisuras.
La idea de hacer el estudio epidemiológico más grande de España –con más muestras que el diseñado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III– en una localidad de 130.000 habitantes sin respaldo de ningún hospital público, con personal de una empresa sanitaria privada (Ribera Salud) procedente de otro centro y contraviniendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias no ha llegado, de momento, muy lejos. El Consistorio informó a primera hora de la tarde del martes de que las fechas “no eran oficiales” y que el proceso queda sujeto a la “validación inminente” de la Consejería de Sanidad.
“Científicamente no creo que esto lo haya validado nadie. Obedece más a razones sociales y políticas, a la creencia de que por hacer este tipo de estudios estás apoyando a la población, pero que puede acabar en una acción populista o torticera”, analiza Manuel Franco, profesor de Epidemiología de la Universidad de Alcalá (Madrid) y de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins (EE UU). Torrejón de Ardoz ha sido una población muy golpeada por la COVID-19 y en el hospital se registraron los primeros contagios de transmisión comunitaria a mediados de febrero.
Los tests masivos, un reclamo del PP
En este caldo de cultivo partió el proyecto, pilotado por un ayuntamiento que tiene al alcalde del PP más votado de España: Ignacio Vázquez. La iniciativa está en la línea de las demandas que el Partido Popular ha hecho al Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis. Los de Casado han pedido reiteradamente la realización de tests masivos a la población, frente al criterio de Sanidad, que lo desaconseja por las dificultades de interpretar los resultados.
En la Xunta de Galicia, un estudio similar para testar si 100.000 gallegos tienen anticuerpos se interrumpió a la mitad al detectarse “disfuncionalidades” y porque los servicios de Atención Primaria se estaban saturando.
Hacer un testeo masivo de estas características es una tarea compleja, que exige de especialización en la realización y, sobre todo, en el análisis posterior, asegura Franco. “Si no, no sirve para nada”, zanja. Si el estudio se lleva finalmente a cabo con un porcentaje elevado de población, los resultados deben trasladarse a la Dirección General de Salud Pública, confirman fuentes de Sanidad.
En Torrejón de Ardoz todo se hace a lo grande. También el estudio de seroprevalencia. El municipio es famoso por sus grandes desembolsos en las fiestas de navidades y populares. Su deuda es tan abultada como estos festejos. Desde 2007 a 2013, se multiplicó por siete hasta los 181 millones de euros. Después se ha ido reduciendo. Como este año la pandemia ha obligado a cancelar las fiestas, el consistorio anunció que emplearía ese presupuesto en ayuda a los más vulnerables y servicios sociales. Y uno de los destinos ha sido este. Se desconoce cuánto se ha invertido el consistorio en este proyecto fallido. Ribera Salud asegura que no cobra por este trabajo porque forma parte de sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa.
El consistorio preparó un cartel que mostraba que el proyecto estaba avalado por el hospital de Torrejón. Pero la Consejería de Sanidad lo paró y dio al traste con los planes del alcalde de salir con el espectacular anuncio el lunes. La Comunidad de Madrid no podía dar recursos sanitarios y de Salud Pública a este municipio y no a otros porque supondría un agravio comparativo. Tras filtrarse el cartel, alcaldes de varios municipios socialistas (Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Arganda del Rey...) se han levantado contra Sanidad generando un incendio más al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El Comité de Empresa del hospital, público pero gestionado por Ribera Salud, no tenía ninguna información sobre el estudio epidemiológico más allá de “rumores”, confirman fuentes sindicales. Aunque fuentes conocedoras del proceso apuntan a que el Ayuntamiento pudo planificar el proyecto con altas instancias del Gobierno regional y, al ponerlo sobre el papel, Sanidad actuó de cortafuegos al considerar inviable emplear recursos de un hospital del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para un proyecto de un ayuntamiento particular.
El plan B ante la falta de efectivos ha sido detraer estos recursos de un hospital público gestionado por la misma empresa, Ribera Salud, en otra comunidad autónoma. La concesionaria ha terminado fletando tres autobuses procedentes de Alicante con sanitarios del hospital del Vinalopó (Elche) y de Torrevieja.
Los profesionales han dejado de prestar servicio en sus hospitales, de la red pública, para trabajar para una iniciativa de un ayuntamiento de otro territorio. La Conselleria de Sanitat Universal no sabe a cuántos sanitarios han desplazado, por cuánto tiempo y desde cuándo. Y ha abierto un expediente informativo a la concesionaria para aclarar estos extremos. El Gobierno valenciano también ha preguntado a Ribera Salud cómo “ha sustituido a los profesionales con el objetivo de conocer los efectos que haya podido tener en la prestación asistencial a la población”. Atrapados durante tres días en un hotel del municipio, los trabajadores aún no saben si el desplazamiento a Madrid será en balde.
Las carpas para empezar el estudio están montadas desde el fin de semana. Hasta una decena de instalaciones de campaña se han desplegado en el recinto ferial donde se han colocado ya vallas y parasoles para evitar insolaciones a los torrejoneros si se producen colas. Lo que no hay de momento es el aval de una autoridad sanitaria para hacer el estudio más ambicioso de España con el que el PP quería poner a sus municipios en el mapa de la vanguardia en la lucha contra el coronavirus.