A las 11:23 horas de este martes los semáforos de la A-5 se han puesto en rojo. Siete vehículos a la altura con el cruce de la carretera que va y viene a Boadilla del Monte han tenido que detenerse en seco, por primera vez, en un punto de la autovía del sur-oeste de Madrid, rodeada por las viviendas del madrileño barrio de Batán (en el distrito Latina). Funcionarios del Ayuntamiento y la Policía Local encendían los semáforos veinte minutos después de lo previsto. Varias asociaciones vecinales sostienen que la iniciativa llega con mucho más retraso: veinte años tarde.
Los semáforos se encuentran solo en el sentido de entrada en la capital. Conectan la avenida de los Poblados en un tramo de 11 kilómetros de la A-5, entre Cuatro Vientos y Batán. Además de esta medida de control del tráfico, se ha reducido la velocidad de este tramo de 70 a 50 kilómetros por hora mediante el control de un radar y se ha dedicado uno de los carriles, el de la derecha, a autobuses y taxis.
Una medida controvertida en la que se mezcla una reivindicación vecinal histórica y unos municipios del sur en armas porque creen que complicará cientos de miles de desplazamientos, el trayecto de ida y vuelta de casa al puesto de trabajo en la capital. Con unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, el asunto no escapa al debate electoral.
Fernando, un vecino de 65 años residente en el centro de Madrid, fue uno de los primeros conductores que han detenido su coche. “Habrá que adaptarse”, decía, resignado. “Se supone que es por el bien de la gente”, añade este conductor que no está entre los habituales. Fernando ha sido de los pocos que acceder a hablar y se muestra comprensivo con la medida. Pero el sentir general es que se trata de un “disparate”, un “desastre”, que provocará “numerosos atascos”. También están los que como Luis, residente en Pozuelo de Alarcón, muestra sus “dudas”. “Paso por aquí todos los días y no me cierro a la medida pero tengo miedo de las consecuencias”.
Minutos antes de que los semáforos de la avenida de los Poblados y el del cruce con la carretera de Boadilla comenzasen a funcionar, la incorporación a la autovía de los vehículos que provenían de este último carril ha estado a punto de provocar accidentes: se han oído bocinas y visto maniobras imposibles. Pero el primer choque llegó con los semáforos ya funcionando. A las 12.27 horas, un coche ha embestido por detrás a un vehículo de autoescuela. Al que iba por detrás no le ha dado tiempo a frenar cuando el semáforo se ha puesto en ámbar y el de la autoescuela se ha detenido.
El profesor compareció ante los medios de comunicación allí congregados que se trata de un accidente “muy habitual” en su día a día. “Nosotros estamos acostumbrados a respetar la ley que dice que hay que detener el coche por seguridad cuando se pone en ámbar y el resto de los conductores suele acelerar”, explicaba este habitual de la ruta que cataloga la medida de “nefasta”. A su juicio, el Gobierno municipal debería haberse instalado un radar de tramo sin semáforos. Él augura más siniestros como el de este martes en la misma zona.
Una reivindicación vecinal
En el distrito Latina residen más de 225.000 habitantes, si fuese un municipio sería el segundo más poblado de la Comunidad de Madrid por delante de Móstoles y de Alcalá de Henares. Y en los barrios del entorno de la A-5 viven más de 70.000 personas, los afectados directos.
La autovía de ocho carriles, cuatro por sentido, lleva en la zona más de 50 años, pero no fue hasta hace un par de décadas, cuando las asociaciones vecinales empezaron con sus reivindicaciones. Llevan desde hace veinte años denunciando la contaminación acústica y ambiental. En la actualidad, 130.000 vehículos circulan diariamente y los ocho carriles han partido el barrio en dos.
El problema político viene de muy atrás. En 2004 el tramo urbano de la Autovía A5 fue declarado vía urbana y en junio de 2007, tras una denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente por la asociación vecinal de Casa de Campo Batán, dos concejales del Ayuntamiento de Madrid fueron imputados por un delito de contaminación acústica y atmosférica. Esto provocó que el Consistorio, entonces gobernado por Alberto Ruiz Gallardón, tomara algunas medidas como la instalación de un pavimento anti-ruido. Los vecinos tildaron estas soluciones de “tomadura de pelo” y Gallardón prometió en 2008 que soterraría la vía como ya había hecho con parte de la M-30 un año antes, dejando las arcas municipales en números rojos.
La llegada de la crisis y la elevada factura que dejaron las obras de la M-30 con más de 7.000 millones de deuda hicieron que el túnel nunca se construyese. “Ni llegó ni se le espera. Eran otros tiempos, cuando de la mano del Partido Popular se escondía a la población los problemas de salud derivados de la contaminación del tráfico rodado y se endeudaba a la ciudad de Madrid con faraónicas infraestructuras para el coche en contra de la tendencia europea”, explican desde la Plataforma Campamento Sí, que congrega a 58 colectivos, y que se ha convertido en la canalizadora de las reivindicaciones vecinales.
El programa electoral de Ahora Madrid incluía medidas contra esta problemática, también el túnel: “Eliminar la barrera arquitectónica que supone la A-5 entre los barrios de Latina mediante su soterramiento y/o su conversión en vía urbana… eliminando los pasos peatonales subterráneos”. Fue el PSOE el que, en 2015, aportó la solución que finalmente se ha puesto en marcha. El entonces candidato a la Alcaldía de Madrid por el PSOE, Antonio Miguel Carmona, prometió recuperar el Paseo de Extremadura con semáforos eliminando los subterráneos y limitando la velocidad a la permitida en el resto de las calles de Madrid.
La idea, meses después, de actuar en la carretera de Extremadura partió, de hecho, de una propuesta en el Pleno de mayo de 2016 del Partido Socialista en el Ayuntamiento, que ha apoyado cada uno de los pasos que el Gobierno de Ahora Madrid ha ido anunciando sobre la actuación.
Desde la Plataforma Campamento Sí apostaron por ese modelo y así se lo comunicaron al actual equipo de Gobierno. “Constatamos que el soterramiento de la A5 no es posible ni necesario. Es inmoral malgastar el dinero público recortando temas sociales”, explican. “Asesorados por expertos en movilidad, afirmamos que un túnel incentivaría el uso coche y no eliminaría ni la contaminación ni la congestión del tráfico puesto que al terminar el túnel siempre estarán los semáforos que regulan el embudo de entrada a la almendra central. Por ello optamos por apoyar un proyecto posible financieramente y sostenible: la transformación de la A5 en Vía Urbana”, añaden.
Campaña del PP contra la medida
La medida no se ha librado de la batalla política. El Partido Popular decidió hace meses poner en el epicentro de su campaña contra Manuela Carmena para los comicios de mayo las medidas de movilidad y contra la contaminación aprobadas por el equipo de Gobierno que lidera la alcaldesa de Madrid, que logró arrebatar el poder del Ayuntamiento a la derecha después de 24 años.
El PP lleva meses arremetiendo contra las medidas de restricción del tráfico llevadas a cabo por el Consistorio. Primero fue contra el protocolo anticontaminación. Luego contra Madrid Central. Y ahora le tocado el turno a los semáforos de la A-5, un asunto que será argumento de campaña en los ayuntamientos de fuera de Madrid y que también ha hecho suyo la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad.
Isabel Díaz Ayuso, junto a alcaldes y concejales del PP, entre los que se encontraba el primer edil de Alcorcón, David Pérez, que será su número dos en la lista, se presentó en la mañana de estreno de los semáforos para mostrar su rechazo a la medida bajo el lema 'Un millón de vecinos del sur bloqueados, no a los semáforos de la A5'. Ayuso ha tachado la medida de “imposición ideológica, arbitraria e injusta”.
La candidata popular ha defendido que el Consistorio de la capital ha decidido declarar 'non gratos' a los vecinos del sur de Madrid por su política de movilidad que, a su parecer, consiste en “prohibir, cortar o multar”. “Nosotros criticamos estos semáforos que fueron una ocurrencia del PSOE y que su brazo ejecutor, Ahora Madrid, ponen en funcionamiento únicamente para molestar”, ha espetado, al tiempo que subrayaba el compromiso de su partido de “quitarlos” para fomentar “una movilidad sostenible, mirando siempre hacia el ecologismo”.
Para el PSOE este debate también se ha convertido en un asunto incómodo. Pese a ser los promotores de la medida, el pasado mes de noviembre el secretario general de los socialistas en Madrid, José Manuel Franco, pedía la paralización de su puesta en marcha tras reunirse con alcaldes y alcaldesas socialistas del sur. “Si debe paralizarse el proyecto, que se paralice. No vamos a dejar abandonados a cientos de miles de ciudadanos que tienen que usar diariamente esa vía de acceso a Madrid”, declaró entonces Franco, contraviniendo los planes del grupo municipal socialista y asumiendo las reivindicaciones de los representantes de su partido (algunos candidatos) en el sur de la región.
Multas en abril
La puesta en marcha de los semáforos y el radar de tramo es la primera fase del proyecto del Ayuntamiento de Madrid para convertir la A5 en una vía urbana. Esta primera fase es la única que se va a acometer en este momento.
Las multas para los infractores no llegarán hasta mediados de abril, ya que el Consistorio, al igual que con Madrid Central, se ha dado un tiempo de prueba e informativo para que los conductores se adapten.
La segunda fase llegará, si Carmena logra revalidar la Alcaldía de Madrid, en mayo. Esta fase implicará una “reestructuración más integral”, explicaba la portavoz municipal, Rita Maestre, la pasada semana, que conllevará la puesta en marcha de pasos a nivel para peatones y la ampliación de las aceras, lo que provocará, según Maestre, la mejora de la calidad de vida “que piden y exigen los vecinos de la zona”.